n "Va a ser el infierno" para el procurador, declaró sobre el caso Stanley
Interpondrá Del Villar querella contra abogado que lo amenazó
n Lo dicho por el defensor de los reyes de las metanfetaminas, suficiente para iniciar la acción: Vera
Elia Baltazar n El procurador capitalino Samuel del Villar presentará una querella contra el abogado de los hermanos Amezcua, Everardo Rojas, por el delito de amenazas en su contra, como ya lo hizo el subprocurador C de Procedimientos Penales, Víctor Carrancá Bourguet.
Así lo informó ayer el subprocurador B de Procedimientos Penales, Hugo Vera, quien informó que el documento que presentará Samuel del Villar ya está listo, por lo que será en las próximas horas cuando se levante la denuncia por las amenazas que lanzara Everardo Rojas durante las audiencias contra los seis presuntos implicados en el asesinato de Francisco Stanley.
En aquellos días, en el Reclusorio Preventivo Oriente, el abogado de los Amezcua afirmó ante los medios: "Se les cayó el asunto como lo plantaron, y esto va a ser la gloria o el infierno de Samuel del Villar. Y se los advierto: va a ser el infierno".
La declaración fue publicada el 31 de agosto, apenas dos días antes de que el juez 55 penal, Rafael Guerra, dictara el auto de formal prisión contra Luis Ignacio Amezcua, Mario Rodríguez Bezares, Paola Durante Ochoa, José Luis Martínez, Jorge García Escandón y Erasmo Pérez Garnica, El Cholo.
La presentación de la querella se originó luego del atentado que sufriera el hermano del procurador capitalino, Eduardo del Villar, cuyo domicilio fue atacado por un grupo de sujetos, hasta ahora desconocidos, que dispararon contra la fachada de su rancho, en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo.
Aunque el subprocurador B de Procedimientos Penales, Hugo Vera, rechazó establecer a priori un nexo entre el ataque contra el hermano del procurador capitalino y las amenazas proferidas por el abogado de los Amezcua, advirtió que tales declaraciones son motivo suficiente para entablar querella.
Vera informó también que ya se solicitó a la Procuraduría de Justicia de Hidalgo una copia de la indagatoria que se integrará a la averiguación previa B/HPSP/106/99-09, que se inició en la Dirección General de Investigación de Delitos contra el Honor, Responsabilidad y Relacionados con Servidores Públicos, a partir de la denuncia presentada por el subprocurador C de Procedimientos Penales, Víctor Carrancá Bourguet, también por el delito de amenazas.
Sólo a partir de las investigaciones del caso se determinará si existe algún vínculo entre los hechos ocurridos al hermano del procurador capitalino y las amenazas que constan en la averiguación antes referida, dijo Vera.
La acción emprendida por Carrancá Bourguet responde a los mismos motivos que originaron la querella de Samuel del Villar, pues el subprocurador C de Procedimientos Penales estuvo presente durante las audiencias que se realizaron en torno al caso Stanley, y él mismo fue objeto de amenazas por parte de Everardo Rojas, quien en un intercambio de palabras refirió en su contra un posible fusilamiento.
De lo anterior, Carrancá solicitó un certificado al juzgado correspondiente para remitirlo a la Dirección General de Investigación de Delitos contra el Honor, Responsabilidad y Relacionados con Servidores Públicos, como lo hizo el 8 de agosto, día en que presentó la querella.
Acerca del contexto en que se dieron estas amenazas, Vera aseguró que éste se tendrá que determinar durante la averiguación previa, por lo que rechazó calificarlas o descalificarlas antes de que se tengan todos los elementos al respecto, incluso la declaración de los involucrados.
Vera aclaró que las amenazas son un delito que se persigue por querella y está sancionado en el artículo 282 del Código Penal vigente, en el cual se apunta que se aplicará sanción de tres días a un año de prisión, o de 180 a 300 días de multa a quien de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo y al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho de hacer.
Además, por tratarse en este caso de servidores públicos que, como marca el artículo 189 penal, están en el acto de ejercer lícitamente sus funciones, la sanción que se establece es de uno a seis años de prisión.