A sólo unos metros de distancia, unos 40 manifestantes contrarios a Pinochet levantaban sus pancartas, entre las que destacaba una gigantesca con el retrato del acusado, de cuyo uniforme colgaban medallas con figuras de calaveras.
Ť No hay pruebas directas contra mi cliente, dice la defensa del ex general
En manos de Jack Straw, liberar a Pinochet por razones humanitarias
Ť Considerar "el dolor de los familiares de desaparecidos", solicitan los abogados de España al juez
Afp, Ap, Reuters y Dpa, Londres, 27 de septiembre Ť En medio de una muchedumbre de periodistas, abogados, policías, curiosos, partidarios y detractores de Augusto Pinochet, esta mañana se abrieron las puertas del tribunal de Bow Street, donde el juez Ronald Bartle debe analizar durante cinco días el pedido de extradición del ex dictador chileno, acusado por fiscales españoles de haber cometido "algunas de las acusaciones delictivas más graves presentadas a un tribunal inglés".
Desde las ocho de la mañana, unos 200 manifestantes pinochetistas llegados de Santiago se ubicaron detrás de las barreras instaladas por la policía, enarbolando banderas chilenas y gritando consignas, dirigidas especialmente contra el ministro británico del Interior, Jack Straw, quien tiene en sus manos la posibilidad de liberar por razones humanitarias al retirado general de 83 años.
A sólo unos metros de distancia, unos 40 manifestantes contrarios a Pinochet levantaban sus pancartas, entre las que destacaba una gigantesca con el retrato del acusado, de cuyo uniforme colgaban medallas con figuras de calaveras.
También desde muy temprano, un centenar de camarógrafos de televisoras de todo el mundo, fotógrafos y periodistas esperaron a diferentes personalidades, como el abogado español Joan Garcés, de la acusación particular, quien desestimó rumores sobre un posible acuerdo para la liberación de Pinochet por razones de salud. Por su parte, Peter Sharp, un empresario británico amigo del ex jefe del ejército chileno y actual senador vitalicio, dijo antes de entrar a la corte que está convencido de que Pinochet "pasará la próxima Navidad en Chile".
Las puertas del tribunal ubicado en pleno centro londinense se abrieron a las 9:30, una hora antes de empezar los alegatos de la muy postergada audiencia de extradición. Entonces, los abogados de España exhortaron al magistrado a considerar no sólo las 34 acusaciones específicas de tortura, sino además el dolor y la angustia de los familiares de más de mil personas que desaparecieron durante los 17 años de dictadura de Pinochet.
"La confabulación para torturas tenía como uno de sus objetivos lograr que el destino de esta gente continuara siendo ignorado por sus familiares causándoles un severo dolor mental, sufrimiento y desmoralización", dijo Alun Jones, abogado británico que representa a los fiscales españoles encabezados por el juez Baltasar Garzón.
Pinochet, que no asistió a la audiencia pero que deberá hacerlo cuando se le comunique el veredicto, se halla bajo detención domiciliaria en una mansión en la periferia de Londres, luego de ser arrestado el 16 de octubre pasado en una clínica de esa capital, a pedido de Garzón.
Un informe oficial chileno determinó que 3 mil 197 personas murieron y otras mil 198 desaparecieron tras el golpe militar que encabezó Pinochet en 1973 contra el fallecido presidente Salvador Allende, un socialista que había sido democráticamente elegido.
El abogado de Pinochet, Clive Nicholls, dijo este lunes que su cliente niega tener responsabilidad alguna en estos hechos, y adelantó que mañana planea argumentar que no hay pruebas directas que lo vinculen con los delitos, que España no tiene jurisdicción en el caso porque no hay ciudadanos españoles involucrados, y que las acusaciones responden a motivaciones políticas.
En una declaración leída este lunes ante el tribunal, Pinochet declaró en abril que "no tengo nada que ver con ninguna de estas acusaciones... Estoy siendo humillado. Soy un general con 64 años de servicio y un caballero que sabe de honor".
Tranquilidad en Chile
Enrique Gutiérrez, corresponsal, Santiago Ť El comienzo en Londres de la audiencia de extradición de Pinochet no suscitó esta vez la expectativa de anteriores acciones judiciales en torno al ex dictador, y los chilenos siguieron por televisión los pormenores del caso.
Fue por la televisión que se enteraron de la muerte de uno de los dirigentes sindicales que realizó una de las oposiciones más decididas contra el régimen pinochetista, el diputado Manuel Bustos.
El gobierno decretó duelo de tres días por el deceso, a causa del cáncer, del legislador demócratacristiano de 55 años, quien se puso al frente de las organizaciones sindicales clandestinas en los primeros años de la dictadura. "Es una pérdida my grande para el país", dijo el presidente Eduardo Frei, también demócratacristiano.
En cambio, el gobierno ųque ha invocado razones humanitarias para liberar al anciano ex dictador y que presentará el caso en la Corte Internacional de La Hayaų, dijo que no tenía nada qué comentar sobre el caso Pinochet. "El gobierno nunca ha hablado sobre el proceso judicial en Gran Bretaña", dijo el vicecanciller Mariano Fernández, quien advirtió, sin embargo, que "si hubiera interferencia en los temas jurisdiccionales que Chile protege, veremos la manera de hacerlo ver y valer ante quien corresponda".
El candidato presidencial oficialista, el socialista Ricardo Lagos, insistió por su parte en que no se opone a que se invoquen razones humanitarias para liberar a Pinochet, pero consideró que ese criterio también debe aplicarse a los familiares de desaparecidos, "quienes han sufrido tanto y que todavía no tiene una reparación, nadie les ha pedido perdón".
