La respuesta de historiadores y académicos al proyecto de trasladar el Archivo General de la Nación es elocuente: ¿para qué meterse en una aventura costosa sin objetivos precisos? Los puntos de vista de la directora del AGN, Patricia Galeana, y de otros investigadores (notas del 8 de septiembre) reflejan una discusión que ocurrió el pasado marzo entre los suscriptores de la lista de correo electrónica h-mexico, que incluye a historiadores en el país y el extranjero. Vale la pena citar algunos de los argumentos que expuse entonces y las respuestas suscitadas.

En primer lugar está el problema material. Las razones para mover el acervo documental de su sede parecen correctas (humedad, hundimiento), pero no está claro cómo se van a resolver los problemas que surgirían con la mudanza: la demora que significarán los meses o años perdidos en lo que los fondos vuelven a ser accesibles; las pérdidas que una operación tan compleja significará para las preciosas cajas y volúmenes que contienen la evasiva materialidad de la memoria histórica nacional. Nadie duda que el gasto de la mudanza y construcción de un nuevo edificio sería enorme. Sólo el gobierno federal podría hacerse cargo del mismo. ¿Podemos exigir y esperar un compromiso semejante de parte del gobierno, cuando lo que salta a la vista son sus recortes al apoyo a la investigación científica y su renuencia a enfrentar la situación de la UNAM? Hay tanto que mejorar en la operación del archivo hoy día (un ejemplo: no hay materiales para microfilmación, cada investigador debe traer su película), que los grandes planes de foliación, digitalización y traslación parecen remotísimos.

La discusión lleva a un segundo aspecto del problema. Los participantes en el debate de marzo se quejaron de ``la sempiterna prepotencia de los funcionarios'', los que simplemente anuncian planes y negociaciones (con el empresario Slim, en este caso) sin preocuparse mucho por discutirlos abiertamente con la comunidad. Para concluir su participación en el debate electrónico, Galeana recordó que la opinión de los investigadores era recabada a diario, entre otros medios, por ``el buzón de `quejas y sugerencias' del AGN''. La respuesta revela que el problema se encuentra en la escala de prioridades que gobierna el diseño y la operación del archivo: en lugar de dar prioridad a las necesidades de los usuarios, cualquier director del archivo que busque mantener cierta estabilidad en su trabajo (los ``sexenios'' en los que mide Galeana la duración de su proyecto) debe, ante todo, dar prioridad a las directivas que vienen de Bucareli. Por eso los firmantes de la carta se dirigieron a Diódoro Carrasco.

Lo que sigue es una modesta proposición, presentada en marzo, que espera ser parte de un debate más amplio y productivo:

Antes de ser relocalizado, el AGN debe ser sustraído del control de la Secretaría de Gobernación. Históricamente, esa dependencia cumple una función que está en directa contradicción con los propósitos de un archivo histórico: ejerce funciones de policía política y control sobre los medios de comunicación, entre otras tareas.

El archivo debería convertirse en una institución semejante en su estructura a una universidad pública u otro tipo de ente descentralizado (el Instituto Federal Electoral, que cumple funciones antes confiadas a Gobernación, es buen ejemplo). Esta autonomía le daría mayor flexibilidad al archivo para responder a las necesidades de los investigadores y de todos aquellos que tienen legítima necesidad de ver los documentos, y para multiplicar sus fuentes de ingresos y sus relaciones con archivos privados y con los de otras ramas del estado, como el poder Judicial.

Un archivo histórico, por definición, busca preservar, organizar y hacer pública la información para todos, así sea con fines críticos. La autonomía serviría para que el AGN fuera mejor representante de la sociedad civil en la constante lucha por abrir el acceso a documentos oficiales -ejemplificada por las investigaciones recientes acerca del 2 de octubre-. La autonomía tendría que venir, por supuesto, con recursos suficientes para garantizar la operación del archivo. De nada sirve, hace falta insistir, un edificio nuevo y bonito si no hay el dinero para usarlo y mantenerlo adecuadamente.

Galeana mencionó en marzo: ``Existe un proyecto de Ley de Archivos que será discutido en la Cámara de Diputados''. Este es el momento para publicar el proyecto y discutirlo ampliamente y no repetir, como sugirió Eugenia Meyer, la confusa experiencia de la iniciativa de ley de patrimonio cultural. Si, como afirma Galeana, los que se oponen a la mudanza ignoran el proyecto, cabe preguntar: ¿dónde está el proyecto?