LA PROPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA CHIAPAS es una simple campaña publicitaria. No se trata de "un paso más para solucionar el conflicto", sino de la misma posición que tenía el gobierno desde que se suspendió el diálogo en 1996.
1. Respecto a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el gobierno federal manifiesta que está convencido de dar cumplimiento a dichos acuerdos, para lo cual "remitió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas". También menciona que solicita al Senado de la República integre a sus análisis "otras legislaciones e información" sobre el tema. Asimismo, que establezca la posibilidad de escuchar nuevos puntos de vista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)..."
Como se puede ver, esta propuesta no menciona en ningún momento si el Ejecutivo federal va a retirar su contrapuesta ųque unilateralmente envió al Senadoų ni si esas "otras legislaciones" se refieren a la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que es la que se debió enviar "conjuntamente" por el gobierno y el EZLN al Congreso de la Unión, como originalmente se estableció en los acuerdos de San Andrés. Por otra parte, los "puntos de vista" del EZLN sobre la contrapropuesta del Ejecutivo ya los manifestó en un comunicado desde el 11 de enero de 1997.
2. Propone el gobierno federal un programa calendarizado para "dar cumplimiento pleno a los demás compromisos acordados en San Andrés". No dice si se refiere al documento "compromisos para Chiapas", que forma parte de los mencionados acuerdos de San Andrés. El documento de compromisos para Chiapas establece, entre otras cosas, la creación de una "comisión para la reforma municipal", integrada por diputados de todos los partidos del Congreso local, representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del gobierno del estado y de las comunidades indígenas".
Es del dominio público que la remunicipalización ya la hizo de manera unilateral el gobierno chiapaneco, y al margen de lo que establece ese documento. El gobierno federal no menciona en este punto qué van a hacer con la remunicipalización que Roberto Albores Guillén llevó a cabo, y cuya ley fue aprobada por el Congreso local.
3. En este punto, el gobierno federal "solicita a las instancias competentes la liberación de miembros o simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que no estén implicados en hechos de sangre o violaciones". Esta propuesta es absurda si atendemos a que quienes pueden decidir legalmente sobre la libertad de los detenidos son únicamente los jueces. Por ello, esa afirmación carece de todo sustento legal, a menos que el gobierno federal esté reconociendo que el encarcelamiento de simpatizantes del EZLN ha sido por órdenes suyas, y por tanto puede ordenar su libertad.
4. El gobierno federal afirma que "analizará cuidadosamente las denuncias de hostigamiento y otros ilícitos". En ese sentido, lo primero que debe hacer es sacar al Ejército de las comunidades indígenas donde se encuentra, ya que éste es un acto totalmente anticonstitucional. Asimismo, debe procesar a los militares que han cometido el delito de despojo de tierras ejidales y comunales, ilegalmente ocupadas en perjuicio de los indígenas, además de pagar a las comunidades y ejidos por los daños y perjuicios ocasionados durante todo el tiempo de la ilegal ocupación.
Como se observa, esa carta no contiene una nueva propuesta. Se trata de simples declaraciones abstractas. Según el título del documento, el destinatario sería el EZLN; sin embargo, en el cuerpo del mismo el gobierno federal "solicita al Senado" y "solicita a las instancias competentes", por lo que no se sabe a ciencia cierta cuántos destinatarios tiene. Por otro lado, carece de las precisiones mínimas para considerarlo un documento serio. Los términos en que está escrita la carta muestran que se trata de una nueva tomada de pelo. *