* Esperada, la resolución de la justicia española, dice el gobierno chileno

Confirman en España la validez de la orden de detención de Pinochet

* Rechazó un panel de tres jueces de la Audiencia Nacional los recursos presentados por la fiscalía

* Quedó libre el camino para que la corte británica se pronuncie sobre la petición de extradición

De la corresponsalía, y agencias, Madrid, 24 de septiembre * La Audiencia Nacional española confirmó hoy la validez de la orden de detención contra Augusto Pinochet, dictada por el juez Baltasar Garzón, por lo que dejó libre el camino para que la justicia británica se pronuncie en torno al reclamo de extradición por España.

El gobierno chileno recibió como "esperado" el rechazo de la justicia española de la apelación que buscaba levantar el pedido de detención del ex dictador en Londres, quien este mes cumplió un año de haber viajado a Gran Bretaña sin imaginar que una denuncia de los familiares de las víctimas de la dictadura lo cercaría.

Un panel de tres jueces de la sección tercera de la Sala de lo Penal rechazó los recursos presentados por la fiscalía contra la orden de detención del también senador vitalicio, de 83 años de edcad, al resolver mantener "la situación de privación de libertad" y ratificar la suficiencia de los indicios en que se apoyan las imputaciones contra el acusado.

En el auto se notifica que de esta manera no se perjudicará el proceso de extradición abierto por la justicia británica a demanda del juez Garzón. De otro modo, advierte que sería evidente el riesgo de que el levantamiento de la medida cautelar afectara el proceso penal ya incoado, que comenzará el lunes en Londres.

Apunta que los indicios racionales en los que se apoya la imputación a Pinochet por la presunta comisión de delitos de genocidio, terrorismo y tortura son más que suficientes para mantener las acusaciones en su contra, por lo que decidió desestimar los recursos de la fiscalía contra la medida de detención.

Hace énfasis en que una resolución de libertad para el ex dictador chileno conllevaría el riesgo de "fuga" de éste.

En ese sentido, los jueces rechazaron el alegato del fiscal Ignacio Peláez, que se basaba en que Augusto Pinochet no pude ser juzgado en España porque actuó como jefe de Estado durante el tiempo en que ocurrieron los crímenes de lesa humanidad que se le imputan.

Un trámite más: Madrid

Al conocer el fallo, el último intento en Madrid para evitar la extradición del controvertido ex militar, el gobierno español consideró esto como "un trámite más" de la Audiencia Nacional en el caso, que "sigue su propia doctrina que ha practicado en los últimos años", en alusión a la independencia del Poder judicial.

El portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, dijo en conferencia de prensa que con el recurso de apelación y la resolución "se produce el sostenimiento de una tesis de la fiscalía", como ya se ha dicho muchas veces, incluso de gobiernos anteriores, y que además de un trámite más es coherente con la actuación de cada cual.

Los abogados de la acusación popular, Manuel Murillo y Joan Garcés, se mostraron satisfechos por la decisión de la corte y su cumplimiento con la ley española y los tratados internacionales.

Por lo demás, Garcés dijo que si Pinochet está en condiciones de ser senador vitalicio en su país, entonces también lo está para ser enjuiciado.

"Este hombre es culpable de crímenes contra la humanidad, los crímenes más graves", subrayó, y agregó que es una contradicción invocar razones humanitarias por parte de la defensa cuando puede actuar como senador y enviar mensajes políticos a sus partidarios en Chile.

Entonces, preguntó el abogado de la acusación popular, "Ƒpor qué no puede enfrentar un juicio?"

No hubo sorpresa: Santiago

Aún en Nueva York, el canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, dijo no estar sorprendido del fallo de la corte española, e indicó que ya no hay nada que decir porque los juicios y opiniones en la materia ya fueron expuestos en su momento.

Sin embargo, en una conversación previa Valdés había dicho que su gobierno se desistiría de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya si el tribunal supremo español declaraba que el juez Garzón "nunca tuvo atribuciones para juzgar el caso de Pinochet".

Pero, insistió en que éste es un problema de jurisdicción y que no hay jurisdicción totalmente universal en materia de tortura, que es el delito por el cual resolvió la justicia británica proseguir con el juicio de extradición del ex dictador.

Por ello, dijo el canciller chileno, debe haber un vínculo entre el país que juzga el caso y el delito, como se establece en el Tratado Internacional contra la Tortura.

Por otra parte, el canciller chileno desmintió que el gobierno británico haya ofrecido a Chile el regreso de Pinochet al país sudamericano, siempre y cuando su defensa se abstenga de apelar una eventual resolución desfavorable en el proceso que comienza el lunes.

De este modo, rechazó la versión al respecto publicada por el periódico londinense The Daily Telegraph. Tal versión señalaba que el acuerdo se había alcanzado el miércoles último en la sede de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, entre Valdés y su homólogo británico, Robin Cook.

Valdés destacó que no hubo nada parecido a eso, e insistió en que lo único que le dijo fue que Gran Bretaña tampoco podía estudiar el tema humanitario en favor de Pinochet antes de la sentencia que arrojará el juicio que comenzará el lunes.

En tanto que Valdés dijo que su gobierno no hará públicos los exámenes médicos que se le han practicado a Pinochet, el presidente chileno, Eduardo Frei, reafirmó que mantendrá su posición de hacer todos los esfuerzos posibles para lograr el regreso a Chile del ex gobernante de facto, antes de concluir su mandato.

Pese a todo, en Santiago tanto partidarios como detractores del ex dictador parecían coincidir en que el ex general sufrirá una derrota en la batalla legal de extradición que está por comenzar, según diversos testimonios recogidos por la prensa.

El vespertino La Segunda publicó declaraciones de Pinochet en las que admitió que su detención en Londres es la experiencia "más larga y dolorosa" de su vida, pero se manifestó en favor de que en Chile se dé una reconciliación.

Añadió que él ha soportado "estoicamente esta situación, pensando siempre que es una prueba que Dios me ha mandado".

Mientras, este día en Santiago concluyó sin resultados concretos la primera etapa del diálogo entre militares y organizaciones humanitarias, que buscan aclarar las violaciones contra los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura castrense de 16 años y medio.

A su vez, la Corte Suprema de Justicia chilena ratificó en forma definitiva el procesamiento, como "cómplices", de los generales en retiro Humberto Gordon y Roberto Schmied en el asesinato del líder sin- dical Tucapel Jiménez, degollado el 25 de febrero de 1982.