Ť Inadmisible, el comportamiento de algunos grupos en Chiapas y UNAM, dice

Carrasco: impediremos que se extiendan conductas desafiantes

Ť Informó de la excarcelación de 37 presuntos zapatistas; es un intento por volver al diálogo, señala

Ť El secretario ratificó que el gobierno incumplirá los acuerdos de San Andrés, asevera diputado

Ciro Pérez Silva y María Esther Ibarra Ť Diódoro Carrasco Altamirano, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), informó ayer que fueron liberados 37 presuntos zapatistas como parte del intento oficial de "encontrar vías de diálogo y recuperar espacios de confianza" con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), luego de advertir que el "desafío a las bases fundamentales de nuestra convivencia" por el que han optado grupos en Chiapas y en la UNAM para plantear y mantener sus reivindicaciones, no será admitido, y tampoco "permitiremos que ese comportamiento se extienda y opere sin acotamientos".

Durante su comparecencia, a la que asistió apenas una quinta parte de los 500 diputados que integran la 57 Legislatura, el funcionario reiteró que ambos "problemas", que ocuparon la mayor parte de su intervención, no tendrán, por parte del gobierno, una solución autoritaria, pero enfatizó que todos los actores sociales y políticos deben adoptar el principio de la democracia como sustento para la búsqueda de soluciones.

Respeto a minorías

"En la democracia, a las minorías, cualquiera que sea su naturaleza o ideología, se les respeta y no se les subyuga, por eso resulta moralmente inaceptable que intenten imponerse mediante la fuerza o la violencia", enfatizó. Señaló que ya no debe prolongarse el conflicto en la UNAM, "que desde hace tiempo debió haberse superado", y aseguró: "Hay un lugar para los zapatistas en el escenario de la democracia. Discutamos cómo alcanzar la reconciliación y el abandono de las armas; discutamos en beneficio de las actuales y futuras generaciones de indígenas de Chiapas".

Insistió en que para el gobierno nada hay que pueda doblegar la voluntad política de resolver los conflictos por la vía del diálogo, y luego reconoció que se han afectado las condiciones para que éste tenga lugar y que las autoridades están decididas a reconstruirlas.

"Es necesario y urgente trabajar en este sentido, pues la ausencia de diálogo está generando en esta región chiapaneca costos humanos de incertidumbre, de más pobreza, de violencia entre las comunidades; costos que son inaceptables para el México democrático que estamos construyendo entre todos", dijo.

En su oportunidad, los panistas interrogaron al secretario sobre la razón que llevó al gobierno a firmar los acuerdos de San Andrés, si no los iba a aplicar. Carrasco respondió que esos convenios se elaboraron en el marco de la Constitución, "no para crear una norma superior a la máxima ley" y que, más allá del reconocimiento de usos y costumbres, no se pueden afectar los derechos de los ciudadanos, "independientemente de su pertenencia a etnia y/o pueblo indígena".

Para el perredista Alvaro Arceo Corcuera, la respuesta del funcionario fue la ratificación "de que los acuerdos de San Andrés no se van a cumplir, por esta o aquellas razones, con esta o aquella argucia legal; lo que se acaba de escuchar aquí es que a fin de cuentas los acuerdos no se van a cumplir. Que cada quien saque sus conclusiones al respecto".

Agregó que en Chiapas no podrá haber un arreglo político duradero "en tanto el Ejecutivo no retire su iniciativa", y censuró la actitud del gobernador sustituto, Roberto Albores Guillén, quien asegura que respeta a los indígenas al mismo tiempo que les arroja las fuerzas armadas.

"Actúa como terrorista mientras se presenta como defensor de los derechos humanos de los chiapanecos todos. En suma, la remoción de Albores Guillén es la remoción de otro gran obstáculo para la paz verdadera en Chiapas", abundó.

Sobre el cerco militar en esa entidad, Carrasco respondió que la presencia del Ejército obedece a una declaración de guerra y que se da "estrictamente" dentro de sus funciones constitucionales. Enfatizó que ningún reposicionamiento se hará sin garantías a la integridad o propiedades de la población en la zona de conflicto.

