LA JUSTICIA ES LENTA, PERO LLEGA

La justicia argentina procesará al general Jorge Videla y al almirante Emilio Massera, integrantes de la Junta Militar dictatorial que torturó e hizo desaparecer a decenas de miles de argentinos a partir del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1976. Pero no podrá juzgarlos por esos crímenes ni por violar la Constitución, ya que los gobiernos de Raúl Alfonsín, primero, y del presidente Carlos Saúl Menem, después, otorgaron la amnistía a los culpables de terrorismo de Estado y de genocidio, que habían sido ya procesados y condenados durante el gobierno de la Unión Cívica Radical del primero de los mencionados.

En efecto, esta vez los tribunales deberán someterlos a juicio penal por el secuestro y la apropiación de niños nacidos en cautiverio de madres presas y asesinadas después de dar a luz, delito que es imprescriptible. Esta decisión se une a la anterior condena personal al ex general genocida Suárez Masson, que deberá pagar una fuerte indemnización a los parientes de sus víctimas, y refleja un importante proceso político.

Por un lado, en efecto, la presión de los altos mandos de las fuerzas armadas, que cubrían por espíritu de cuerpo a los genocidas, se ha debilitado mucho, ya que el actual comandante en jefe del ejército, general Balza, no participó directamente en tales matanzas y crímenes (por estar en el extranjero) y trata ahora de limpiar la imagen castrense. Pero, sobre todo, porque las fuerzas armadas pesan mucho menos en la política nacional (a causa de la reducción del número de sus efectivos y de su poder económico, entre otras cosas debido a las privatizaciones) y porque casi un cuarto de siglo después del golpe militar y sus horrores, los sobrevivientes han perdido el miedo al terrorismo militar y la nueva generación no lo ha conocido.

Este aumento del peso de la sociedad civil, junto con el descrédito del presidente Carlos Menem (que hasta ahora ha protegido a los militares asesinos) hace posible la existencia de jueces con mayor independencia y apego a la democracia.

A su vez, la mundialización, que hace posible la exigencia internacionial de castigo a los genocidas, como en el caso del general Augusto Pinochet, y que debilita la resistencia castrense en Chile, estimula a los defensores de los derechos humanos argentinos.

Este efecto positivo de la mundialización se injerta en la protesta política y social de la mayoría de los argentinos y refuerza, por lo tanto, la exigencia de justicia y democracia. La justicia puede tardar, ya que su camino está lleno de obstáculos y vericuetos, pero tarde o temprano llega, para bien no sólo de los hermanos argentinos sino de todo nuestro continente, para el cual era y es una afrenta la impunidad de los dictadores.