n El secretario de Hacienda reiteró que no habrá crisis sexenal
Cuestionan a Gurría en el Senado legisladores de todos los partidos
n Dejó entrever que podría haber un incremento en los impuestos para el 2000
Andrea Becerril y César Martínez n Durante las más de tres horas y media de comparecencia del secretario de Hacienda, José Angel Gurría, senadores de todas las fuerzas políticas, incluido el PRI, alertaron sobre el fracaso de la política económica, expresaron preocupación por el riesgo de una nueva crisis sexenal, similar a la de 1994, y la perredista Rosa Albina Garavito advirtió que su partido no aprobará un presupuesto que insista en repetir vicios, ''en seguir dilapidando el patrimonio nacional'' para rescatar a los banqueros.
Pese a las críticas, Gurría defendió la viabilidad del proyecto económico y sostuvo que el gobierno ha hecho todo lo correcto para evitar esa crisis. Reconoció, sin embargo, que el costo total para pagar las cuentas heredadas del Fobaproa el próximo año será de 50 mil millones de pesos, y dejó entrever que se prevén alzas de impuestos para el proyecto presupuestal del 2000. Al final de la comparecencia en el Senado de la República, el funcionario aclaró a los reporteros que no adelantará el envío del paquete financiero al Congreso de la Unión, como los legisladores esperaban.
Dos países diferentes
En el debate, parecía que se hablaba de dos países diferentes. Uno descrito por Gurría y otro por los legisladores, entre ellos Alberto Santos de Hoyos, del propio partido tricolor, quien le hizo notar al funcionario que los logros macroeconómicos podrían seguirse enumerando, pero que éstos ''no se han traducido en beneficios, ni a nivel de empresas ni de familias''.
Más contundente, la perredista Rosa Albina Garavito aludió al ''desastre económico y financiero en que la política gubernamental ha sumido al país''.
La legisladora denunció manipulación de cifras por parte de las autoridades hacendarias, en particular porque aseguró que el superávit fiscal del primer semestre de 1999, que tanto ''festina'' el gobierno, no es tal, puesto que se basa en un manejo inadecuado e ilegal de las cifras, que incluyen un remanente de operación del Banco de México por 12 mil 553 millones de pesos, que en realidad corresponden al ejercicio fiscal del año anterior.
Sin esa partida de 1998, en lugar de un superávit fiscal de 7 mil 866 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda habría tenido que reconocer un déficit por 4 mil 687 millones, señaló.
Además de esa manipulación, agregó Garavito, es preocupante que como sucedió en 1996 y 1997, los recursos petroleros de nuevo se dediquen al rescate bancario, y le preguntó a Gurría si los 11 mil 200 millones de pesos de excedentes petroleros de 1999 también van a destinarse al salvamento de los banqueros.
''Es una historia bastante triste, es un patrimonio nacional que se sigue dilapidando en un rescate bancario que, de acuerdo con la misma información de la Secretaría de Hacienda, hasta ahora no ha producido los efectos que se anunciaron'', agregó la perredista.
Luego, recalcó que la liberación de reservas por un monto de 11 mil 326 millones de pesos para el rescate de Serfin, significa que se está exonerando a ese banco de la participación de las pérdidas, y ''es un pésimo mensaje para los inversionistas extranjeros y nacionales''.
A diferencia de los funcionarios que han comparecido en el Senado en los días anteriores, Gurría llevó un equipo de asesores -por lo menos 20- provistos de computadoras, que a cada momento le proveían de información para responder a los legisladores.
Aun así, no pudo echar abajo los cuestionamientos. A Garavito le respondió que es legal la incorporación del remanente de operación de 1998 del Banco de México en el actual ejercicio, y aclaró que para el año 2000 deberán abonarse cerca de 50 mil millones de pesos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que saldrán de las cuotas de los bancos, la recuperación de los activos heredados del Fobaproa y de la partida presupuestal que se le destine.
En cuanto a Serfin, Gurría sostuvo que en ningún momento se exoneró a los accionistas de ese banco en la participación de las pérdidas. ''Ellos perdieron la totalidad de su capital, igual que los accionistas de Bancrecer''.
En su réplica, la senadora perredista le insistió en que la ilegalidad a la que aludió se refiere a ''la trampa de haber incluido esos recursos generados en 1998 para la estimación de un superávit en 1999'', y le recalcó que ese tipo de manejos restan credibilidad al país ante los mercados.
Le hizo notar también, que de aquí al 2000, el total de vencimientos de la deuda externa pública y privada llega a casi 25 mil millones de dólares, y si ''los inversionistas perdieran la confianza'', los 50 millones con que cuenta el gobierno entre reservas y el blindaje financiero, ''no servirían para evitar una crisis de fin de sexenio que usted tanto ha propagandizado que no se endosará al próximo gobierno''.
