Subsuelo rico, tierra pobre

Eugenio Bermejillo

Todos conocemos la imagen: un hombre salpicado de un oscuro líquido que sale con fuerza de la tierra se arrodilla y emocionado grita: "Petróleo, petróleo." No todos se identifican con este personaje; para la mayoría de los pueblos indígenas los hallazgos petroleros han sido malas noticias. Sin el respeto a su libre determinación, víctimas sistemáticas de la violación de derechos humanos, excluidos de las decisiones que afectan su desarrollo y al margen de los beneficios del crecimiento económico, los indígenas del mundo han aprendido a ponerse en alerta cuando se revela que existen riquezas en el subsuelo de sus territorios.

Desde principios de siglo, así se trate de los khanty de Siberia, los ogoni de Nigeria, los chontales de Tabasco o los ashuar de Ecuador, la actividad petrolera en territorios indígenas ha provocado el despojo de sus tierras, la destrucción de sus recursos y ha sido una amenaza para su supervivencia.

Desde Alaska hasta el Cono Sur se está generando una nueva respuesta de los pueblos indígenas ante los proyectos mineros y petroleros que se les imponen. Ya no se trata de movimientos que resisten resignadamente los trabajos que terminarán provocando la contaminación de su tierra, para después vivir de lo que puedan negociar como indemnización, sino de una respuesta basada, tanto en su derecho a la autonomía, como en la afirmación del valor de su tierra como fuente de biodiversidad y balance ecológico.

Decenas de pueblos americanos han dejado de ser agricultores y artesanos para convertirse en profesionales de la indemnización por daños a sus tierras, explotadas al ritmo que marca la deuda externa de los gobiernos de los países en que habitan. Frente a este panorama empiezan a surgir movimientos indígenas que han puesto un alto a las actividades petroleras desde la fase de exploración.

U'was: "No somos negociadores". Los u'was, pueblo que habita la ladera de los Andes colombianos que baja hacia el Amazonas, ha detenido el negocio conjunto entre la Occidental Petroleum y la Shell para explorar el petróleo en su territorio. Las autoridades tradicionales de este pueblo seminómada se opusieron unánimemente a la explotación petrolera. Y declararon que si no se detenían los trabajos de prospección, repetirían lo que hicieron sus antepasados ante la conquista: saltar de un acantilado de los Andes. Ante la amenaza, las compañías petroleras han reducido las presiones para hacer valer los derechos de exploración que compraron al gobierno colombiano, pero continúan promoviendo otro de los violentos conflictos que enfrentan los pueblos indígenas de América.

Sólo en 1997, ocurrieron 38 asesinatos, 18 masacres, 31 incidentes de tortura y 44 secuestros en la región de Arauca, donde habitan los u'was. Funcionarios de Oxy, como se conoce a la Occidental Petrolum, han exacerbado el conflicto al declarar públicamente que los dirigentes u'was están ligados a movimientos guerrilleros. Tal "acusación" es equivalente a una sentencia de muerte dado el récord de abusos del ejército colombiano.

En 1997 Roberto Cobaría, que preside la autoridad tradicional, fue víctima de un violento secuestro, del que comentó: "Me apuntaron con pistolas a la cabeza y me amenazaron que si no firmaba el acuerdo con las compañías, perdería mi vida. Les dije que me mataran porque no puedo firmar nada a espaldas de mi pueblo". La posición de los u'was no tiene vuelta de hoja. "No somos negociadores. No podemos vender nuestra historia".

Y en una carta abierta de agosto de 1998 (uno de los documentos indígenas más difundidos) declaran:

De ninguna manera vamos a vender la Madre Tierra, hacerlo sería renunciar a nuestra tarea de colaborar con los espíritus en proteger el corazón del mundo, el que sostiene y da vida al resto del universo, sería ir en contra de nuestro propio origen y el de toda existencia.

Una vez más los u'was estamos insistiendo ante el gobierno y las petroleras, para pedirles que entiendan, que nuestra ley es eterna, por eso no la podemos cambiar, aunque todo a nuestro alrededor cambie. Entregar nuestros sagrados mayores, como las montañas y el petróleo, no es posible sin que los u'was sintamos una vergüenza que nos llevaría a la muerte, y no sólo a nosotros, también a la danla, el pajuil, el sientaro, el yopo, la nuezkara y todos los hermanos animales y las hermanas plantas que desde siempre nos han servido de compañía y alimento.

Los u'was conocen de primera mano los efectos que tendría la explotación petrolera. Muy cerca de su región se ubica la estación de bombeo Cano Limón, parte del oleoducto de Arauca, que ha sido un blanco recurrente de la guerrilla. En sus once años de existencia ha sido atacada más de 500 veces, derramando cerca de un millón y medio de barriles de petróleo. (El desastre del Exxon Valdez involucró 36 mil barriles).

El caso colombiano demuestra uno de los extremos de la militarización que acompaña a la actividad petrolera. En 1996 la British Petroleum (BP) firmó un acuerdo por 60 millones de dólares con el secretario de defensa colombiano por el cual se ponía a disposición de la petrolera un batallón de más de 500 soldados para vigilar la construcción de un oleoducto costero. De acuerdo a un reporte filtrado del gobierno de Colombia, la BP colaboró con los soldados locales en acciones de secuestros, tortura y asesinato y pasó información sobre la actividad de los "subversivos" que participaban en manifestaciones en contra de las actividades petroleras.

El ejemplo ashuar. La lucha que ha emprendido el pueblo ashuar, en la Amazonía del Ecuador contra la petrolera estadunidense ARCO, es un importante ejemplo de lo que puede hacer un puñado de comunidades, armadas de buenos planteamientos y apoyados por una amplia alianza internacional. ARCO compró al gobierno de Ecuador derechos de exploración en la selva amazónica, que incluyen una porción considerable del territorio ashuar. Salvo por las labores de exploración, este territorio no ha sido penetrado hasta ahora por proyectos madereros, mineros o ganaderos y es uno de los rincones con mayor biodiversidad del planeta.

A lo largo de toda la década, los ashuar han participado en las poderosas organizaciones indígenas ecuatorianas, como la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, que en 1992 organizó una histórica marcha en la que dos mil indígenas recorrieron más de 450 kilómetros a la ciudad de Lima y, junto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), consiguieron el reconocimiento del derecho de los pueblos amazónicos del Perú a más de un millón de hectáreas de selva.

Los ashuar se han opuesto a la explotación petrolera y, asesorados y apoyados por una coalición internacional de organizaciones indígenas, civiles y ecologistas, proponen que una porción de la selva se convierta en reserva biológica en los términos que dispone el Protocolo de Kyoto de 1997. Esto significa formar un mecanismo de desarrollo que permita a la zona colaborar en la absorción del dióxido de carbón liberado por el uso de hidrocarburos. Por este medio el gobierno ecuatoriano podría cancelar una parte de su deuda externa, a cambio de conservar áreas boscosas indispensables para desarrollar los requerimientos del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU.