n Presentan diputados controversia constitucional


Zedillo y 2 de sus secretarios, demandados ante la Corte

n La negativa a presentar la documentación de Banco Unión viola la Carta Magna y atenta contra el Congreso, afirman

Ciro Pérez y María Esther Ibarra n El presidente en turno de la Cámara de Diputados, Carlos Medina Plascencia, presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia la controversia constitucional en contra del Presidente de la República, del secretario de Gobernación, del titular de la Secretaría de Hacienda y del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por negarse a proporcionar información sobre el financiamiento a la campaña presidencial de 1994 a través de Banco Unión.

Medina Plascencia aseguró, luego de hacer entrega del texto de 52 cuartillas, que es una oportunidad para que esa instancia refleje la división de poderes que existe en el país y reiteró que el Congreso acatará la resolución emitida.

Con la demanda que promueve la Cámara de Diputados, se pretende que la Suprema Corte obligue a las dependencias responsables a entregar la documentación solicitada al interventor general de Banco Unión, con el fin de concluir la auditoría ordenada a esa institución crediticia y permitir que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) pueda calificar las operaciones financieras de este banco y se finquen las responsabilidades a que hubiera lugar.

En el texto elaborado por la Cámara de Diputados se afirma que la negativa de las autoridades para proporcionar la documentación de Banco Unión sobre los recursos destinados a la campaña de Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo, viola la Constitución e invade la esfera de competencia del Poder Legislativo, al impedirle el adecuado ejercicio de sus facultades.

 

La importancia y repercusión

del Fobaproa en la sociedad

 

En el texto se advierte "la enorme trascendencia que tienen para el país" las operaciones llevadas a cabo por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y su repercusión en la sociedad mexicana, en virtud de que a través de dicho fondo el gobierno asumió la obligación solidaria de miles de millones de pesos transformándolos en deuda pública, que en estricto sentido, debió contar con la aprobación de la Cámara de Diputados para asumir dicha responsabilidad.

Menciona también la insistente negativa de las autoridades a proporcionar la documentación mencionada argumentando estar impedidas por el secreto bancario y fiduciario. Sin embargo, para la Cámara de Diputados, las instituciones de crédito están obligadas a remitir la información solicitada a los auditores, ya sea de la manera genérica o específica en que se les solicite, respecto de aquellas instituciones de banca múltiple que se encuentran intervenidas por la CNBV o que hubiesen participado de los programas de saneamiento financiero mediante la compra de cartera vencida.

Precisan que el único requisito de procedibilidad para que se entregue la información y documentación requeridas para la elaboración de las auditorías es que se encuentren dentro de los supuestos citados, por lo que el argumento de las autoridades no es aplicable.

Medina Plascencia manifestó su confianza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregue en un plazo breve una resolución favorable a la Cámara de Diputados a efecto de poder dar por concluidas las auditorías que iniciaron este año bajo la supervisión del canadiense Michael Mackey.