Los indígenas liberados son Nicolás López Vázquez, Nicolás Mazariegos Pérez, Santiago Sánchez López, Mateo González López o Alvarez González, Tomás Sánchez Gómez, Sebastián Chulín González, Sergio Valdez Ruvalcaba, Tomás Sánchez López, César Rodríguez Núñez Oliva, Antonio Rodríguez Jiménez, Fidelino Cruz Hernández, Andrés Gutiérrez Pérez, Manuel Hernández Pérez y Miguel Hernández Pérez, todos ellos del expediente penal 104/98 y 107/98, involucrados en el asunto Taniperla.

También se liberó a Antonio López Vázquez, Luis Meléndez Medina, Martín Sánchez Gómez, Marcelo Gómez Sánchez, Sebastián Jiménez Gómez, Juan Jiménez Gómez, Francisco Gómez Menéndez, José Sánchez Hernández, Nicolás López Gómez, Francisco López Gómez, Sebastián Gómez Menéndez, José Sánchez Hernández, Claudio Sánchez Hernández, Venancio Sánchez Hernández y Pedro Velázquez Sánchez, algunos de estos con orden de aprehensión pendiente de ejecutar.

Por el asunto Amparo Agua Tinta, quedaron libres Aureliano López Ruiz, Rubén Salazar Guillén, Juan Alfaro Aguilar, Ernesto López López, José Luno Hernández López, Roberto López García y Artemio Calvo Ruiz, a quienes se acusaba de privación ilegal de la libertad.

Carrasco arribó poco después de las 10:30 horas al recinto legislativo de San Lázaro para responder a las interrogantes de los diputados sobre la situación de la política interior del país. Chiapas, el conflicto en la UNAM, la inseguridad pública y la reforma del Estado fueron temas recurrentes en las preguntas planteadas por los diputados.

Zedillo, incompetente y pusilánime, afirma legislador panista

Sobre el último asunto citado, negó que haya pasividad de parte del presidente Ernesto Zedillo, y reiteró que el conflicto universitario debe hallar respuesta al interior de la propia universidad, destacando que existen propuestas importantes, como la de los maestros eméritos, la cual debe tomarse en cuenta.

Sin embargo, también se cuestionó la integridad presidencial. El panista Juan José Rodríguez Prats se refirió a la confesión de "incompetencia y pusilanimidad" del jefe del Ejecutivo, quien, manifestó el diputado, en su quinto Informe de Gobierno aceptó que, "en ocasiones, personas de las que el sentido común dicta que han cometido faltas graves, quedan sin recibir castigo justo", aduciendo deficiencias en la ley.

Lo que no hay, aseguró, "es voluntad para cumplir" la legalidad, y recordó la negativa del Presidente a proporcionar información sobre el financiamiento a su campaña en 1994.

"Como la impunidad se contagia, ahora aflora información en la que los mismos priístas denuncian el uso de recursos públicos en campañas políticas. Manuel Bartlett acusa a Roberto Madrazo de haber gastado 20 millones de dólares del presupuesto de Tabasco en promoción personal". En tanto, Esteban Moctezuma "dice que Roberto Madrazo alteró documentos y que es corrupto".

Abundó: "Francisco Labastida, denodado defensor de Roberto Madrazo en otros tiempos, ahora, en un promocional, acusa (al gobernador con licencia) de que se gastó 110 millones de pesos de los tabasqueños en publicidad política. Y en el colmo de la parafernalia de las acusaciones priístas, Madrazo confiesa, después de negarlo por varios años, y luego de la detención de Carlos Cabal Peniche, que sí aceptó de éste 5 millones de dólares, obviamente en contra de lo que prescriben las leyes, pero que también Ernesto Zedillo recibió dinero de este banquero".

Se trata, aseguró, de delitos probados, autores confesos, pruebas evidentes "y las autoridades mexicanas, ahora sí en el ámbito del Ejecutivo, en este paraíso de la impunidad, no hacen nada".

El tema de la impunidad y la inseguridad pública fue abordado por el también panista Alvaro Elías Loredo, quien se remitió al texto introductorio del funcionario, en el que afirma que en 1988 se redujo 7 por ciento la incidencia delictiva, cifra que se mantiene en 1999, aunque admitió que delitos como el hurto de autos y en casa habitación, el robo con violencia, el homicidio y algunos delitos de crimen organizado siguen en aumento.

El secretario mencionó que más de 90 por ciento de los delitos corresponden al fuero común, por lo que su persecución compete a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal. Este comentario fue cuestionado por Alvaro Elías, quien sostuvo que no existe motivo de justificación y que el Ejecutivo federal debe asumir plenamente, en el ámbito de su competencia, la seguridad pública.