n Si las soluciones no se decretan o imponen, se habla de ingobernabilidad, reclamó


Se respetará la legalidad institucional universitaria, dijo Carrasco a senadores

n El problema en la institución y el de Chiapas "parten de causas justas": el titular de Gobernación

José Gil Olmos y Andrea Becerril n Ante el Senado de la República, el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, se comprometió a que el gobierno federal respetará la "legalidad institucional universitaria" y sólo participará en el conflicto de la UNAM en la forma en que lo definan los universitarios. Dijo que no se hace uso de la fuerza pública para no profundizar el conflicto; no obstante, aclaró que "de ninguna manera se renuncia ni se renunciará a la aplicación de la ley".

"Reafirmamos el compromiso de vigilar que la ley no se trasgreda y de hacerla cumplir, si fuera el caso, según los procedimientos judiciales correspondientes", advirtió el responsable de la política interior antes de considerar el paro estudiantil como un "secuestro" .

El tema de la UNAM fue abordado por Carrasco Altamirano al mismo tiempo que el de Chiapas. Reconoció que ambos parten de causas justas como la reivindicación indígena o la defensa de la educación pública, pero advirtió que al mezclarse con circunstancias como la violencia o el irrespeto a los derechos de los otros, "pueden incurrir en acciones que ya no son justificables en un régimen democrático". El asunto fue abordado por varios legisladores. El senador del PRD Higinio Martínez preguntó que si el gobierno rescató a la banca con el Fobaproa, por qué no lo hacía con la UNAM. En respuesta, el secretario señaló que la dotación de recursos ni el RGP son ya el centro del debate del conflicto universitario, y que si así fuera, ya hubiera sido resuelto.

Indicó que son varios los temas del conflicto planteados por estudiantes, autoridades y académicos, y que lo fundamental ahora es construir un acuerdo o salida política con las propuestas de las partes y levantar la huelga.

Sostuvo que el gobierno federal, con estricto respeto a la autonomía universitaria, "va a seguir estimulando salidas políticas basadas en la tolerancia, la conciliación, el dialogo y el respeto a la ley".

Por su parte, el senador del PAN Francisco Xavier Salazar Sáenz reiteró su demanda de intervención de la fuerza pública en el paro de la UNAM, y habló de la presencia de grupos ajenos a los estudiantes, como el EZLN y el Frente Popular Francisco Villa. En tono exigente cuestionó: "ƑQué entiende Gobernación por autonomía y el respeto a ésta? ƑCuando algún delito se comete dentro del campus universitario puede quedar impune?". "Es inadmisible que la autoridad que protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen pregunte a la ciudadanía cómo y cuándo debe aplicarse la ley". Aclarando que nadie quiere que el Ejército entre a la UNAM y ocurra otro 68, aseveró a Carrasco: "no basta con expresar preocupación o lamentar la situación; me parece que su secretaría debe asumir su responsabilidad".

El funcionario insistió: el "Presidente de la República fue muy claro al enfatizar que cualquier uso de la fuerza pública en el caso de la UNAM y asuntos similares tenía que fundarse en dos ejes: la legitimidad y la legalidad". Rechazó que haya información sobre fuerzas ajenas en el conflicto universitario, y dijo que autoridades de la UNAM no han presentado denuncia alguna que demande el ejercicio de la fuerza pública.

Del Programa Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación recibió las críticas del senador del PAN, Francisco Javier Molina, quien calificó de fracaso las acciones tomadas por la dependencia, entre ellas la de sumar a la Policía Federal Preventiva (PFP) a casi 5 mil militares. "Ha sido errática y confusa, y nos lleva a concluir que hay un esquema fracasado y una improvisación en el manejo del tema", aseveró, al calificar de ilegal la presencia militar en la nueva institución policiaca. Sobre este punto, Carrasco Altamirano dijo que la incorporación de los elementos de la Policía Militar a la PFP se ajusta a las leyes porque se basa en un convenio temporal con la Secretaría de la Defensa Nacional, y reconoció que la estrategia de lucha contra el crimen organizado ha sido difícil, porque se trata de profesionalizar a miles de policías, mejorar la estructura y modernizar equipo.

