Durante las últimas semanas, César Camacho y Cuauhtémoc Cárdenas dieron cuenta en los medios de los logros más importantes como gobernadores del estado de México y el Distrito Federal, respectivamente. Uno de los rubros más mencionados en sus mensajes publicitarios fue el del suministro de agua potable. Ambos recalcaron el éxito que tuvieron al garantizar el abasto a una creciente población, en la rehabilitación de pozos y en líneas de conducción para evitar fugas, así como en el tratamiento de aguas negras. Enhorabuena saber que cumplieron con su deber en beneficio de casi 20 millones de habitantes.

Sin embargo, Juan Carlos Núñez, presidente de la Comisión de Asuntos Acuíferos del Congreso del estado de México, reveló que el desabasto de agua en su entidad afecta a por lo menos 1 millón 250 mil personas, cifra que se eleva a 5 millones durante la época de secas. De paso, criticó duramente la política de los gobiernos estatal y federal al querer solucionar los déficit actual y futuro trayendo cinco metros cúbicos más de agua por segundo de Temascaltepec, en lo que se conoce como la cuarta etapa del sistema Cutzamala.

En el caso de la ciudad de México, las cifras oficiales hablan de casi 200 mil personas que reciben el vital elemento por medio de pipas. Además, para que no falte en la inmensa mayoría de los hogares, se extrae del subsuelo en mayor cantidad de lo que se recarga esa fuente en época de lluvias. Esta práctica ocurre también en la vecina entidad, y quiere decir que estamos agotando las reservas del acuífero. Otra parte del agua requerida se trae de Lerma y de Cutzamala.

El extraer más agua de lo debido e importarla de sitios cada vez más lejanos sigue siendo la estrategia preferida por las autoridades federales. Ahora, la idea es traerla desde Temascaltepec, pero en este municipio y en sus vecinos Tejupilco, Zacazonapan y Santo Tomás no existe el apoyo ciudadano necesario para dicho proyecto. Hay rechazo y opiniones divergentes, no pocas veces fruto del juego político en el que están inmersos el PRI y los dos principales partidos de oposición: PAN y PRD.

Aunque los técnicos oficiales han modificado en varios aspectos el proyecto original para traer de esa región cinco litros más de agua por segundo al valle de México, la gente no cree en lo que el gobierno federal le ofrece por aceptarlo: programas de desarrollo local que no contaminen, reforestación y diversas obras de beneficio social. A esa oposición se suman poblaciones de Guerrero y Michoacán, que se verían igualmente afectadas.

Entre otros argumentos, sostienen que no desean correr la misma suerte de los campesinos y las áreas agrícolas de Lerma y Cutzamala, donde también les prometieron las perlas de la virgen si aceptaban que se trajeran su agua y hoy enfrentan pobreza y problemas sociales y económicos. Agregan que no es justo que la mayoría de quienes habitan la ciudad de México y los 17 municipios conurbados hagan mal uso del líquido y se desperdicie por fugas casi una tercera parte del que corre por la red. No se explican cómo, si el Presidente de la República dice estar empeñado en conservar los recursos naturales y utilizarlos de manera sustentable, la misma secretaría responsable de alcanzar ese objetivo: la Semarnap, alienta políticas contrarias a través de la Comisión Nacional del Agua, una de sus dependencias.

En cambio, proponen una estrategia más sensata en todo sentido: enriquecer con agua de lluvia el manto freático, tratarla lo más posible luego de usarla, evitar que se vaya al mar contaminada, como ahora, reforestar las partes altas de la cuenca de México para así conservar los acuíferos, cobrar lo justo por el líquido dejando el subsidio para los que realmente necesitan apoyo, y una medida urgente: disminuir las fugas en la red de conducción. Si se reducen tan sólo a la mitad, sobra el proyecto Cutzamala, pues habría el agua que ahora se pretende traer de tan lejos. Mas donde se toman las decisiones que afectan a millones piensan diferente: en obras faraónicas que realizan las grandes empresas beneficiadas sexenio tras sexenio con la inversión pública.