Hace algunas semanas, mientras ocurría una de las movilizaciones sindicales más importantes en contra de la privatización del sector eléctrico, se publicó en varios medios de circulación nacional la adhesión, con algunas modificaciones, del CEN del PRI a la reforma constitucional en materia de servicio eléctrico presentada por el Ejecutivo federal a principios del presente año.
Las modificaciones más importantes que plantea el CEN del PRI en su comunicado son las siguientes: ``Que la CFE subsista como entidad paraestatal reorganizada para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico nacional; operar plantas de respaldo del sistema y efectuar la operación física, mantenimiento y ampliación de la red de transmisión; que la generación geotérmica quede reservada en exclusiva al Estado y que la infraestructura hidráulica propiedad de la nación siga siendo operada por CFE o por empresas de participación estatal mayoritaria''.
Es importante analizar el comunicado del CEN del PRI porque delinea algunos puntos en los que parecería que el gobierno federal estaría dispuesto a cambiar su propuesta original. Sin embargo, aun cuando fueran incluidas estas modificaciones, la propuesta sigue manteniendo debilidades muy serias. Veamos.
La calidad del servicio eléctrico está definida técnicamente por la continuidad, la regulación del voltaje y el control de la frecuencia. Para que ello ocurra, los sistemas eléctricos deben concebirse y operar como un conjunto donde los elementos y funciones, desde las plantas generadoras hasta las cargas, estén estrechamente relacionados. La desintegración en compañías de generación, transmisión y distribución hace mucho más complicada la regulación del sistema, generando mayor riesgo en la calidad del suministro. Con las modificaciones que se discuten, la responsabilidad de la CFE se mantiene como hasta ahora, al tener a su cargo la seguridad y estabilidad del sistema; sin embargo, se le reduce su capacidad de acción al sólo conservar las líneas de transmisión y algunas plantas de respaldo, lo que resulta verdaderamente ilógico.
Por lo demás, si el problema, de acuerdo con lo que se ha señalado, es la capacidad financiera del país para que crezca el sistema eléctrico nacional (lo cual estaría por verse, particularmente si analizamos el Fobaproa), ¿para qué vender los activos actuales de la CFE?
Con relación a la hidroelectricidad, resulta absurdo suponer que cada planta se convertirá en una empresa cuyas acciones sean mayoritariamente estatales. Además de que esto sería sumamente ineficiente, ¿qué caso tiene compartir la renta económica con la empresa privada (que en el caso de las hidroeléctricas es cuantiosa debido a sus bajos costos de operación y mantenimiento)?
Por otro lado, las modificaciones del CEN del PRI a la propuesta del Ejecutivo dejan intactas, entre otras, la concesión de las líneas de distribución a empresas privadas regionales, la privatización de LFC, el destino de los trabajadores eléctricos, las tarifas eléctricas y el cómo establecer una regulación estricta en un país donde lo menos que hay es una estructura institucional y legal para dar seguimiento a ello.
No tengo idea de cuál haya sido la negociación para establecer las modificaciones que plantea el nuevo PRI en materia eléctrica. Pero en este marco, parece que lo nuevo radica en el abandono de la posibilidad del Estado de mantener a su cargo la propiedad de las industrias estratégicas; o en que ahora resulta que es el mercado el único medio que permite bases económicas sólidas y niveles de bienestar, o en que la soberanía se reduce a un Estado rector de una economía globalizada.
Desde otro modesto punto de vista, estamos convencidos de que la reforma eléctrica que se propone (con todo y sus modificaciones) no garantiza ni bases económicas sólidas ni una infraestructura robusta y eficiente, ni una población con niveles crecientes de bienestar (para ejemplo véase el caso de los bancos y las carreteras), sino por el contrario, coloca al sistema eléctrico nacional en una situación de vulnerabilidad y deja su cuantiosa renta económica en manos del capital privado.
Finalmente, habría que recordarle al nuevo PRI que dentro del marco de la soberanía popular, la aprobación sin consulta de esta reforma constitucional vulneraría la soberanía nacional, ya que estaría basada en la opinión individual de los representantes populares y no en la de sus representados.
Recordando a don Emilio Krieger: una modificación constitucional sin consulta estaría violando el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: ``Todos los poderes públicos dimanan del pueblo y se instituyen para beneficio de él''.