Similar preocupación le planteó el senador del PRI, Juan Fernando Palomino Topete. ''Nos parece particularmente relevante la perspectiva de llevar a cabo una transición sexenal sin sobresaltos económicos, con estabilidad'', dijo al funcionario a nombre de la bancada tricolor.
El panista José Ramón Medina Padilla también aludió al tema, pero para sostener que las cifras económicas del quinto Informe permiten concluir ''que transitamos una etapa oscura en la vida económica nacional'', y que las cifras no alcanzan los niveles de 1994 y dejan al país ''en el umbral de otra crisis''. Citó como ejemplos que la canasta básica aumentó entre 1994 y junio de este año 259.9 por ciento, mientras que los salarios apenas se elevaron 86.6 por ciento en el mismo periodo.
El legislador del blanquiazul agregó que 86 por ciento de la población total está debajo del nivel de pobreza, y que el actual gobierno no ha cumplido con la reforma fiscal integral prometida.
Como salida, Gurría señaló que efectivamente el país todavía está viviendo las consecuencias de la crisis de 1994, y que lo que se debe evitar a toda costa ''es que haya crisis nuevamente''.
Reconoció que las tasas de interés se encuentran en altos niveles reales, pero las adjudicó a la volatilidad internacional, a la falta de consolidación del sistema bancario y al proceso político electoral.
''Eso crea un nivel de incertidumbre que es inevitable y, en esa medida, probablemente haya que esperar a que termine el proceso político electoral en junio, para ver una compresión más rápida de las tasas reales'', explicó.
Gurría llegó al recinto senatorial entre gritos de los integrantes de la Unión de Crédito Regional (Unicrer), que le reclamaban la devolución del dinero que les fue defraudado. Los manifestantes se mantuvieron fuera del Senado hasta que el funcionario se retiró. Para ellos, el secretario de Hacienda puntualizó en la comparecencia que la ley establece que el gobierno no puede ni garantiza pagar los depósitos de los ahorradores de ese tipo de organizaciones de crédito. Algo similar le respondió al perredista Juan José Quirino, quien reclamó revisar la situación de esos pequeños ahorradores para darles una solución.
El legislador, también representante de deudores, le hizo notar que el programa llamado de punto final es sólo un ''arreglo de papel'', pues los bolsillos de todos los mexicanos y de las propias empresas están quebrados, ''y el problema va a rebotar necesariamente, se le va a pasar la bolita al próximo gobierno''.
Por lo que se refiere al presupuesto del próximo año, durante su discurso inicial el titular de la SHCP aludió a la intención de elevar impuestos. Dijo que ''para tener una mayor y mejor cobertura del gasto social, para seguir apoyando el federalismo, la seguridad, el desarrollo rural y asegurar al mismo tiempo finanzas públicas sanas, será indispensable en la oportunidad que dicte el Legislativo, fortalecer de manera permanente las fuentes de ingresos fiscales''. Y subrayó alzando la voz la palabra permanente.
Ninguno de los senadores previamente considerados para hacer uso de la palabra aludió al tema. Desde su lugar, el perredista Jorge Calderón le preguntó a viva voz si el gobierno tenía previsto proponer de nueva cuenta el establecimiento de otro impuesto telefónico.
No hubo respuesta. El presidente de la Comisión de Hacienda, Rodolfo Becerril, quien coordinó la comparecencia, amonestó a Calderón, quien posteriormente declaró en entrevista que aunque no se ha informado al Poder Legislativo ni a la opinión pública, hay indicios de que las autoridades hacendarias pretenden compensar la baja en la tasa impositiva de las empresas, prevista de 34 a 32 por ciento el próximo año, con aumentos de impuestos a la población, así como la eliminación de la tasa cero del impuesto al valor agregado de ciertos productos.
El secretario de Hacienda no quiso precisar sobre el punto y al final de la comparecencia, ante las preguntas de los reporteros, se limitó a señalar: ''En estos momentos, no hemos considerado ningún cambio de muy grande consideración en la Ley de Ingresos. Pero eso sólo lo vamos a poder confirmar cuando se presente la iniciativa a mediados de noviembre''.
Dejó además en claro que los proyectos de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y miscelánea fiscal, no se enviarán con anticipación al Congreso, como lo entendieron los coordinadores parlamentarios de diputados y senadores durante una reunión en la Secretaría de Gobernación.
''Se adelantarán sólo las pláticas, para que cuando se envíe el presupuesto ya haya familiaridad de los legisladores con el mismo, de manera que podamos proceder rápidamente a su desahogo y que recibamos el milenio en casa, en lugar de en San Lázaro'', confió Gurría. Sin embargo, esa postura provocó molestia. Calderón advirtió que hubo compromiso de Gurría de entregar antes del 15 de noviembre los documentos, y es un punto que el PRD llevará a la discusión en el próximo encuentro entre coordinadores de las distintas bancadas.