Ť Sin nombrarlo, el canciller Valdés abogó por la liberación de Pinochet
Critica Chile en la ONU la injerencia de jueces extranjeros en sus asuntos
Ť Grupos de simpatizantes del ex dictador viajaron a Londres para asistir al juicio de extradición
Ť Reaparece grupo ultraderechista; amenaza a lideresa humanitaria, a socialistas y al juez Garzón
Reuters, Dpa, Afp y Ap, Naciones Unidas, Nueva York, 25 de septiembre Ť La sombra de Augusto Pinochet se paseó hoy por la Asamblea General de Naciones Unidas cuando el canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, criticó la injerencia de jueces de otros países en sus asuntos internos, lo que calificó de "altamente indeseable".
Si bien se abstuvo de mencionar por su nombre al ex dictador, a España, que reclama su extradición, y a Gran Bretaña, donde se halla detenido, el ministro afirmó que en Chile no hay denegación de la justicia porque no se acepta la impunidad por las violaciones a los derechos humanos.
Afirmó que a la fecha hay cerca de 300 causas pendientes en los tribunales de su país sobre violaciones ocurridas durante la dictadura que se extendió entre 1973 y 1990, por lo que consideró las "interferencias jurisdiccionales" como inconvenientes y extemporáneas, además de "representar una falta de respeto hacia nuestro estado de derecho y hacia nuestra democracia".
Se comprendería, dijo, "si la comunidad internacional tratase de administrar justicia en países donde no existe el estado de derecho o donde persisten las violaciones de los derechos fundamentales. Pero en un estado democrático de derecho la tarea de hacer justicia debe ser emprendida por el propio país afectado", acotó.
Subrayó que Chile considera "altamente indeseable que jueces de otras naciones reclamen competencias para intervenir en ese proceso", e hizo una diferencia entre su país y los casos de Kosovo y Timor Oriental, al insistir en que el caso del también senador vitalicio no requiere de intervenciones foráneas en Chile tras haber recuperado su democracia hace casi 10 años.
Con todo, reconoció que las violaciones de los derechos básicos de las personas", como el genocidio y la violación masiva de los derechos humanos, ya "no pueden ser consideradas como un problema exclusivamente doméstico de los países", sino que están destinados a convertirse de la incumbencia de los tribunales internacionales.
Interpretaciones arbitrarias
El canciller chileno, empero, advirtió al foro mundial sobre las interpretaciones "arbitrarias y disparatadas" de las normas de jurisdicción que en esta "etapa de transición en el proceso de globalización de la justicia no son claras" y están sometidas a múltiples apreciaciones.
Por ello, pidió avanzar hacia "un régimen claro y no discriminatorio, como el que contempla el estatuto del Tribunal Penal Internacional, e indicó que esa corte mundial tendría la virtud de desalentar tanto los "procedimientos irregulares que garantizan la impunidad de los autores como las pretensiones de los jueces de otros países de transformarse en justicieros del mundo".
La intervención del canciller chileno ocurrió a pocas horas de que este lunes un tribunal británico comience el proceso de extradición de Pinochet, y luego que ayer la justicia española ratificó la validez de la orden de detención contra el ex dictador.
En ese marco, grupos de simpatizantes del ex militar viajaron a Gran Bretaña para estar presentes en el proceso, con críticas de que el gobierno de Eduardo Frei no está efectuando acciones efectivas en su favor. A su vez, los opositores anunciaron protestas en varias capitales del mundo para apoyar la extradición.
Mientras, en un clima de expectación y tensión se conoció en Santiago que el grupo paramilitar ultraderechista Patria y Libertad estaría rearticulándose, al lanzar amenazas contra la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, contra sectores socialistas y el juez Baltasar Garzón, quien es el artífice de la detención de Pinochet.
Los paramilitares, que surgieron y actuaron en acciones criminales y de desestabilización después del triunfo electoral del socialista Salvador Allende, dijeron a emisoras de radio que harán un congreso en octubre en Santiago para reagruparse, y amenazaron con actuar si Pinochet muere en Londres o es extraditado a España.
No obstante, este sábado se presentó una nueva demanda criminal global contra Augusto Pinochet por los fusilamientos y asesinatos de más de 4 mil opositores a su régimen, la cual fue radicada ante el juez Juan Guzmán por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que encabeza Patricia Silva.
Esta nueva querella se suma a otras 41, y además se hace extensiva a los ministros del Interior del régimen militar, Sergio Fernández y Onofre Jarpa, así como a los ex generales Sergio Arellano Stark --de la tristemente célebre "caravana de la muerte"-- y Humberto Gordon, ex jefe de la Central Nacional de Informaciones, un ente policial represivo del pinochetismo.
En Madrid, el ex presidente español Felipe González reiteró su rechazo a que Pinochet sea juzgado en España, al afirmar que desde hace más de 180 años su país no puede impartir justicia en sus ex colonias.
En términos similares se pronunció en Londres el ex ministro Norman Lamont, quien insistió en que esto es "un error", demandó que el ex dictador sea liberado y se le permita regresar a su país al cuestionar el papel de España y Gran Bretaña, ya que "Chile no es colonia de Gran Bretaña".