Solución negociada en la UNAM, plantean académicos de la Facultad de Economía

Señora directora: Solicito la publicación de la presente.

Al H. Consejo Universitario; al Consejo General de Huelga; a la comunidad universitaria.

El Colegio de profesores de la Facultad de Economía, en su reunión del 7 de septiembre del año en curso acordó:

a) Hacer un enérgico llamado al Consejo Universitario para que retome el espíritu de la propuesta de los ocho profesores eméritos, en el sentido de "generar una solución negociada", siendo coherentes con la aprobación que hizo de la misma como base para la solución del conflicto que actualmente vive nuestra universitad.

b) Solicitamos al Consejo Universitario, nombre a la brevedad posible a la comisión negociadora, y sin falsos condicionamientos se reúna de inmediato con el CGH para que conjuntamente elaboren una propuesta de solución al conflicto, como de hecho lo han propuesto los consejeros independientes a quienes reconocemos su valioso esfuerzo. Sólo a través del diálogo es posible generar "una solución negociada y digna para todos".

c) Los llamados al diálogo y a la interlocución, de tantas voces universitarias razonables y honestas, han sido reiteradamente desoídos o ignorados por algunas autoridades universitarias, que parecen estar de acuerdo en prolongar ad infinitum, situación que degrada el espíritu y la lucidez universitaria, lesiona nuestra dignidad como institución y pone en grave peligro el futuro de nuestra universidad. Exhortamos a los miembros del Consejo Universitario asuman la responsabilidad de defender nuestra universidad, oponiéndose honorablemente a toda presión o táctica dilatoria proveniente de la rectoría, su papel de representantes de la comunidad les otorga independencia de las autoridades para retomar su función de máximo órgano de gestión colegiado de la UNAM.

d) Para atender de manera expedita y eficiente las tareas harto delicadas por las que atraviesa la universidad, solicitamos que el Consejo Universitario se declare en sesión permanente.

e) Al Consejo General de Huelga, en ese mismo espíritu universitario, se conduzca con los procedimientos democráticos y respetuosos que exigen de las autoridades, y lo instamos a no reproducir los lamentables métodos de satanización, manipulación, descalificación y agravio que parecen predominar en ciertos ámbitos institucionales deteriorados y enfermos de poder, si es que quieren ser respetados y reconocidos como parte de la conciencia crítica y de la esperanza de nuestra universidad.

Por la mesa directiva del Colegio de Profesores, Agustín Andrade, Sergio Cabrera y Rafael Núñez

Condenan diputados del PRD ataques al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro

Señora directora: Solicitamos publique la siguiente carta:

Doctor Ernesto Zedillo, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Presente.

El Grupo Parlamentario del PRD condena enérgicamente las agresiones y amenazas de muerte anónimas que han sido dirigidas contra miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en especial contra la licenciada Digna Ochoa y Plácido, coordinadora del área jurídica de esa organización no gubernamental.

El 7 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro recibió de nuevo más amenazas de muerte a través del correo ordinario. Hace apenas cinco días, el 3 de septiembre, el centro había recibido también vía correo ordinario, tres sobres que contenían amenazas anónimas de muerte. Las amenazas están dirigidas a todos los miembros del Centro Prodh. Estas amenazas están inmediatamente relacionadas con el asalto que sufrió la abogada Digna Ochoa el 9 de agosto.

Consideramos que estas agresiones y amenazas constituyen un atentado contra todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que trabajan en el país. Creemos que los hechos referidos ponen en grave riesgo a los organismos sociales de nuestro país y representan una muestras palpable de la intolerancia contra todos aquellos que pretenden defender el estado de derecho y los esfuerzos para eliminar la impunidad en México y lograr el respeto íntegro a las garantías individuales y derechos humanos de los mexicanos.

Hacemos totalmente responsable al gobierno federal de la seguridad física y psicológica de los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. No es posible que en México el gobierno federal se ufane de una política de pleno respeto a los derechos humanos y permita al mismo tiempo la violación impune de esos derechos y las amenazas contra abogados y activistas de derechos humanos.

Exigimos: que cese de inmediato toda campaña de agresión, hostigamiento y amenazas contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Que se garantice la integridad física y psicológica de todos sus integrantes.

Que se investigue el origen de las amenazas y se consigne penalmente a sus ejecutores tanto intelectuales como materiales.

