Ť Intentará aplicar reformas al Código Penal para que no use argucias de Lankenau

Que De Prevoisin se defienda desde la cárcel, meta de la PGR

Ť Revive la pugna entre el subprocurador Everardo Moreno y el abogado Fernando Gómez Mont

José Galán Ť En el juicio contra Gerardo de Prevoisin, dos viejos antagonistas están de nuevo frente a frente: Fernando Gómez Mont y Everardo Moreno, quienes se disputaron el destino de Jorge Lankenau, con un saldo negativo para el funcionario de la Procuraduría General de la República.

Ahora, ante el propio De Prevoisin y en la rejilla de prácticas del juzgado décimo de distrito en materia penal se disputan el destino del ex director de Aeroméxico: la formal prisión sin derecho a fianza que pide Moreno, por parte de la PGR, o la postura del bufete de Gómez Mont de no pedir la libertad bajo caución hasta disminuir lo más posible los montos necesarios para una reparación del daño, que las autoridades calculan en cerca de 60 millones de dólares más recargos, multas e intereses.

El 30 de agosto de 1997, luego del arresto en la ciudad de México y el posterior arraigo domiciliario de Lankenau Rocha en Monterrey, Nuevo León, bajo cargos de fraude por 170 millones de dólares en perjuicio de 250 personas, el gobierno federal decretó la intervención gerencial, ese mismo día, de Abaco Grupo Financiero, así como de sus subsidiarias Banca Confía y Abaco Casa de Bolsa. El banquero permaneció en su casa de Monterrey hasta que el 25 de octubre de 1997 huyó "inexplicablemente" de la misma, al burlar a más de 20 policías judiciales federales, y luego de 57 días de arraigo, tras haber sido informado de que se había girado orden de aprehensión en su contra.

Negó haberle aconsejado huir

Unas horas antes de fugarse, el ex banquero habló con su abogado Fernando Gómez Mont por teléfono celular, y el penalista lo alertó de que "se estaba violentando la palabra hablada (no dijo quién o quiénes) y los procedimientos en su contra", conversación en la que el abogado negó haberle aconsejado huir.

En viaje desde la ciudad de México, Everardo Moreno Cruz, entonces subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGR, llevaba la orden de aprehensión girada en contra del ex banquero por el juzgado tercero de distrito en materia penal. A su llegada a Monterrey, el tercer neobanquero salinista en ser perseguido por la ley, después de Carlos Cabal Peniche y Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, ya no estaba en su casa.

Lankenau Rocha se entregó a la justicia el 28 de octubre en Plaza Galerías, de Monterrey, y posteriormente fue trasladado a la ciudad de México para ser presentado ante el juzgado tercero del Reclusorio Oriente, a cargo de la juez Olga Sánchez Contreras, donde declaró, y posteriormente regresó en avión a su casa de Nuevo León. Se declaró inocente e hizo valer la suspensión provisional. A pesar de los argumentos presentados por el propio Everardo Moreno, como representante de la PGR, los delitos de que se le acusaba estaban entonces tipificados como no graves.

Ante Fernando Gómez Mont, en aquella ocasión Everardo Moreno pidió a la juez considerar "los antecedentes" de Lankenau para negarle la libertad provisional que le había sido otorgada por el juez primero de distrito de Nuevo León, Abraham Calderón Díaz, a quien se refirió como "el juez favorito" del ex banquero, lo que provocó una airada protesta de su abogado, quien de inmediato exigió a la juez Sánchez Contreras que asentara la "falta de respeto" con que se conducía el funcionario de la PGR. La juez determinó que los alegatos de Moreno Cruz estaban "totalmente fuera de lugar", y anunció que en el plazo legal de 72 horas determinaría sobre la situación jurídica del inculpado, quien, junto con su abogado, salió visiblemente contento del lugar rumbo a Monterrey.

Esta situación, declaró el 29 de octubre de 1997 el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, "ha puesto en evidencia las fragilidades del sistema de enjuiciamiento penal", e instó "a realizar una serie de reformas a fin de fortalecer la justicia y de que se garantice mayor eficacia a los órganos que la procuran", lo que a la postre llevaría ųen mayo de este añoų a reformas como la del artículo 399 bis fracción III del Código Federal de Procedimientos Penales, que recatalogó el delito de administración fraudulenta, del que ahora se acusa a Gerardo de Prevoisin, de no grave a grave.

