Adelfo Regino Montes
¿Voluntad de paz?

Afirman en nuestras comunidades que la palabra sólo es verdadera cuando va acompañada de hechos. Para los pueblos indígenas del país nada es más valioso que la palabra cumplida. El incumplimiento de la palabra y la falta de hechos concretos que abonen el terreno de la paz en Chiapas y en México han sido los problemas centrales que han impedido la realización de un proceso de paz verdadero que permita dar solución a las causas que originaron el levantamiento armado del EZLN.

¿Cómo recuperar el valor de la palabra? ¿Cómo reflejar la palabra en los hechos? ¿Cómo recuperar, a través de la palabra y los hechos, recuperar la confianza hacia un diálogo verdadero entre el gobierno federal y los zapatistas? Estas son algunas de las preguntas centrales que deberían tomarse en cuenta para integrar una estrategia de paz.

Es necesario recordar que después de la firma de los primeros acuerdos sobre derechos y cultura indígenas el gobierno federal enmudeció radicalmente en las deliberaciones de la mesa sobre democracia y justicia. Pero no sólo calló, sino que simultáneamente las provocaciones de los grupos paramilitares fueron en aumento. En la práctica, quien suspendió el diálogo fue el gobierno federal y no el EZLN. Esta es la realidad.

Frente a estos hechos adversos al diálogo, el EZLN manifestó su inconformidad y expresó cinco condiciones para retomar el camino del diálogo. Algunas de ellas fueron cumplidas parcialmente, como es el caso de la constitución de la Comisión de Seguimiento y Verificación, que en noviembre de 1996 quedó formalmente integrada, aunque después nunca funcionaría. Se intentó implementar otras conjuntamente, como la reforma constitucional sobre derechos indígenas. Para posibilitarlo se mandató a la Cocopa, a fin de que en una especie de arbitraje elaborara una propuesta basada en los acuerdos signados, misma que debería enviarse conjuntamente al Congreso de la Unión, en tanto instancia de debate y decisión nacional. El gobierno Federal aceptó el arbitraje de la Cocopa, pero luego inclumplió su palabra. Desde entonces el EZLN se preguntó: ¿cómo podemos negociar y pactar acuerdos con alguien que no cumple su palabra? ¿Qué sentido tiene concretar acuerdos si éstos no se cumplen?

¿En quién recae la responsabilidad de reiniciar el diálogo? Sin duda alguna, el gobierno federal tiene la palabra, y para asumir su responsabilidad necesita emprender iniciativas de fondo que den solución a las condiciones planteadas por los zapatistas. Dar este paso de fondo es lo que hace falta en el conjunto de propuestas del gobierno federal en la carta abierta al EZLN publicada en días pasados.

La falta de voluntad gubernamental para dar soluciones de fondo hace que sigan en el aire muchas interrogantes, como: ¿qué mecanismo jurídico-político debe usarse para retirar la iniciativa presidencial de reformas constitucionales sobre derechos indígenas? ¿Cuáles instrumentos legales deben usarse para que el EZLN y el gobierno federal envíen conjuntamente al Congreso de la Unión la propuesta de reformas constitucionales planteada por la Cocopa? ¿Qué se propone para distensar la situación político-militar en las regiones indígenas de Chiapas, desmilitarizando la zona?

Determinar el mecanismo al interior del Senado para que las comisiones dictaminadoras integren a su análisis las legislaciones e informaciones en materia de derechos y cultura indígenas a la luz de los acuerdos de San Andrés es una tarea cuyos resultados no implican el cumplimiento de los acuerdos de San Andres en los términos planteados por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), como lo demandan el EZLN y muchas comunidades y pueblos indígenas del país.

Plantear que los documentos (trátese de legislaciones o información sobre derechos indígenas) sean enviados conjuntamente por el gobierno federal y el EZLN al Senado de la República no significa de ninguna manera cumplir con el compromiso de ``enviar conjuntamente a las instancias de debate y decisión nacionales'' los acuerdos de San Andrés.

Pedir al Congreso de la Unión que dictamine una reforma constitucional con base en el texto de la iniciativa presidencial, a la iniciativa del PAN, a la iniciativa del PVEM, con el apoyo de otras legislaciones y documentos, no significa más que impulsar un marco constitucional sobre derechos indígenas que no traerá paz a Chiapas ni a vastas regiones indígenas del país. Reforma constitucional indígena y paz son dos conceptos que no se pueden separar.

Ignorar las medidas que permitan emprender la desmilitarización nos muestra que la estrategia militar sigue estando por encima de la estrategia política, aun a costa del dolor y la sangre de muchos mexicanos. Esto es lo que observamos y percibimos en la compleja y dolorosa realidad del conflicto en Chiapas. Para evitar mayor confrontación y violencia, necesitamos reconstruir la confianza, y ésta sólo vendrá si hay congruencia entre las palabras y los hechos. En la propuesta gubernamental no la hay.