Atentamente
Por el Grupo Parlamentario del PRD. H. Cámara de Diputados, diputado Gilberto López y Rivas

Aclaración a una nota sobre el estado que guarda el Archivo General de la Nación

Señora directora: Con relación al reportaje sobre el estado que guarda el Archivo General de la Nación, desearía hacer algunas precisiones a la entrevista telefónica que me hizo Angel Vargas.

En efecto, existe un consenso significativo entre académicos, investigadores y usuarios diversos, a fin de que se resuelvan los problemas de preservación y salvaguarda de la memoria histórica de los mexicanos en la actual sede del AGN. La iniciativa que al respecto se envió al secretario de Gobernación constantemente registra nuevas adhesiones, recibidas a través de [email protected].

En la conversación seguramente se dio un malentendido, pues el reportero me adjudica el comentario de que "existe la opción de otros edificios en la ciudad de México, como podría ser la Hemeroteca Nacional de Ciudad Universitaria". Mi referencia a la Hemeroteca fue sólo para dar un ejemplo de salvaguarda documental, toda vez que el patrimonio hemerográfico de los mexicanos se encuentra en custodia y comodato de la UNAM, y de ninguna manera he pensado, menos aún sugerido, que pudiera servir de sede alterna al acervo del AGN.

Aprovecho para expresar nuestra preocupación frente al reiterado señalamiento de la directora general del AGN, en el sentido de que los documentos "serán foliados, sellados y digitalizados..."; el hecho de "foliar" y "sellar" un documento atenta contra la integridad física del mismo y violenta normas internacionales de preservación y conservación de materiales.

Atentamente
Eugenia Meyer

Argumenta sobre la pertinencia de los servicios médicos públicos

Señora directora: Mucho le agradeceré que publique esta carta en El Correo Ilustrado.

Dada la tendencia a favor de la privatización de los servicios médicos públicos, considero oportuno y necesario dar a conocer el contraste entre algunos de los servicios médicos que miembros de nuestra familia han recibido de parte del ISSSTE, en comparación con el trato recibido de dos compañías aseguradoras en la única vez que hemos recurrido al "seguro de gastos médicos mayores".

A fines de 1995 mi tía, Ofelia Ortega Gómez de 83 años de edad, fue operada de la vesícula biliar con éxito en el Hospital Castañeda del ISSSTE. Del 10 de marzo al 11 de mayo de 1996, ella estuvo internada en el Hospital Primero de Octubre de la misma institución afectada de neumonía, en donde a pesar de la buena atención que se le prestó no logró finalmente sobrevivir.

Considero que hubiera sido imposible que una compañía aseguradora hubiera cubierto los costosos y largos servicios que necesitó mi pariente.

En julio de 1997, mi hijo Iván Ortega Valdivia sufrió una fuerte caída de una bicicleta y recibió una magnífica atención en el Hospital Zaragoza del ISSSTE, en donde ante mi ofrecimiento de hace uso del "seguro de gastos médicos mayores", el personal de la institución opinó que no era necesario.

La Compañía Seguros Monterrey Aetna, el 27 de abril de 1998 autorizó una operación que le practicaron a mi esposa Martha Eloísa Valdivia de Ortega, el 5 de mayo de 1998; al día siguiente de la operación, un representante de dicha compañía se presentó a la paciente, aún internada, para comunicarle que su aseguradora sólo pagaría el primer día del servicio hospitalario y que no cubriría los honorarios médicos. Hasta la fecha no hemos logrado que se nos cubra el complemento de los gastos de esta intervención quirúrgica, ni por parte de la Compañía Monterrey Aetna, que programó la operación, ni por la de Seguros Comercial América, quien ganó el concurso de licitación pública que adjudicó el contrato de gastos médicos mayores de mi institución a partir del 3 de mayo de 1998. Recurrimos a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, donde pudimos observar que, al menos en nuestro caso, dicha institución, a pesar de su nombre, fue claramente parcial a Seguros Monterrey Aetna, a pesar de que en el contrato celebrado con nuestra universidad claramente establece la "ampliación del periodo de pago de bonificación hasta dos años".

Mis conclusiones de estas experiencias son: por un lado, la superioridad en eficiencia y trato humano de la medicina pública frente a los servicios proporcionados en este renglón por las compañías de seguros y, por el otro, la necesidad de defender la permanencia y desarrollo de la medicina pública.

Atentamente
Rafael Angel Ortega Paczka