EL GOBIERNO FEDERAL, declara el Presidente, finca su política en el diálogo, en el respeto a la ley, y en la tolerancia. Pero estas afirmaciones no están respaldadas por los hechos. Lejos de resolverlo, el Presidente agravó al extremo el conflicto armado en Chiapas, con una estrategia guerrerista que desconoció los acuerdos de San Andrés, militarizó la zona de conflicto, creó a grupos paramilitares y mantuvo una agresión sistemática contra las comunidades indígenas. ƑDónde está el diálogo?

El gobierno federal, en contubernio con los sectores reaccionarios de la entidad, ha expulsado a cientos de observadores internacionales. Tan sólo en 1998, el gobierno de Zedillo expulsó del país a 144 observadores. Esta xenofobia se agrava con la movilización de hordas de priístas enardecidos que claman en contra de opositores y observadores nacionales y extranjeros. ƑDónde queda la tolerancia?

Los grupos paramilitares que siembran el terror en Chiapas están intactos. Siguen impunes. En las denuncias más recientes se habla de la aparición de retenes paramilitares, situados enseguida y a poca distancia de los retenes del Ejército y las fuerzas de seguridad pública, realizando, incluso, operativos conjuntos. ƑDónde esta entonces el respeto a la ley?

El gobierno federal se ha negado sistemáticamente a reconocer que los paramilitares operan, agreden, controlan territorio y matan. Fue precisamente esa negligencia y complicidad gubernamentales las que permitieron que sucediera la tragedia de Acteal el 22 de diciembre de 1997, que quedará en la memoria de los mexicanos y será la mancha eterna de este sexenio.

La guerra que se libra en Chiapas contradice cualquier discurso gubernamental que hable de voluntad de diálogo. Zedillo practica una guerra de contrainsurgencia y quiere encubrirla con discursos conciliadores de diálogo, supuesta vocación de paz y labor social, o rehuyendo el tema en sus informes anuales, en su ya conocida incidencia en el autismo político.

Sin embargo, la beligerancia sintetiza la cruda realidad de la política del Presidente. Desde 1995, el gobierno desplegó en la selva una fuerza de miles de efectivos que llegaron a perturbar la vida de las comunidades indígenas, que acarrearon la prostitución, el alcoholismo y sembraron inquietud y terror; los mismos que en 1998 se lanzaron a desmantelar con violencia las cabeceras de los municipios autónomos zapatistas y que en 1999 construyen caminos y campamentos para llevar la guerra a toda la región.

El Presidente incumplió acuerdos discutidos y firmados por sus representantes. Desde entonces, el diálogo está suspendido y las acciones gubernamentales han empeorado el conflicto. Las organizaciones no gubernamentales contabilizan ya a más de mil 500 víctimas de la ofensiva paramilitar contra las bases de apoyo del EZLN, y a más de 20 mil indígenas desplazados.

ƑA esto se refiere la tolerancia que mencionó el mensaje presidencial? Yo diría que sí. Pero se trata de la tolerancia a los grupos paramilitares; de la tolerancia a las hordas enardecidas de priístas coletos que añoran el régimen colonial. Es la tolerancia a un Ejecutivo estatal más militarista que los propios militares. šQué tolerante es el Presidente!

A este fracaso en la política interior, lo calificó de alquimia. Un alquimia que transforma cada problema que pasa por las manos del Presidente en una crisis sin control, y en Chiapas la política federal sólo ha llevado a la exacerbación de todas las contradicciones que componen la guerra social.

La alerta roja ha sido encendida en la selva Lacandona. Cada enfrentamiento que se produzca entre indígenas y soldados aleja a Chiapas del camino del diálogo y lo acerca al de las balas. No existe congruencia entre el discurso del diálogo y los hechos.

Paralelamente, se ha establecido un cerco legislativo que consiste en aprobar reformas locales en materia indígena, remunicipalización y amnistía que violentan groseramente el espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés.

En la Carta Abierta dirigida al EZLN, que ya la gradería oficialista aplaude, no se menciona ni el reposicionamiento del Ejército ni el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Ambos aspectos constituyen preocupaciones fundamentales de la sociedad, de la opinión pública, de las organizaciones no gubernamentales y del Poder Legislativo.

Asimismo, no es posible afirmar que se cumplen los acuerdos de San Andrés si se persiste en la defensa de una iniciativa legislativa unilateral que vulnera esos acuerdos.

La iniciativa es omisa también en el hostigamiento permanente contra la sociedad civil, en los atentados contra las ONG, así como en la agresión de masas xenófobas movilizadas por el gobernador interino de la entidad.

El gobierno federal se engaña a sí mismo si cree que esta iniciativa va a lograr resultados a pesar de sus omisiones fundamentales y del divorcio evidente entre las palabras y los hechos.