Ť España no ha probado su jurisdicción, dicen abogados del ex dictador
Prejuicios políticos, en la acusación a Pinochet, sostiene su defensa
Ť Pide Clive Nicholls a la corte descartar 33 acusaciones de tortura agregadas hace unas semanas
Ť Reta el fiscal al senador vitalicio a comparecer ante el tribunal para defenderse de imputaciones
Reuters, Ap, Afp y Dpa, Londres, 28 de septiembre Ť La defensa de Augusto Pinochet pidió que no se admitan las nuevas imputaciones de tortura presentadas en su contra por la acusación, y sostuvo que España no ha probado su jurisdicción en el caso y que actuó por "prejuicios políticos" porque no aceptó el golpe militar de 1973.
En el segundo día del juicio de extradición en la corte de Bow Street, en el centro de esta capital, el principal abogado defensor, Clive Nicholls, argumentó que el tribunal debe descartar las 33 acusaciones de tortura agregadas hace unas semanas al caso original de tortura y otro de conspiración que inicialmente estaban radicados.
Afirmó que, conforme con los términos del Acta de Extradición de 1989 y la Convención Europea de Extradición, la corte sólo puede analizar las ofensas descritas en el pedido original de extradición hecho por el juez español Baltasar Garzón, luego de que en marzo la Cámara de los Lores rechazó la mayor parte de las acusaciones.
En apoyo a su afirmación, destacó que cuando el ministro del Interior, Jack Straw, dio su aprobación al juicio de extradición en abril pasado no tomó en cuenta las nuevas acusaciones, sino que dejó claro que su decisión estuvo basada en el documento original del 3 de noviembre
Aseveró que Garzón no puede probar que Pinochet "participó, cubrió o mandó cometer uno solo de los actos de tortura "citados en el acta de acusación", por lo tanto, acotó, no hay información suficiente para establecer su verdadera responsabilidad, y "nadie sugiere que él estuvo personalmente involucrado".
Otro de los abogados, Julian Knowles, al respaldar lo anterior anotó que "todos esos crímenes fueron cometidos individualmente por otras personas", es decir, añadió, "el general Pinochet no puede ser considerado responsable de actos de tortura cometidos Dios sabe dónde y cuándo en Chile, so pretexto de que él era jefe de Estado".
En ese sentido, los abogados de la defensa al negar la complicidad y culpabilidad del ex militar en las prácticas de tortura de la policía del régimen castrense argumentaron que "el general Pinochet no es responsable, ni de lejos ni de cerca, de la muerte" del joven Marcos Quezada Yáñez, el único caso válido que aceptan.
Nicholls alegó también que España no ha podido establecer su jurisdicción en el caso, al señalar que los crímenes no fueron cometidos en España, el también senador vitalicio no es español y ninguna de las víctimas era española. Además, Pinochet no está en España.
Pero, de manera sorpresiva Nicholls y su equipo introdujeron la carta de los "prejuicios políticos" que emanarían del caso. "Nuestra posición es que España no aceptaba políticamente al régimen del general Pinochet y el derrocamiento de su predecesor Salvador Allende", según una carta entregada al juez Ronald Bartle.
Argumentaron que el juez instructor, Baltasar Garzón, tampoco logró "disimular sus prejuicios políticos". Sin embargo, se abstuvieron de expresar sus bases para esta apreciación cuando Bartle les indicó que podían exponer el punto detalladamente.
De acuerdo con los términos de la legislación internacional, de prosperar este argumento de los "prejuicios políticos" podría ser motivo suficiente para rechazar la extradición.
Ante este cambio de estrategia de la defensa, la acusación pareció sorprendida ya que este ángulo de ataque no había sido anunciado previamente, como es la tradición, por lo que el fiscal británico, Alun Jones, señaló que era "lamentable" que los abogados "lancen acusaciones en el último momento".
Por ello, anunció que este miércoles, cuando la defensa termine de exponer sus argumentos, pedirá un aplazamiento de los debates quizá hasta el viernes a fin de preparar su respuesta ante este nuevo ataque.
No obstante, Jones retó a Pinochet a comparecer ante el tribunal británico para interrogarlo y que diga por qué no debe ser extraditado a España, además de que rechazó argumentos de la defensa de que al acusado se le hayan impuesto demasiadas limitaciones para responder a los cargos en su contra, pues se le puede llamar si Nicholls acepta para que exponga su testimonio.
Al mismo tiempo, uno de los abogados de la acusación presentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, a fin de invalidar el fallo de los lores del 24 de marzo que limitó los casos por los que España puede procesarlo.
El abogado argentino Guillermo Valera Laterrade argumentó que los lores violaron cuatro artículos del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos: derecho a la vida, prohibición de la tortura, derecho a la libertad y la seguridad y derecho a un juicio equitativo.
El fallo del tribunal europeo no tendría ningún impacto judicial en Londres, pero en España sí sería vinculante y de allí su importancia.
Mientras, tanto en Londres como en Santiago los allegados de Pinochet negaron que el detenido haya recibido la extremaunción debido a su delicado estado de salud. Si bien está muy deteriorada, no está en los extremos de la muerte como para el sacramento, indicó Christian Bernstein, del Movimiento Chileno por la Reconciliación.
En La Haya, los enviados chilenos Jaime Lagos y Alberto van Klavernen visitaron el Tribunal Internacional y fueron recibidos por el presidente de ese brazo de la Organización de Naciones Unidas, el juez estadunidense Stephen M. Schwebel, y por el secretario del tribunal, el magistrado colombiano Eduardo Valencia Ospina.
Pero dijeron no haber presentado ningún requerimiento formal, sino que sólo hicieron una visita de cortesía para recibir orientación sobre los procedimientos a seguir pues, reiteraron, Chile está preparando un recurso contra España para dirimir la legalidad o no del país europeo para juzgar fuera del territorio chileno a Pinochet.
La hija mayor del ex dictador, Lucía, declaró en Santiago que su padre preferiría morir antes que regresar a Chile en condiciones de clemencia: "Mi padre nunca ha aceptado las razones humanitarias para volver a Chile", ya que "es un hombre digno que prefiere morir" antes que beneficiarse de dicho argumento.
Pero su hermano menor, Marco Antonio Pinochet, opinó diferente al señalar que si bien su padre no acepta razones humanitarias, va a llegar un momento en que no va a poder tomar decisiones si se considera que se encuentra enfermo, y explicó que cuando una persona está enferma se le lleva al hospital, y entonces no tiene derecho a decir que se quiere quedar en casa.
A la televisión chilena dijo que ante un agravamiento de su estado de salud, tal condición haría que su padre "obviamente" se retire de la vida pública si se le permite el regreso por razones médicas, con lo que apoyó la alternativa humanitaria que el gobierno chileno contempla como último recurso para salvarlo de la justicia.
En tanto que el ministro español de Defensa, Eduardo Serra, reconoció que el caso Pinochet también afecta en forma negativa las relaciones militares con Chile, en Santiago fue presentada la demanda número 45 contra el ex gobernante de facto en relación a Juan Carlos Parelman, un detenido desaparecido por la policía.
En otro asunto, se reportó que la ex guerrillera Marcela Rodríguez Valdivieso, que la prensa llamó "mujer metralleta", pidió asilo político en la embajada de Noruega. Esta mujer, que perteneció al grupo Lautaro y sufre una paraplejia por heridas que recibió al ser detenida en noviembre de 1990, pidió refugio al saber que fue condenada a 10 años de prisión por un tribunal militar.