Y es con base en esa reforma que la PGR diseña su estrategia legal para impulsar en el litigio su intención de que Gerardo de Prevoisin Legorreta se defienda y pague lo que debe desde el interior del Reclusorio Sur. Y allí, de nueva cuenta, se ven las caras Everardo Moreno Cruz, ahora como subprocurador C de Procedimientos Penales de la PGR, y Fernando Gómez Mont, abogado del bufete Zínser, Esponda y Gómez Mont.

El pasado viernes por la noche, a la llegada a México de De Prevoisin, quien venía de Lausana, Suiza, vía Madrid, tuvo lugar el primer round de este nuevo encuentro entre ambos pugilistas legales, cuando Everardo Moreno pidió que quedara asentado en el acta de la diligencia que la defensa de De Prevoisin mandaba señales y manipulaba a favor de su defendido, mientras que ésta alegaba que De Prevoisin hacía uso de su derecho constitucional al negarse a declarar.

Desde el principio, poco antes de la audiencia, Everardo Moreno Cruz había revelado la línea central de la estrategia legal a seguir por la PGR en este caso: atenerse a las reformas del artículo 399 bis fracción III del Código Penal de Procedimientos Penales, a fin de que el juez décimo de distrito en materia penal, Manuel Bárcenas Villanueva, "no conceda la libertad condicional", porque, intentó explicar, "la ley no es retroactiva", es decir, que en su juicio no se podría aplicar tal y como estaba redactada en 1994, año en que se integró la acusación, cuando consideraba el delito como no grave, lo que de inmediato permitiría establecer una cantidad para salir con las reservas de ley.

Sin embargo, desde el mismo momento en que Gerardo de Prevoisin se presentó ante la rejilla de prácticas ųa las 23:15 horas del viernesų ya enfundado en el uniforme color caqui del penal, el secretario de Acuerdos y juez en funciones, Carlos Ariel Lim Aguirre, le dejó claro al indiciado que podría acogerse a ese derecho, mismo que en ese momento no fue utilizado por Fernando Gómez Mont, separado de Moreno Cruz por un escritorio donde se apilaban los archivos y fojas del caso. "Nosotros tenemos plenamente acreditadas las conductas ilegales del indiciado", aclaró el funcionario de la PGR poco antes de la diligencia.

Luego de dar como su residencia oficial la dirección de Explanada 1155, Lomas de Chapultepec, Gerardo de Prevoisin negó recordar cuánto ganaba como presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, y tras responder otras preguntas sobre datos personales, escuchar sus derechos y la acusación de la que es objeto, el secretario de Acuerdos le informó que el Ministerio Público Federal, a través de Everardo Moreno Cruz, pretendía someterlo a interrogatorio, lo que fue rechazado por sus abogados con un gesto negativo de la cabeza.

ųƑUsted ya conoce el asunto?, preguntó Lim Aguirre. ƑDesea declarar o no?

ųSí lo conozco, y ahorita no quiero declarar, respondió De Prevoisin luego de mirar a sus abogados.

La defensa está induciendo la respuesta, reprochó Moreno Cruz al secretario de Acuerdos, con la vista fija en Fernando Gómez Mont, quien junto con Alberto Zínzer protestó a su vez por lo que llamó "la presunción" del funcionario, lo que obligó a la intervención del responsable del juzgado, quien reconvino a las partes.

ųEl acusado hace uso de su derecho constitucional de guardar silencio, insistó la defensa.

ųQue conste en actas que la defensa interrumpe esta diligencia, ordenó Lim Aguirre a la mecanógrafa que levantaba el acta, en lo que se conoce como una llamada de apremio.

Se le hizo saber al indiciado que podía abstenerse de contestar o estaba en posibilidad de responder, según fuera su voluntad, a las preguntas del Ministerio Público o de sus abogados.

ųYo creo que ahorita no, respondió el ex director de Aeroméxico.

Pero Everardo Moreno insistió ante el responsable de la diligencia: "quiero que quede constancia de que el señor Gómez Mont hizo señas negativas con la cabeza al indiciado", y agregó más adelante que "esta representación social insiste en que Gerardo de Prevoisin no tiene derecho a la libertad bajo fianza".

Lim Aguirre acordó ampliar el plazo de 72 a 144 horas, es decir, hasta el jueves, para determinar la situación jurídica del indiciado, y para sorpresa de Moreno Cruz y de la PGR, la defensa no pidió la libertad bajo fianza.

Y eso obedece a que el ex presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico se prepara para presentar las pruebas necesarias para desahogar las cuatro líneas de investigación de que está acusado, bajo el rubro de administración fraudulenta. Por su parte, la PGR lo tiene claro: que repare el daño, con todo y recargos, que se defienda, pero que lo haga desde la cárcel. Que no pise la calle.