El Partido Socialista (PS) enfatizó a su vez en un comunicado que "cabe reconocer de las autoridades judiciales británicas la correcta observancia de las normas del debido proceso que garantizan una adecuada defensa de Pinochet". El partido, integrante de la coalición oficialista, rechazó además la actitud de la derecha, "la cual busca legitimar la impunidad y desconocer así no sólo el derecho en el orden internacional del que Chile forma parte, sino también el derecho interno, creando un clima artificial de enfrentamiento".
Pero el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Augusto Pinochet, Hernán Guillof, aseguró hoy que "de permitirse la extradición del general Pinochet a España se abre una avenida muy ancha que permitirá en el futuro que importantes dignatarios de países muy poderosos del mundo puedan ser arrastrados a los tribunales de justicia por problemas en relación con los derechos humanos"
El general retirado Luis Cortes Villa, presidente de esa fundación, donde hoy sólo se reunieron un puñado de simpatizantes pinochetistas para seguir por televisión las alternativas del caso, aseguró que "nos preocupa mucho más la descompensación (por la diabetes) que tuvo el sábado el general que el juicio mismo".
"Puede ser el único camino para que haya justicia"
Otro era el ambiente en la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, donde anoche se inició una vigilia en espera de la audiencia, y cuya presidenta, Viviana Díaz, consideró "importantísimo lo que está ocurriendo hoy, porque puede ser el único camino para que comience a haber justicia".
El tribunal de Bow Street será testigo durante cinco días de las audiencias destinadas a decidir si Gran Bretaña tiene o no el derecho de extraditar al ex dictador chileno a España. Una vez terminados los alegatos, el juez Bartle reflexionará durante dos semanas antes de anunciar el veredicto.
Si el magistrado falla en contra de Pinochet, los abogados del general pueden apelar, llevando el caso nuevamente a los tribunales superiores británicos, pero una vez agotadas todas las instancias, el caso pasaría al ministro británico del Interior para una decisión final.
Ť "Esto tiene que ver con las ideas y los principios, no con la fuerza"
Contra simpatizantes de Pinochet, nada: víctimas de tortura
Reuters, Afp, Ap y Dpa, Londres, 27 de septiembre Ť A Carlos Reyes Manzo le pusieron electrodos en la lengua y en el pene, fue encarcelado, exiliado y secuestrado, pero no siente amargura. El chileno contó su historia este lunes afuera del tribunal de Bow Street donde se debate el destino del hombre a quien considera responsable, el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
"No levantaría un dedo contra ninguno de estos tipos, porque esto no tiene que ver con la fuerza, sino con las ideas y con los principios", dijo Reyes en alusión a los seguidores de Pinochet que se manifestaban a unos pocos metros. Mientras este hombre describía sus meses a manos de los torturadores, los abogados dentro del tribunal exponían otros casos, aunque para el abogado español Joan Garcés, basta que sea probada la responsabilidad de Pinochet "en un solo caso de tortura" para que la justicia británica autorice la extradición.
Garcés, ex asesor del fallecido presidente Salvador Allende, dijo además en conferencia de prensa que "ninguna persona acusada de crímenes contra la humanidad ha dejado de comparecer ante un tribunal por razones de salud", y puso como ejemplo el caso del nazi Klaus Barbie, quien tenía más de 85 años al comparecer ante un tribunal francés.
Para aportar pruebas sobre el empleo de la tortura en forma "sistemática" durante el régimen pinochetista, la justicia española sustanció el acta de acusación en el que están asentados 34 cargos de tortura y uno más por conspiración para torturar, con un catálogo de métodos utilizados.
El abogado británico Alun Jones, representante de España, enumeró así violaciones, mordeduras de perros, golpes, amenazas de muerte, empleo de la picana eléctrica ųen particular en los testículosų, detención prolongada en celdas sin luz, suspensión de las víctimas de los pies o las manos, sofocamiento por inmersión o submarino, la ruleta rusa, y privación de alimentos, agua y del sueño.
También hizo referencia a la "larga espera: 48 horas contra un muro, de pie, con los ojos vendados, y ante la amenaza de ejecución", y a las víctimas a quienes se amenazaba con torturar a sus familiares o hijos.
Jones leyó además una carta de una mujer de 73 años, quien describió su angustia cuando cinco miembros de su familia, entre ellos su esposo y su hija embarazada, desaparecieron bajo la dictadura. "Durante 23 años he sufrido la tortura de no saber qué les pasó. Necesitamos desesperadamente encontrar a nuestra familia, aunque sea sólo sus restos", dijo Ana González.
El juez español Baltasar Garzón acusó a Pinochet de la muerte, tortura o desaparición de más de 3 mil personas, entre ellas decenas de españoles.
Sin embargo ųtras una odisea legal de casi un año que incluyó protestas del gobierno y el ejército chileno contra la acción y contra España, una fallida defensa de Pinochet argumentando su inmunidad diplomática, y pedidos de captura de Suiza, Bélgica y Franciaų la Cámara de los Lores, el tribunal británico de mayor instancia, decidió que el ex dictador chileno sólo podría enfrentar extradición por crímenes posteriores a 1988, fecha en que Gran Bretaña incorporó la convención contra la tortura a sus leyes.
Esto dejó sólo unas ocho acusaciones de tortura en la lista original enviada el año pasado por España, además del cargo de conspiración. Las restantes fueron agregadas luego, lo que llevó a uno de los abogados de la defensa, Clive Nicholls, a considerar que con estos cargos adicionales "el general Pinochet está hoy con las manos atadas", pues considera que no ha tenido demasiadas oportunidades de responder a los cargos.
La audiencia de extradición que concluirá el viernes es esencialmente una formalidad legal que debe circunscribirse a temas de jurisdicción y no a examinar las pruebas presentadas.