SEGUN UN ANUNCIO OFICIAL, la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aprobó que ya se inicie el proceso de cambio de esta institución pública para llegar, dentro de poco menos de un año, a ''una estructura con un corporativo del que se desprenda una serie de divisiones encargadas de la generación, el despacho, la transmisión y la distribución de energía eléctrica''. Se confirma que este proceso se dará en el marco legal vigente.

La información proporcionada es en extremo pobre, pues no se dice exactamente qué nueva estructura se plantea y cómo funcionará la misma. Ha trascendido que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) es separado de la CFE para depender de la Secretaría de Energía. De ser cierto, esto ya tenía sus antecedentes en la reforma al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, anterior a la gestión del actual secretario del ramo, en el que funciones anteriormente asignadas a la CFE ahora son de la nueva entidad: ''La entrega de energía eléctrica a la red del servicio público se sujetará a las reglas de despacho y operación del sistema eléctrico nacional que establezca el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)'' (del artículo 148).

Una de las implicaciones de estos elementos es el que siempre sí se podía reformar sin necesidad de cambiar los artículos 27 y 28 de la Constitución. Las predicciones catastróficas en el sentido de que si no se cambiaban esos artículos caerían sobre nosotros las siete plagas, cayeron con la misma contundencia que los anuncios de que se iba a acabar el mundo con el pasado eclipse de sol.

Hablando en positivo, sería importante precisar de qué reforma se trata. Se dijo que debía haber debate abierto sobre el asunto. Aquí contribuimos a abrirlo y, aun sin suficientes elementos de información sobre el acuerdo oficial, sí podemos defender una alternativa, una reforma que mantiene la vigencia de los artículos 27 y 28 y que, al mismo tiempo, tiende a superar los problemas que se han puesto de manifiesto en los últimos años.

La excesiva centralización y la discrecionalidad de funcionarios para tomar decisiones importantes propiciaron corrupción, desperdicio de recursos energéticos locales que hubieran interesado a municipios o comunidades, obras con impacto ambiental y social muy negativo, inadecuada estructura de tarifas y una mala calidad de la red eléctrica y de la energía que suministra. Estos y otros problemas pueden ser mejor abordados si, por ejemplo, los municipios o comunidades pueden abastecerse de su propia electricidad aprovechando recursos locales.

En la industria eléctrica deben aprovecharse las ventajas de la competencia, pero sin que perdamos las que son propias de la planeación de largo plazo. La instalación de plantas eléctricas implica un proceso de años, y la recuperación de la inversión se tarda más años todavía. El mercado, especialmente en un medio como el nuestro, privilegia la utilidad en el corto plazo y no ve muy lejos. Si en un momento dado parece muy atractivo el negocio con la electricidad, se va a invertir en ella la cargada de inversionistas; luego de un tiempo el mercado se satura de oferta de electricidad y los precios y el número de clientes se reducen; quiebran unas empresas, otras se reducen en tamaño y al rato tenemos un periodo de escasez. La planeación de largo plazo debe permitir la entrada en operación de un número de plantas aproximadamente igual, en capacidad, que el aumento de la demanda.

En general, la industria eléctrica, propiedad de los mexicanos y fuente de mucha de nuestra energía, debe manejarse de cara a la gente. La publicación de esa información dará base a una mejor y más amplia discusión. *