En estos tiempos, lo insólito se vuelve común. El secretario de Gobernación dijo la semana pasada, durante su comparecencia ante el Senado de la República, que quienes ocupan la UNAM lo hacen en defensa de la universidad pública. Esa ''defensa'' está a la vista: mantenerla cerrada ya por cinco meses, destruyendo y robando bienes que son de la sociedad y de la nación; privando de su fuente de trabajo a muchos miles de académicos y de su derecho a formarse a cientos de miles de estudiantes, y poniendo airadamente sobre la mesa demandas en el polo opuesto a la academia.

La defensa del secretario Carrasco de los defensores de la UNAM puede ser letal. La institución de educación superior más importante del país ya ha sido herida de muerte en su "defensa". Si los universitarios se ven imposibilitados para procesar una reforma drástica de la institución, la UNAM morirá pronto como la institución que fue: el mayor proyecto cultural de la nación en este siglo. Caerá en el despeñadero del zafio antiintelectualismo que hoy pudre a la sociedad en tantos espacios.

No existe posibilidad alguna de hacer reaparecer la universidad que existió hasta el 27 de abril. Ahí están sus académicos y bibliotecas, pero las relaciones de la institución con la sociedad se han transmutado ya en profundidad, gracias a sus ''defensores''. Como están las cosas, procesar una reforma de fondo puede volverse imposible para los universitarios, avasallados, como continuarán, entre paristas, grupúsculos ''políticos'', organizaciones ''sociales'' y apoyadores, por un lado, y graves omisiones del gobierno, por el otro.

En cierto momento, el discurso del secretario Carrasco se refirió al problema universitario como ''secuestro'', no obstante lo cual dijo que el gobierno respetará la ''legalidad institucional universitaria'', y que sólo participará en la forma en que lo definan los universitarios, pero que ''de ninguna manera se renuncia ni se renunciará a la aplicación de la ley''.

Es obvio que los universitarios no cuentan ni podrían contar en ningún caso con una legalidad para enfrentar un secuestro, por cuanto la universidad está bajo la íntegra jurisdicción ordinaria de las leyes generales de la República. Es evidente que el gobierno ha renunciado a aplicar la ley, en aras de la ''tolerancia'', según el presidente Zedillo, o debido a (la coartada de) la autonomía universitaria, según la insinuación del secretario Carrasco.

No es la primera vez que la UNAM experimenta un franco desdén del gobierno, so pretexto de la autonomía. La estratagema se halla raída. El gobierno no debería sino asumir su responsabilidad lealmente. No es un asunto de ''buena voluntad'' o ''comprensión'', sino del cumplimiento de la ley. En México el Estado es responsable de la educación nacional en todos sus niveles, aun cuando existan formas legales distintas para su organización.

La autonomía es condición de posibilidad de una buena generación y transmisión de conocimientos. Por eso es necesario un gobierno de la academia autónomo. Pero hasta ahí llega la facultad de los universitarios: autoridad legal para organizar y dirigir la academia, eso es todo. El gobierno no requiere del acuerdo o petición de los universitarios para hacer prevalecer las leyes de la República en su espacio físico. Resulta disparatado que en este país eso tenga que ser escrito en un artículo periodístico.

Lo que el secretario Carrasco ha hecho en realidad es enviar un mensaje al Consejo Universitario y al rector: ustedes resuelvan el conflicto, nosotros no lo haremos. Lo ha hecho con equivocación evidente, malquistándose con la mayoría de los universitarios. Las autoridades de la institución hoy se reúnen y tendrán que decidir, considerando ese mensaje definitivo.

Existen algunas posibilidades de terminar con el conflicto mediante alguna fórmula que acomode al Consejo en su defensa de la legalidad universitaria. El término del paro no es, sin embargo, la restitución de la vida para la institución. La UNAM, subyugada, abrirá en esas condiciones sus espacios al debate interno. Así las cosas, el pantano del empate es altamente probable. La reforma puede no ser, porque el Estado no está dispuesto a asumir su responsabilidad. *