* Compareció Jorge Madrazo ante diputados

Actúan en Chiapas 15 grupos probablemente armados: PGR

* En 99, "las mejores cifras de la historia" en la lucha anti narco

José Galán y Ciro Pérez Silva * En la Cámara de Diputados, el procurador Jorge Madrazo Cuéllar reconoció que en Chiapas actúan 15 organizaciones civiles "probablemente armadas" y que la fiscalía especial para Chenalhó integra sendas averiguaciones sobre dos de ellas, además de haberse girado 17 órdenes de localización y presentación en contra de miembros de esos grupos, de los cuales dijo que no existen evidencias de que sean financiados y adiestrados por el Ejército Mexicano o por corporaciones policiacas.

Sobre el caso Stanley, censuró las amenazas vertidas en contra del procurador capitalino, Samuel del Villar, y su familia, derivadas de los avances en las indagatorias, e informó que para finales de año se habrán entregado todos los bienes asegurados por la dependencia, de acuerdo con la ley respectiva.

Madrazo Cuéllar indicó que una parte de esa investigación está a cargo de la PGR y que de las indagatorias se desprende la ubicación de cuentas bancarias del conductor de televisión en islas Caimán, posiblemente producto de operaciones de lavado de dinero. Sobre el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, aseguró que "no ha habido día" en que no lo busquen y reiteró su compromiso de detenerlo y someterlo a un proceso legal, "ni más ni menos, no es asunto personal, ni es un asunto obsesivo".

En una comparecencia de más de cuatro horas ante las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos, así como la Junta de Coordinación Política de la Cámara para el análisis del quinto Informe de Gobierno, Madrazo Cuéllar hizo un balance pormenorizado de la actuación de la dependencia a su cargo en este año y respondió a las interrogantes de los legisladores.

Precisó que en 1999 se han decomisado en el país más de 60 millones de productos piratas; en materia de combate al narcotráfico, destacó que han sido erradicadas 19 mil hectáreas de cultivos de diversas drogas, y adelantó que la lucha contra ese delito arrojará, a finales de este año, "las mejores cifras de la historia", a pesar de que, sólo en el estado de Guerrero, diez helicópteros de la PGR "han resultado baleados".

El procurador fue insistentemente cuestionado sobre el proceso seguido en contra de Mario Ruiz Massieu y los frustrados intentos por extraditarlo, además de las acusaciones vertidas por él en una carta publicada luego de su muerte.

Caso Ruiz Massieu: soy abogado, no psiquiatra

Aclaró entonces a los diputados que es abogado, "no psiquiatra", para poder interpretar los mensajes póstumos del ex funcionario suicida, "pero sí puedo decir que manipuló, maquilló y desvió las investigaciones" sobre el asesinato de su hermano José Francisco, hecho del que ha sido acusado Raúl Salinas de Gortari, y reiteró que los casi diez millones de dólares que le fueron encontrados en cuentas de un banco de Houston, Texas, "son resultado, de manera sustancial, de la protección al narcotráfico".

El titular de la PGR informó que los narcotraficantes internacionales han cambiado sus rutas comerciales, "afortunadamente fuera del territorio nacional, fuera de nuestro espacio aéreo, fuera de los litorales mexicanos, allí están los aseguramientos que han tenido lugar en Centroamérica y también en México. Pero estamos avanzando en el desmembramiento de las organizaciones criminales".

El procurador Madrazo recordó que en el periodo de septiembre de 1998 a agosto de 1999 se impulsó una reforma integral a 19 ordenamientos legales, referentes al sistema de enjuiciamiento penal; a la reorganización interna de la institución y la renovación de los recursos humanos de la PGR, lo que permitió un equilibrio entre la pretensión punitiva del Ministerio Público y los derechos tanto del presunto responsable como de las víctimas y los defendidos y la facultad de asegurar los bienes que las organizaciones criminales utilizan para delinquir.

