La Jornada Semanal, 26 de septiembre de 1999

El principio democrático ha estadoÊasociado formalmente a la República desde los orígenes del EstadoÊnacional mexicano. Incluso en una versión acotada, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 estableció (artículo 3¡) que: ``la soberanía reside radical y esencialmente en la Nación; y por lo mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno, y demás leyes fundamentales que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas, según crea convenirle más''. De manera más explícita y directa, la actual Constitución señala que es ``voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal''.

Sin embargo, como elemento de carácter cultural -con un enfoque dinámico en el que la educación juegue un papel activo en la construcción de una sociedad más justa-, la democracia ha tenido una referencia más limitada en la historia de nuestro país. Un principio rector que actualmente establece el vínculo elemental entre educación y democracia se encuentra inscrito en el artículo 3¡ de la Constitución, donde se señala que el criterio educativo será ``democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo''.

Pero a pesar de que este postulado representa la norma suprema en el país, la pregunta que subsiste a fines del siglo veinte (y a más de una década de profundos cambios políticos en el país) es si México cuenta con una ``educación para la democracia''; no sólo que responda al rezago político-cultural acumulado durante mucho tiempo, sino que sea capaz de preparar a las actuales y futuras generaciones de la sociedad civil para una vida democrática plena.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) considera que todavía es necesario hacer más en este terreno. Así puede entenderse la más reciente reforma por medio de la cual se introduce para los tres grados de secundaria la materia de civismo, buscando enriquecer la currícula en materia de formación de valores democráticos. Los contenidos de dicha asignaturaÊtienen ``un propósito esencialmente formativo (y) se incluyeron nuevos contenidos que hacen posible la formación del juicio ético y los cambios de actitud necesarios para mejorar la vida de los individuos en sociedad''. La SEP concluye que: ``la responsabilidad, la libertad, la justicia, la igualdad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al estado de derecho, el amor a la Patria y la democracia como forma de vida, son valores que los alumnos deberán hacer suyos. Es particularmente importante consolidar en los educandos una formación ciudadana''.

En esto hay una coincidencia con el trabajo que el Instituto Federal Electoral (IFE) ha venido realizando durante los últimos años en el diseño de una estrategia nacional de cultura democrática.(1) Como parte de este esfuerzo se han delineado varios ejes programáticos que, en un sentido, señalan las fronteras de la educación cívica dentro de una sociedad plural y heterogénea como la mexicana.

El primer eje busca profundizar en la propia conceptualización y definición de la cultura democrática. El segundo eje reconoce la necesidad de establecer una serie de conocimientos básicos sobre los principios de la democracia, sus valores, instituciones, mecanismos e historia. El tercer eje se empata con las reformas más recientes en los programas académicos de secundaria, al plantear la necesidad de ampliar los contenidos democráticos en el sistema educativo formal. En un cuarto eje se considera que es necesario diseñar estrategias específicas orientadas a los grupos que se encuentran fuera del sistema de educación formal con base en criterios demográficos, sociales, de género o edad. Se debe contar con programas que atiendan a grupos específicos de la población, a partir de sus necesidades y características particulares, como por ejemplo a niños y jóvenes, como futuros ciudadanos; a mujeres, dados los obstáculos y las limitaciones que todavía persisten en amplias capas de la población femenina para acceder al pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos; a indígenas, debido a la situación geográfica y socioeconómica de gran heterogeneidad y relativo aislamiento en que se encuentran sus comunidades, lo cual dificulta su integración al proceso formalÊde desarrollo democrático del país, y a los ciudadanos discapacitados que, en muchos casos, han sido marginados incluso de los procedimientos básicos de las elecciones. Un quinto eje es el combate a medios y prácticas que atenten contra la libertad, el secreto y la autenticidad del sufragio. Resulta esencial incidir en los niveles de participación ciudadana promoviendo el voto libre y secreto, y la defensa y el conocimiento de los derechos civiles a través de programas específicosÊque atiendan las peculiaridades de cada región del país. Un sexto eje busca incorporar a los medios de comunicación en la promoción de los valores, prácticas e instituciones de la democracia a partir de un trabajo de sensibilización en ese ámbito respecto de los beneficios que supone una sociedad mejor educada, participativa y consciente de sus derechos.

