Ť Su deuda quedará flotando en el limbo, señala López Obrador en un libro

Fobaproa: inmenso boquete en las finanzas públicas de México

Ť Originará drásticos recortes en el gasto educativo, de salud y en el sector energético del país

Ť El gobierno privilegia los intereses financieros sobre las demandas sociales, dice el político

La próxima semana comienza a circular el libro de Andrés Manuel López Obrador titulado Fobaproa: expediente abierto, editado por Grijalbo. La obra en cuestión incluye un disco compacto donde se incorporan 2 mil 600 cuartillas de información sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

El capítulo que enseguida se publica fue proporcionado a La Jornada en forma exclusiva por el autor y ahí se abordan los recovecos del controvertido fondo bancario, cuya historia aún no concluye.

Costos del desbarajuste tecnocrático

El caso Fobaproa muestra con claridad que la política económica del gobierno tiene como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aun sobre el interés público. Más allá del discurso neoliberal e incluso del fundamentalismo tecnocrático está el hecho evidente de que la política económica busca la prosperidad de unos cuantos, sin interés alguno en el destino del país y, mucho menos, en los reclamos de todo un pueblo que se ahoga en la injusticia y la pobreza.

En la práctica, el gobierno está convertido en un comité al servicio de un puñado de especuladores y traficantes de influencias. Sólo así se explica que el gobierno haya considerado más importante el rescate bancario que el bienestar de la mayoría de los mexicanos.

Durante los últimos cuatro años, 1995-1998, el gobierno destinó recursos del presupuesto público por cerca de 100 mil millones de pesos para el programa de saneamiento financiero. En 1999 se ha aplicado un presupuesto de 30 mil millones de pesos para ese fin.

Para darnos una clara idea de cómo se está llevando a cabo esta entrega de recursos públicos a los bancos, veamos los ejemplos siguientes:

El Citibank, dueño de Confía, recibirá del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año 6 mil 465 millones de pesos; el Banco Santander Mexicano, 5 mil 507 millones; Promex, 5 mil 153 millones; Banorte, 4 mil 347 millones, y Bilbao Vizcaya, 4 mil 034 millones de pesos. En cambio, por sólo mencionar las grandes instituciones de educación superior, la UNAM recibirá 7 mil 500 millones de pesos; el Politécnico, 3 mil 583 millones; la UAM, mil 326 millones, y la Universidad Pedagógica Nacional ejercerá 245 millones de pesos de presupuesto.

Asimismo, mientras los banqueros tendrán en 1999 todo un festín presupuestario, el gasto en salud para la mayoría de los mexicanos será verdaderamente raquítico: el Hospital General tendrá 672 millones de pesos; el Juárez, 245 millones; el Instituto de Cardiología, 258 millones; el de Nutrición, 320 millones; el de Pediatría, 338 millones; el Infantil, 331 millones, y el de Psiquiatría, 73 millones de pesos.

Podemos mencionar los casos de universidades estatales y de hospitales regionales y locales, y la suma que se gastará en estas instituciones de educación y salud para el pueblo siempre será menor que el pago a bancos. Es más, este año recibirá más presupuesto anual un banco que estados de la Federación como Tlaxcala, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Baja California Sur, etcétera.

Por eso, también es falso el discurso del gobierno en cuanto al combate a la pobreza. Ahí está el caso del Progresa. Este programa clientelar y electorero tiene un presupuesto de 8 mil millones de pesos, para mantener en lista de raya a tres millones de familias pobres que reciben alrededor de 800 pesos bimestrales, mientras el rescate de Banca Serfin costará 77 mil millones de pesos, casi diez veces más que el presupuesto para el Progresa.

Pero lo más grave es lo que vendrá. La deuda que se legalizó con el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario es de alrededor de 850 mil millones de pesos, superior a la deuda externa (737 mil millones) y a la deuda interna (550 mil millones de pesos).

El enorme boquete que significa el Fobaproa tiene dimensiones nunca antes vistas en la historia de las finanzas públicas del país. En este año, la deuda pública, incluido el Fobaproa, representa 45.8 por ciento del producto interno bruto, es decir, casi la mitad de toda la riqueza que México producirá en 1999.

Ante el impacto que tendrá el Fobaproa en el presupuesto nacional, sólo hay cuatro opciones desafortunadas: recortar el gasto, incrementar los impuestos, aumentar el déficit fiscal o vender bienes de la nación. Es decir, bajo cualquier escenario, el costo del Fobaproa va a ser oneroso para la sociedad.