Por otro lado, al iniciar la glosa del V Informe presidencial, y en respuesta a la crisis en la relación entre Ejecutivo y Legislativo luego de la polémica respuesta a aquel por parte del panista Carlos Medina Plascencia, el secretario criticó a quienes, dijo, como reflejo de una cultura formada en el autoritarismo, quieren identificar la democracia con la confrontación perpetua.

"Se hace la crítica formal del presidencialismo, pero se quiere un Presidente como figura que por sí misma concentrara virtud y defecto de todos los problemas y todas las soluciones; se rechaza la acción autoritaria, pero si la autoridad no decreta soluciones ni las impone se dice que hay ingobernabilidad", dijo.

n El bioterio, "en riesgo de perderse"; piden al CGH "enderezar su incongruencia"


En Química sacrificaron a "20 mil" ratones trasgénicos

Karina Avilés n Al llamar al Consejo General de Huelga (CGH) a que "enderece su incongruencia" de no permitir el trabajo de investigación en la Facultad de Química (FQ), académicos del posgrado de esa dependencia informaron que recientemente fueron sacrificados "20 mil animales trasgénicos" --cuyo costo ascendería a 3 millones de dólares-- al no recibir el cuidado suficiente porque los paristas impiden la entrada del personal requerido para la atención de los mismos.

La coordinadora del Posgrado en Ciencias Químicas, Nora Barba, explicó que el bioterio de la FQ que suministra estos animales (ratones) para realizar investigación, está en serio riesgo de "perderse" debido a que lleva cuatro meses paralizado. Esto, dijo, traería como consecuencia la pérdida de miles de millones de pesos.

En ese sentido, indicó que 20 mil ratones, con un costo de 150 dólares cada uno, fueron sacrificados porque no hay suficiente personal para su cuidado y además, los animales no se pueden vender porque "no los dejan sacar" de las instalaciones. Para mantener el bioterio en condiciones adecuadas se requieren por lo menos 20 personas, y se ha visto afectado al ser sólo cuatro las que han tenido acceso a éste durante la huelga, puntualizó.

Por su parte, Carlos Amador, académico de la División de Estudios de Posgrado, indicó que esa facultad --a diferencia de otras como la de Ingeniería, Medicina, Veterinaria y Ciencias--, no ha podido continuar con la investigación. Al enfatizar que es la tercera dependencia universitaria en cuanto a productos de investigación, llamó al CGH a que "enderece su incongruencia" de mantener frenados "totalmente" los trabajos de investigación.

Asimismo, manifestó que hay otros compromisos extrainstitucionales en los que es imposible que las agencias externas se ajusten a la huelga. "Los animales tienen valor comercial, pero el resto de la investigación no lo tiene", por lo que es difícil recuperarla en tiempo y esfuerzo, además del daño que esto causa al prestigio de la UNAM y al servicio que ésta proporciona a la sociedad.

Los académicos expresaron que la huelga también ha afectado convenios nacionales e internacionales y proyectos con institucionales gubernamentales, y ante los incumplimientos, "puede haber demandas" contra la universidad, expresó Nora Barba, quien informó que en el posgrado de Ciencias Químicas se redujo a la mitad la demanda de los alumnos con respecto al año anterior.

Por otra parte, al preguntársele si el establecimiento de condiciones por parte del Consejo Universitario ayuda a destrabar la problemática, Barba señaló: "Es otra forma de acercarse al conflicto, no ponerlas no ha funcionado". Y preguntó: "ƑDe qué lado estamos hablando cuando se dice intransigencia, unilateralidad o falta de comunicación?...las palabras que ellos usan podíamos voltearlas al otro lado".