Ť Llama especialista a aceptar cambios tecnológicos

México, sin estructura económica para privatizar el sector eléctrico

Ť Plantea dotar de autonomía de gestión a la CFE y a LFC

Fabiola Martínez Ť El modelo de desregulación para el sector eléctrico --como el impulsado por el presidente Zedillo-- podría ser aplicable en algunos países desarrollados, pero no en México, porque aquí no tenemos una estructura económica suficiente para hacer frente a ese tipo de cambio, particularmente ante la pérdida de miles de empleos, advirtió Gilberto Enríquez Harper, jefe de Ingeniería Especializada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

''Es necesario revisar la desincorporación, con base en la realidad de cada país. Los motivos que llevan a ello son diferentes en cada nación, y en algunas --como la nuestra-- no hay una estructura económica sólida, sino una dependencia cada vez mayor de préstamos del exterior'', dijo.

Por ejemplo, en Inglaterra, antes de la privatización trabajaban en el sector 250 mil personas; en 1988, cuando inició el cambio, la plantilla se redujo 41 por ciento y luego, por razones de productividad, de ese año a 1996 se perdió 46 por ciento de las plazas existentes. ''Sólo que en ese país muchos trabajadores tuvieron la posibilidad de reinsertarse fuera de la industria eléctrica; aquí tendrían oportunidad, pero apenas de ocupar una banqueta'', expresó.

Durante su participación en el seminario internacional Impactos de la Privatización Eléctrica a Nivel Mundial, el especialista hizo un llamado a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que acepten los cambios que impone el desarrollo tecnológico y productivo, ''necesarios para la CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC)''.

Este aspecto incluye el uso de computadoras para los procesos operativos y administrativos, una lucha frontal para combatir la corrupción, la ineficiencia y el consumo ilícito de energía eléctrica, y revisar los contratos colectivos para adecuarlos a las nuevas condiciones planteadas para los cambios estructurales del sector.

Aclaró que las modificaciones ''para impulsar un cambio en las paraestatales y evitar su privatización, no significan limitar el proyecto presidencial a vender estas empresas, sino dotarlas de autonomía de gestión y fortalecer la participación de particulares sólo en el área de generación''.

En su propuesta, el también presidente del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, destaca la reorganización interna de la CFE enfocada hacia la ganancia, ''pero con sentido social'', así como definir el concepto del sistema eléctrico nacional a largo plazo, y la posibilidad de generación en escalas mayores y con mejor tecnología en los sistemas de distribución.

De igual forma, menciona que se debe impulsar la capacitación dirigida y la modernización de las instalaciones para hacer eficiente su operación; avanzar hacia la certificación ISO 9000 de las principales áreas productivas y aplicar auditorías internas y externas para eliminar los ''no pagos de consumo''.

Aumento de tarifas, el riesgo

México cuenta con una capacidad instalada de 35 mil MW --sólo por debajo de los 62 mil MW de Brasil-- con base en la generación mayoritaria de la CFE, segunda empresa eléctrica de América Latina. Para el año 2007, afirmó Enríquez, se requerirá incrementar la generación a 52 mil MW, ''proyección alcanzable con base en el fortalecimiento de la inversión privada en generación, es decir, sin la necesidad de privatizar a las empresas públicas''.

Aquí se mantienen las tarifas más bajas de la región (6 centavos de dólar por KW/h), debido al esquema de subsidios actual, por lo que liberar costos al usuario --tras una eventual privatización-- ''incrementará inevitablemente las tarifas''.