El conflicto en la Universidad Nacional está derivando en una confrontación de proyectos globales. Al principio, el intento de una minoría por implantar cuotas fue rechazado de una manera imprevista: más de 150 mil universitarios rechazaron el plan del rector Barnés y se manifestaron a favor del diálogo como método para encarar el conflicto; esto ocurrió en la víspera de la huelga.

La interrupción de labores en la UNAM no ha sido encarada como podría esperarse por parte de las autoridades. Parece que a éstas no les preocupa el estado de huelga y, más aún, ha surgido la sospecha de que tales autoridades pretenden usar la paralización de las actividades docentes para convertir la crisis universitaria en argumento de la destrucción de la institución como tal.

El proyecto lo ha descrito con claridad el ex rector Carpizo: crear entre 10 y 12 instituciones nuevas a partir de la actual Universidad Nacional para acabar con el sistemático bloqueo a las reformas que las autoridades han pretendido implantar desde 1986.

Al mismo tiempo, se ha tratado de presentar ridículamente al movimiento estudiantil como un intento de hacer que la UNAM sea regida por un sistema de asambleas espontáneas, compuestas por quienes eventualmente acudan a ellas. Se dice, incluso, que las matemáticas tendrían que votarse en alguna asamblea.

Después de 1968, uno de los sueños de la derecha universitaria ha sido la destrucción de la UNAM, cuyas dimensiones han sido vistas como un obstáculo para un pretendido proyecto académico de excelencia. Hoy, los planes tienen que ver con la asimilación de la Universidad por parte de las grandes empresas nacionales y extranjeras --lo que se considera ``el mercado''--, como el principal elemento rector de la actividad científica y técnica. Se busca, así, separar la investigación y atomizar la docencia, para lo cual es indispensable una mayor dosis de autoritarismo.

La idea de que la Universidad es un instrumento de cambio en la sociedad --no sólo por su capacidad de reproducir el conocimiento y difundir la cultura, sino también de modificarlos-- se quiere sustituir por esa otra de la utilización de la UNAM como medio para impulsar proyectos concretos de carácter empresarial. La universidad pública deja de serlo no solamente cuando se vuelve elitista en su composición, sino también cuando empieza a servir a intereses privados.

El carácter democrático de la Universidad ha sido reivindicado casi desde su nacimiento en el mundo. Sin embargo, la lucha por alcanzarlo sigue vigente en la medida en que cada paso en tal dirección se ha visto acortado mediante la creación de burocracias, como la que hoy dirige la UNAM.

Aunque la historia nos indica que la ciencia se ha votado muchas veces, no obstante la inutilidad de tal método, nadie está hoy confundiendo la democracia universitaria con el desarrollo de la ciencia y la técnica, más que los enemigos jurados de la democracia. La UNAM debe ser democrática, como el país debe serlo también. Mas tal sistema es de carácter político y no podría tener otras pretensiones. La Universidad Nacional, como institución pública, debe dirigirse mediante el método democrático en su administración y en la toma de decisiones que afecten a la generalidad, sin que esto implique votar alguna ley de la física.

El conflicto universitario no es la evidencia de que su tamaño es un defecto (hay universidades mayores que la UNAM y no están en crisis), sino de que su sistema político-institucional no funciona.

Mas el nuevo sistema no tendría que ser definido por el Congreso de la Unión, como lo propone Jorge Carpizo, sino por los universitarios, como lo señala la Carta Magna en su artículo tercero. Por tal motivo, el proyecto de Ley de la UNAM, presentado hace poco en la Cámara, tiene como único propósito dejar en manos de la Universidad la aprobación de su propio estatuto orgánico y de las reglas de su funcionamiento.

La defensa de la UNAM no tendría que basarse en motivaciones tradicionalistas, sino en la apertura del camino de lo nuevo. La Universidad Nacional ha acumulado un potencial humano capaz de hacer grandes cambios si se permite que los universitarios tomen sus propias decisiones y si la Federación deja de recortarle los fondos.

Existe un punto en común entre el rector y los activistas denominados ultras: ambos se oponen a los procedimientos democráticos y a la democracia como sistema político. La falta de aceptación del método democrático es lo que ha hecho posible la huelga y su prolongación. Cada vez que el CGH hace una propuesta de diálogo, el rector inventa alguna escapatoria; cada vez que entre las autoridades o entre los académicos surge alguna idea para el encuentro y la negociación, los jefes ultras se las arreglan para levantar algún obstáculo.

Los verdaderos radicalismos no están ni en el rector ni en los llamados ultras, sino, por un lado, en la abierta propuesta de destruir a la UNAM y, por el otro, en la pretensión de alcanzar un sistema institucional democrático que ponga a la Universidad en manos de los universitarios. Se trata de la lucha entre los demócratas y los autoritarios, situación que distingue una parte de la historia reciente del país.