BACHES EN LA LEGISLACION SOBRE DERECHOS HUMANOS

Como consecuencia de los horrores del nazifascismo surgió en el Tribunal de Nüremberg una legislación que castiga los crímenes contra la humanidad y la idea misma de los derechos humanos inalienables que impuso hace medio siglo la naciente Organización de Naciones Unidas. Existen pues los antecedentes necesarios para juzgar fuera de su patria al ex dictador chileno Augusto Pinochet, magnicida y pluriasesino en su propio país, asesino en Estados Unidos, Italia y en todo el Cono Sur. Por consiguiente, carece de base el nacionalismo hipócrita de las autoridades chilenas que reclaman que el caso de Pinochet caiga dentro de la jurisdicción de los tribunales nacionales manipulados por aquél. Los que protestan utilizarían mejor su pretendido nacionalismo condenando el apoyo brindado por el gobierno y empresas de Estados Unidos al golpe que derribó al gobierno constitucional legítimo y costó la vida, el exilio o la pérdida de derechos a sus defensores.

Pero la protesta de los defensores de Pinochet, como la de los criminales de guerra croatas, bosnios o serbios, se basa sin embargo en el hecho real de que la nueva visión del derecho internacional que condena los delitos contra la humanidad tiene como base principal la ética y los valores civilizatorios hasta hoy alcanzados y como juez la opinión pública democrática internacional, pero no un tribunal internacional reconocido por todos, con leyes y jurisprudencia sólida sobre las cuales apoyarse, lo cual deja amplio margen para la impunidad o la arbitrariedad en la actitud de las grandes potencias. Recuérdese, por ejemplo, que Estados Unidos minó los puertos nicaragüenses, armó con dinero proveniente de la droga, a espaldas de las leyes de su país, a mercenarios que causaron miles de muertes y, sin embargo, se negó a acatar las resoluciones del Tribunal Iternacional de La Haya y a pagar cualquier indemnización al pequeño país victimado. Recuérdese también que aún hoy Estados Unidos e Inglaterra siguen bombardeando unilateralmente a Irak, al cual le han causado más de un millón 800 mil víctimas civiles con su bloqueo decenal y que la OTAN bombardeó, sin guerra declarada, al pueblo yugoslavo, sin que sus dirigentes fuesen considerados criminales de guerra o genocidas sencillamente porque "la ley es como el cuchillo, no ofende a quien la maneja".

Es evidente que es un progreso que las organizaciones defensoras de los derechos humanos tengan voz en la ONU, que Pinochet sea juzgado, que los militares argentinos asesinos estén, moralmente, fuera de la ley. Pero no existe aún ninguna instancia internacional que fije y dé poder de ejecución a estos fallos virtuales, lo cual da oportunidad a los criminales o a sus defensores para ampararse en el nacionalismo y en las chicanas jurídicas que esa indefinición les permiten. Es evidente, frente al debilitamiento de la ONU, que las grandes potencias han ignorado en la guerra contra Yugoslavia, que es necesario dar cuerpo a los elementos democráticos y positivos resultantes de la mundialización, como el repudio internacional a los crímenes contra la humanidad y la exigencia ética y política de que los mismos sean juzgados y condenados. Eso exige imponerles a las grandes potencias y a los gobiernos el reconocimiento y el acatamiento de los principios esbozados en Nüremberg y en la fundación de Naciones Unidas. La indefición en este campo no puede subsistir sin graves daños potenciales: hay que entrar en el siglo próximo con nuevas bases e instrumentos jurídicos necesarios para defender la civilización amenazada.