El año 1994 no se ha acabado, reaparece como un mal sueño. Parece como si pudiéramos vencer, finalmente, la fuerza de la flecha del tiempo. En la economía y, sobre todo, en el entorno político, ese año sigue marcando la evolución a tropiezos del país. El programa de estabilización apenas ha podido sacar, en términos agregados, a la economía del agujero de la crisis, pero sin poder alterar su funcionamiento esencial. La inflación, por ejemplo, se puede controlar, igual que al final del sexenio pasado, sólo con un tipo de cambio sobrevaluado, sea esto con control por parte de las autoridades monetarias o con un régimen flexible que expresa las ``fuerzas del mercado''. Mientras tanto, las tasas de interés siguen siendo muy altas y, a diferencia de entonces, el sistema bancario no funciona ni se le puede resucitar de manera artificial, haciendo crecer el crédito como lo hizo Aspe hace cinco años. Del bienestar de la población, ni hablar.

El proceso electoral de 1994 tampoco terminó. Junto con la crisis bancaria surgieron las sospechas y, según sostienen algunos, hasta la evidencia de la ilegalidad del origen y la administración de los recursos financieros para la campaña del PRI a la Presidencia. Esta ha sido, sin duda, una historia turbia en la que se han dejado tantas cosas en la oscuridad, que no se ha podido suprimir la incredulidad de la población y en la que están involucrados importantes personajes del sistema político y de éste régimen, en particular. Ni la rasposa aprobación de la ley del Fobaproa, que exhibió la manera en que opera en Congreso, ha podido dejar atrás el asunto. La muy costosa auditoría realizada por Mackey quedó trunca por la falta de información completa, sus resultados fueron desestimados por el gobierno, para el que todo el asunto de la gestión de la crisis bancaria es ya un tema histórico; sabemos, sin embargo, que se está fabricando aquí, un nuevo bumerán.

Y ahora hasta el PAN, que elaboró y promovió esa ley, ha encabezado la controversia constitucional con el poder ejecutivo con respecto a la información de las cuentas del Banco Unión que se estiman esenciales para aclarar el origen de los fondos de la campaña. El PRD seguirá teniendo este tema como modo de poner en evidencia la ilegitimidad política que proclama largamente desde 1988. El antiguo presidente de Unión está en la cárcel, en Australia, y tratando de defenderse; otro personaje de este drama, De Prevoisin, que manejaba Aeroméxico y aportó mucho dinero también, está en Europa y a punto de ser extraditado. Esta madeja tiene, aún, hebras sueltas. En todo caso, la aplicación de la justicia en este asunto ha sido poco convincente.

El año de 1994 fue especialmente notable por la violencia política. En ella destacaron los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. La historia ha resucitado ahora con el suicidio del ex subprocurador Mario Ruiz Massieu. El caso se parece cada vez más al que puede considerarse como un tratamiento clásico del tema, me refiero al texto titulado Política y delito, de HM Enzensberger. Hay un señalamiento en ese libro que resulta especialmente apropiado y, también, digno de pensarse. Parafraseando al autor, se puede decir que la psicología barata que nos asegura que Mario Ruiz Massieu era un caso clínico, merece apenas una seria refutación. No fue ningún demente, sino algo mucho más peligroso: un hombre completamente normal y del todo corriente. Esto quiere decir, que su comportamiento era normal y corriente en el marco del sistema político en el que operaba y del que fue personaje de importancia. Esa es, precisamente, la cuestión.

Esta nueva muerte, y habría que voltear a los lados para ver cuántas ha habido en los años recientes, pone otra vez en cuestionamiento al sistema político que muestra por todas partes signos de desgaste y de rompimiento. Si no puede creerse en la inocencia de Ruiz Massieu como personaje político, la verdad es que tampoco se puede creer en la inocencia de todos los demás involucrados. Este es el tamaño del problema en el que estamos metidos, es decir, en el de la incredulidad prácticamente total con respecto a las interpretaciones de lo que ocurre. Pero, otra vez, parece ser que hay una postura que puede mantenerse firmemente. Más allá de preferencias partidistas, de simpatías políticas o de apoyo electoral a quien pueda constituir un nuevo gobierno, está la demanda por el cumplimiento de la ley. Demanda básica pero, tal vez, la única manera de empezar a recomponer la vida de la nación.