La existencia de ciudadanos informados que piensen y participen es la mejor garantía para la transparencia de los procesos electorales. La educación cívica, formal e informal, es uno de los pilares en la construcción de una democracia desarrollada. No se trata de una idea novedosa; en realidad, ha sido una necesidad ligada inextricablemente al desarrollo del sistema político de nuestro país desde sus orígenes. Manuel Gómez Morín lo expuso con mucha claridad y fuerza hace ya varias décadas:

Pero lo inmediato es que -aquí y ahora- la autoridad debe ser instaurada por medio del sufragio. Lo inmediato también, en consecuencia, es hacer que el sufragio se organice y se cumpla en la mejor forma posible (...) El sufragio requiere ante todo, formación de conciencia cívica, una formación de ciudadanos. Esa formación debe empezarse desde la escuela (...) Hay que formarlos en la vida, directamente, agregando a su trabajo de todos los días, a sus alegrías, inquietudes y sinsabores, el trabajo y la inquietud por los asuntos comunes. Hay que explicarles esos asuntos comunes, hay que hacerles entender la trascendencia que tienen para la Nación, para la provincia, para la ciudad, y para cada familia y para cada persona. Hay que hacerles conocer las posibles soluciones y los caminos posibles. Hay que recordarles que sólo una autoridad capaz y limpia puede presidir el esfuerzo común necesario para resolver esos problemas, para atender debidamente a esos asuntos comunes. Hay que hacerlos saber que la autoridad debe ser nombrada, debe responder ante ellos; que nunca responderá ante ellos si es nombrada por otros, contra su voluntad. Hay que hacerles sentir, así, la tremenda, la magnífica responsabilidad del sufragio.(2)

En una democracia el voto está en el centro del ejercicio cívico (que es lo que explica el papel que la Constitución le asigna al IFE en la formación de los ciudadanos); pero el voto, aun el voto libre y consciente, no agota la actuación del ciudadano en la vida comunitaria o en la democracia. ``Detrás de los colores hay que ver los valores en juego. La República es mucha historia, un poco de doctrina, pero, ante todo, una manera de ser'', ha escrito Régis Debray: ``La República interior cuenta más que la forma de gobierno. Cuando ya no está en los corazones sino sólo en los textos, su fin está próximo. Porque es posible vivir en una república y aprovechar sus ventajas sin actuar como republicano.'' La conciencia democrática se extiende o, mejor dicho, debe extenderse a todos los aspectos de la vida cotidiana: en las escuelas, en las relaciones entre los servidores públicos y los ciudadanos, en la familia, en la relación entre los poderes del Estado y en la cobertura de los asuntos públicos por parte de los medios de comunicación.

El concepto de ciudadano proviene de la antiguedad; sus raíces se remontan al principio mismo de la comunidad política y de la participación del hombre en las cuestiones públicas. Sin embargo, se puede argumentar que el establecimiento de una sociedad democrática, integrada por ciudadanos con capacidad de participar en los asuntos colectivos, es una de las tareas más importantes del futuro. En un seminario realizado en la Ciudad de México conjuntamente por, entre otras entidades, el IFE, el Tribunal Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las autoridades electorales de varios países de distintos continentes coincidieron en la importancia que tiene la educación cívica en la consolidación de la ``gobernabilidad democrática''. Sistemas multipartidistas con esquemas de participación electoral transparentes y equitativos deben fundarse en una cultura democrática,Êo bien correr el riesgo de quedar reducidos sólo al marco formal que los rige, vacíos de verdadero contenido.

En los últimos años el civismo se ha transformado de una política y un modelo educativo esencialmente nacional y nacionalista, a una política de dimensiones globales. El tema de la educación cívica ha venido ganando relevancia en diversos países, ligado a la construcción o reconstrucción de regímenes democráticos en Europa, Africa, Asia y América Latina. Por ello, el compromiso a favor de una educación democrática ha sido incorporado a los compromisos y a la agenda de la Cumbre Iberoamericana, el Grupo de Río y la Cumbre de las Américas. En la declaración de principios de la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile, por ejemplo, los jefes de gobierno y de Estado suscribieron que ``la educación constituye el factor decisivo para el desarrollo político, social, cultural y económico de nuestros pueblos'', y en el plan de acción se asumió el compromiso de los gobiernos de incorporar ``en los proyectos educativos, dentro del ordenamiento jurídico de cada país, objetivos y contenidos que desarrollen la cultura democrática en todos los niveles, para la formación de personas en valores éticos, conductas solidarias y de probidad.''

