La deuda pública externa acumulada al 30 de junio del presente año asciende a 91 mil millones de dólares. El saldo de la deuda contratada en el mercado interno por el gobierno federal (que está denominada en moneda nacional) llegó, en la misma fecha, a 443 mil millones de pesos. Al tipo de cambio actual, la suma de ambas deudas representa un monto total ligeramente superior a los 135 mil millones de dólares y equivale a cerca de 28 por ciento del producto interno bruto (PIB). Por su parte, el monto acumulado del rescate bancario --no incluido en las cifras anteriores, pero que debe ser financiado con recursos fiscales-- alcanzó, según estimaciones de algunas corredurías internacionales, una cifra ligeramente superior a los 100 mil millones de dólares. En total, el sector público mexicano tiene, a la fecha, compromisos financieros por el equivalente, en números redondos, a 235 mil millones de dólares. Esta elevada suma representa una porción muy cercana a la mitad del PIB (entre 48 y 49 por ciento) y rebasa en unos 8 puntos porcentuales del producto a la de los compromisos financieros que se habían acumulado a finales de 1994.

Tal situación representa una fortísima presión sobre las ya de por sí debilitadas finanzas públicas que heredará en poco más de un año el próximo gobierno federal. Un adelanto de la pesada carga presupuestal que aquellos compromisos financieros proyectan sobre el presupuesto público de los próximos años se presentó en el primer semestre del presente año. Entre enero y junio últimos se acumularon pagos sobre la deuda pública (sin incluir la cuenta del IPAB) por casi 84 mil millones de pesos. Algunas comparaciones permiten apreciar la importancia de esta enorme suma. Su monto superó en 35 mil millones de pesos (o 72 por ciento) a la suma erogada en el mismo rubro en el primer semestre de 1998. Si se descuenta el efecto de la inflación, el pago de intereses acumulado de enero a junio de 1999 fue 45 por ciento mayor que un año antes. Esta tasa de crecimiento real es, en sí misma, extraordinariamente elevada, pero lo es un tanto más al considerar que en el mismo periodo el gasto total del sector público (incluyendo el pago de intereses) observó una variación real de 3.4 por ciento al tiempo que su componente programable (excluyendo aportaciones del IMSS y del ISSSTE) registró en moneda constante una caída de 3.2 por ciento en relación con el mismo periodo un año antes. En proporciones del gasto total y del gasto programable realizados de enero a junio, el pago de intereses por endeudamiento público representó 19 y 29 por ciento, respectivamente. Ambos porcentajes son muy cercanos a los observados en 1995 y, haciendo a un lado este año crítico, también son los más elevados para un primer semestre desde 1994.

Debido al reducido monto relativo al que se ha llevado el gasto público en México (su monto representa una de las porciones más bajas del PIB en la zona de la OCDE y también en comparación con naciones como Argentina, Brasil y Chile), el pago de intereses de la deuda pública en México tiende peligrosamente a empezar a ''morder el hueso'' del Presupuesto de Egresos de la Federación. Dadas las necesidades insatisfechas en numerosos rubros sociales, de servicios e infraestructuras públicas necesarias para apoyar la economía y la productividad, esta situación es aberrante.

Ahora bien, el origen fundamental de este problema no es tanto el endeudamiento público --que dentro de ciertos parámetros es necesario, además de ser inevitable-- sino el nivel endémicamente bajo de los ingresos fiscales, y en primer lugar de los tributarios. En la medida en que la reforma de la fiscalidad siga postergándose, las restricciones presupuestales que pesan sobre la economía van a seguir manifestándose y tenderán a magnificar sus efectos perversos sobre las posibilidades de crecimiento sostenido. Como los impuestos siempre son impopulares, es muy probable que no exista una coyuntura económica y políticamente óptima para la puesta en marcha de una reforma impositiva; pero no cabe duda, en cambio, de que sí hay momentos que son ''peores'' o más inoportunos que otros para que alguien se atreva a tomar iniciativas al respecto. Ahora mismo vivimos en México una fase, que se prolongará hasta las elecciones del año próximo, en que nadie osaría comprometerse sobre este asunto, que, sin embargo, es muy relevante y tiene enormes implicaciones para la viabilidad de cualquier programa de gobierno. Los candidatos a la presidencia no se han quedado cortos en prometer programas que implican gastos y erogaciones, pero ninguno ha avanzado --ni lo hará-- en propuestas, así sean generales, sobre cómo solucionar el gran problema fiscal del país. El silencio de todos ellos al respecto es total. ƑLo será también su entendimiento del problema?