Comentó que como parte de esas refo rmas se encuentra la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, que permitirá concluir, a más tardar el 31 de diciembre, la entrega de esos bienes y recursos, y estimó que para entonces se habrán entregado mil 124 bienes inmuebles, 43 empresas, 260 aeronaves, 130 embarcaciones, 6 mil 462 vehículos, 28 mil 815 bienes muebles, 4 mil 596 piezas de joyería, 34 millones 538 mil 971 pesos y 17 millones 246 mil 516 dólares.

En su discurso introductorio, Jorge Madrazo informó que la fiscalía especial de la PGR para el municipio de Chenalhó, Chiapas, integra dos averiguaciones previas sobre organizaciones civiles "probablemente armadas" que operan en Chiapas, y en las que han declarado 172 personas; se han practicado dos inspecciones oculares; se han rendido 17 informes de la Policía Judicial; realizado 57 dictámenes periciales; dado fe ministerial de 17 documentos, y girado 17 órdenes de localización y presentación.

Las investigaciones de la PGR, apuntó Madrazo Cuéllar, se han realizado en torno de los siguientes grupos: Los Chinchulines, Paz y Justicia, Abu-Xú, Guardián de mi Hermano, Tomás Múnzer, MIRA, Tzaes, Guaches, Pates, Botes, Xoxepes, Xiles y Los Mecos, todos ellos del municipio de Pantelhó, además de las organizaciones Bartolomé de los Llanos, Fuerzas Armadas del Pueblo, Casa del Pueblo, OCEZ-CNPA, Primera Fuerza y Máscara Roja.

"Salvo referencias de prensa, no existen ningún otro tipo de pruebas o evidencias respecto de los grupos denominados MIRA, Tomás Múnzer, Primera Fuerza y Máscara Roja", dijo Madrazo Cuéllar. "El resto de los grupos sí existen", señaló, aunque advirtió que "no reconocen como finalidad única armarse, ni realizan prácticas o ejercicios de adiestramiento".

Sobre la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, Madrazo Cuéllar reveló que la PGR ha logrado la detención de 102 personas relacionadas con los hechos, entre civiles y ex servidores públicos, y se han dictado ya 55 sentencias condenatorias, que van de los tres hasta los 35 años de prisión.

Sin embargo, reconoció que aún existen 30 órdenes de aprehensión por cumplimentar relacionadas con esos hechos, 28 contra civiles y dos contra ex servidores públicos de Chiapas; es decir, el entonces coordinador general de Seguridad Pública del estado, y su jefe de asesores.

Informó que por este caso la PGR atrajo 34 averiguaciones previas y un acta circunstanciada del fuero común y, producto de esas averiguaciones consignadas, se libraron 193 órdenes de aprehensión, cuyo cumplimiento recae en la Procuraduría de Justicia de Chiapas.

Amenazas "muy injustificadas" contra Del Villar

Luego de advertir que en la PGR la averiguación previa sobre el caso Stanley está en proceso de integración, el procurador general dijo que "no hemos dejado de trabajar en ello, como tampoco de apoyar a la Procuraduría capitalina en todo lo que nos ha pedido".

Añadió el titular de la PGR que "hay amenazas muy injustificadas que ha recibido el señor procurador Del Villar, y quiero aprovechar este importantísimo foro para expresarle mi solidaridad, pero además el compromiso del Ministerio Público Federal para llegar hasta el fondo de esas amenazas que han recibido él y su familia".

Finalmente se refirió a la renovación de los recursos humanos de la PGR, donde se ha removido a 598 servidores públicos, de los cuales 470 fueron inhabilitados y 215 destituidos, y se ejerció acción penal contra algunos, además de haberse practicado exámenes diversos a 6 mil 268 elementos en activo y aspirantes.

Precisó que el personal militar que, bajo licencia, ha coadyuvado con la PGR en diversas acciones, ha sido sustituido casi en su totalidad por elementos egresados del Instituto de Capacitación.