No obstante, los funcionarios públicos siguen apostando a la simulación. En el Memorándum de Políticas Económicas y Objetivos del gobierno federal y del Banco de México para el periodo 1999-2000, suscrito por el secretario de Hacienda y el gobernador del banco central con el Fondo Monetario Internacional, deliberadamente se excluye la deuda contraída en el rescate bancario, aunque se reconoce que ''las transferencias presupuestales para el apoyo y la restructuración bancaria tendrán como objetivo cubrir el monto total del componente de intereses reales sobre los pasivos del IPAB a partir del año 2000, de tal forma que dichos pasivos no se incrementen en términos reales''.

Lo anterior significa que la deuda del Fobaproa no se contabilizará en el presupuesto federal, sino que quedará como deuda clandestina, flotando o en el limbo. Pero, eso sí, habrá que pagar intereses reales de 11.5 por ciento, es decir, la tasa de interés de Cetes más dos puntos (24 por ciento), menos la tasa de inflación (12.5 por ciento).

En números, según nuestra proyección, la deuda del Fobaproa ascenderá a 956 mil millones de pesos para el año 2000 y demandará un interés total de 229 mil millones de pesos, de los cuales se pagarán en efectivo, con cargo al presupuesto de ese año, 110 mil millones de pesos y el resto (120 mil millones) se acumulará al valor de la deuda, que en el 2001 ascenderá a un billón 76 mil millones de pesos. Y así, año con año se hará cada vez más grande la montaña de deuda gracias al rescate bancario.

Ahora bien, aun si se cumplen las proyecciones previstas por el gobierno, el impacto que implicará pagar sólo los intereses reales que genera la deuda del Fobaproa llevará irremediablemente a la reducción del gasto programable.

Según nuestros cálculos, si no hay un aumento sustancial en los impuestos y no se incrementa el déficit público, el gasto programable caerá en casi cinco puntos del producto interno bruto, pasando de 15.3 por ciento en 1999 a 10.8 por ciento en el año 2000, al tiempo que crecerá en esa proporción el gasto no programable, en particular el destinado al pago de intereses de la deuda.

Si el gobierno opta por no aumentar los impuestos, manteniendo el mismo déficit fiscal, el gasto programable se tendrá que reducir de 580 mil millones de pesos en 1998 a 441 mil millones en el 2000 y a 555 mil millones en el 2003 (en pesos de 1998). Es decir, la reducción real sería de 24 por ciento entre 1998 y 2000, y aun en el año 2003 quedará 4 por ciento por debajo del gasto de 1998.

En otras palabras, existe la posibilidad de que el gasto en educación baje de 128 mil millones de pesos en 1998 a 97 mil millones en el 2000; el de salud, de 75 mil millones a 57 mil millones, y el gasto en el sector energético, de 122 mil millones de pesos a 93 mil millones en el mismo periodo.

Por otro lado, tengamos presente que la deuda interna sólo puede reducirse mediante el incremento del superávit primario (es decir, cuando son más los ingresos que los gastos), o mediante el intercambio de deuda en poder del sector privado por activos del sector público. Esto fue lo que se hizo durante el sexenio de Salinas con la venta de bienes de la nación.

Sin embargo, en todo el sexenio salinista sólo se obtuvieron 30 mil millones de dólares por la venta de la minería, el acero, el turismo, los teléfonos, los seguros, la banca, los fertilizantes y múltiples empresas estatales. Pero, a diferencia de entonces, ahora ya sólo nos quedan el sector eléctrico y Pemex.

Como quiera que se le vea, el futuro de la economía del país es incierto. Las finanzas públicas están virtualmente en quiebra. Sólo el milagro de precios del petróleo muy altos podría atemperarla. Hacia delante tendrá que buscarse una solución de fondo. Lo primero debe ser dejar de ocultar el tamaño de la deuda pública derivada del Fobaproa, y hacer a un lado la doble contabilidad que se pretende manejar, la cual todavía no sabemos en qué condiciones la está aceptando el Fondo Monetario Internacional. ƑLas elecciones en Estados Unidos?, Ƒla privatización de la industria eléctrica?, Ƒel petróleo?

Luego tendrán que venir las alternativas ųreforma fiscal, austeridad, combate a la corrupción, eficiencia administrativa, etcéteraų, buscando el menor costo social y sin continuar vulnerando la soberanía. Pero en cualquier escenario, el pueblo exigirá a los responsables de esta crisis la reparación del daño y la rendición de cuentas.

Por eso, el caso del Fobaproa no está cerrado, ni es cosa juzgada, sino un expediente abierto.