En una reunión reciente de educadores cívicos celebrada en la ciudad de Palermo, Italia, se dieron cita varios cientos de maestros, académicos y funcionarios públicos de unas veinte naciones, incluyendo a México. El eje común de las deliberaciones en las que participaron políticos y funcionarios públicos como Hillary Clinton, esposa del presidente de los Estados Unidos; Baltazar Garzón, fiscal español; Romano Prodi, presidente de la Unión Europea, y Pino Arlacchi, subsecretario general de las Naciones Unidas, fue el estímulo a la participación ciudadana para ``el fortalecimiento de la democracia''. La preocupación sobre las consecuencias políticas de las crisis y las reformas de los últimos ciclos económicos se ha entendido por buena parte del espectro ideológico, colocando en la agenda de organizaciones como el PNUD, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Club de Roma, así como de una amplia gama de intelectuales, funcionarios de gobiernos nacionales, educadores y académicos una nueva fórmula que busca combinar estabilidad política y desarrollo económico.

En un documento del PNUD, Gobernabilidad y desarrollo democrático en América Latina y el Caribe, se encuentran concentradas las principales concepciones sobre el marco político propicio para un desarrollo estable: ``Las lecciones y experiencias adquiridas por el PNUD en los últimos años nos han mostrado que la gobernabilidad democrática es una herramienta insustituible en el proceso hacia el desarrollo humano.'' Hay, de este modo, la conciencia de que cualquier solución a los problemas que trae aparejada la globalización tiene que pasar por la democracia, y ésta por la educación democrática.

En México también es necesario un nuevo civismo. En pocos años el propio desarrollo político del país ha transformado radicalmente la relación entre las autoridades y los ciudadanos, los partidos y el gobierno, los poderes del Estado, y las formas de organización y participación de estudiantes, trabajadores, profesionistas, campesinos, indígenas, mujeres y demás grupos y sectores de la sociedad civil. Nuevas condiciones estructurales en la política exigen una nueva cultura y una nueva educación.

La ciudadanía no es, en última instancia, una concepción estática o, mucho menos, abstraída de la realidad social y política de un país, región o comunidad. Las condiciones de participación -reales o potenciales- requieren nuevos esquemas de reflexión, de crítica y de análisis de los ciudadanos. Como ha concluido el Centro de Estudios Educativos en un estudio elaborado especialmente para el IFE: ``Diferentes `situaciones ciudadanas' propician y demandan diferentes orientaciones educativas. De ahí que se juzgue importante referir el proceso de construcción del modelo educativo, al sentido en que evolucionará la situación ciudadana en un nuevo contexto democrático.''

La educación cívica que se ha impartido tradicionalmente en México ha girado en torno al Estado nacional como actor central de la historia y de la política. Por ello, durante varias generaciones se puso tanto énfasis en las ceremonias y símbolos patrios, colocando al ciudadano en una relación de relativa subordinación frente a las autoridades. Durante mucho tiempo esto condicionó las actitudes pasivas de una amplia parte de la sociedad, incluyendo el abstencionismo, la apatía y, en general, el rechazo a ``lo político''.

A medida que la sociedad en su conjunto ha entrado en contacto con la política democrática, las experiencias prácticas de millones de ciudadanos y (nuevas y antiguas) organizaciones sociales se han multiplicado y expandido en los últimos años. Una serie de conocimientos básicos, fundados y relacionados con la vida cotidiana y el marco del Estado de derecho, son necesarios sin embargo para que las energías ciudadanas tengan cauce institucional y logren alcanzar metas específicas. Una comunidad de ciudadanos es la esencia de la democracia. Pero la participación democrática debe aprenderse, dentro y fuera de la escuela, en la teoría y en la realidad. Nuevamente, en palabras de Régis Debray, ``el ciudadano es aquel que se ha ganado el derecho de formar parte del poder soberano (el subrayado es mío).'' Para ello, en México se necesita un nuevo civismo.

(1) El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que ``El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa... las actividades relativas a la capacitación y educación cívica.''

(2) Carta al general Ignacio D. Enríquez del 18 de marzo de 1955. Le agradezco al Dr. Luis Morfín, director del Centro de Estudios Educativos, que me haya obsequiado una copia de esta carta tan valiosa de Manuel Gómez Morín.