En la solución pacífica del conflicto de Chiapas, el Gobierno federal anunció que ha dado un paso más.
Desde hace varias semanas, se había adelantado la noticia de que preparaba una nueva estrategia para el conflicto en Chiapas. Dado el desgaste mediático y político que ha sufrido el tema y la variada serie de ``estrategias'' que se han intentado, el anuncio fue visto con displicencia. La omisión durante el informe presidencial fue muy reveladora de la importancia real que se le asigna.
Finalmente, la estrategia llegó en la forma de una carta abierta del secretario de Gobernación al EZLN. Dicha carta, titulada ``Un paso más'', contiene seis puntos que probablemente representan el último esfuerzo de la presente administración federal por reiniciar el diálogo suspendido desde septiembre de 1996. No perdamos de vista esta última idea.
En este contexto, es pertinente destacar la trayectoria política del propio secretario de Gobernación. Fue gobernador de Oaxaca, un estado con fuerte presencia indígena, y promotor de una ley en esta materia que ha sido ejemplo, según varios especialistas, muchos de ellos ligados a las posiciones zapatistas. El propio secretario sabe, por experiencia propia, que la aplicación de una ley así no socava la soberanía ni estorba el cumplimiento de las otras leyes. Mucho menos se traduce en impulsos separatistas por parte de las comunidades indígenas.
La propuesta gubernamental toca cuatro aspectos esenciales. En primer lugar, se remite a la Ley para el Diálogo como el marco en el que habrán de buscarse soluciones a las diferencias. Esta es una buena definición para un gobierno que en los hechos pareció ignorar durante meses dicha ley. En segundo término, propone la liberación de los miembros y simpatizantes del EZLN que no hayan participado en hechos de sangre. También se toca un punto que durante meses fue un reclamo zapatista y una necesidad de la negociación: la capacidad de decisión de la representación gubernamental. Por último, se deja abierta la puerta para enviar al Congreso de la Unión otros documentos e iniciativas que enriquezcan las propuestas que en su momento enviaron el Ejecutivo federal y el Partido Verde Ecologista Mexicano.
Antes de abordar la propuesta en sí misma, conviene preguntarse acerca del momento en que fue presentada. No se hizo en el Informe de Gobierno, con lo cual se le restó importancia. ¿Por qué no fue el Presidente quien anunciara que dada la situación que se vive en Chiapas era pertinente aplicar una nueva estrategia? ¿Fue casual que se diera a conocer un día antes del debate de los precandidatos priístas, cuando era previsible que los medios no le darían mayor cobertura?
La iniciativa política dada a conocer por el secretario de Gobernación representa un buen cambio en el tono que el Gobierno federal venía empleando para referirse al EZLN. Sin embargo, más allá de las ambigüedades en los términos utilizados en la propuesta, ésta se enfrenta a un lastre y un límite político. Es difícil pretender que con la política seguida por el Ejecutivo federal desde 1996 se pueda proceder a un borrón y cuenta nueva. En los hechos, el documento gubernamental pretende regresarnos a 1996, como si no hubiera pasado nada. Las acciones y omisiones en Chiapas son una pesada carga que dificulta que el documento resulte verosímil. Por otro lado, hay un límite político serio: el fin del sexenio. ¿Por qué negociar con una administración a la que le resta un año y tres meses, y que además nunca se ha caracterizado por su confiabilidad en el cumplimiento de los acuerdos?
Hay tres acciones que podrían crear las condiciones básicas para dar mayor peso a la carta abierta al EZLN: la decisión unilateral de reposicionar al Ejército, no como resultado de una negociación sino como un gesto indudable de buena fe; el retiro de la iniciativa gubernamental en materia de derechos y cultura indígenas; y el acotamiento del activismo de Roberto Albores. El gobernador chiapaneco no sólo ha acentuado la inestabilidad en el estado, sino que a futuro no asegura elecciones locales limpias.
La responsabilidad de la actual administración federal para garantizar que el conflicto no crezca está fuera de toda duda. Más allá de las intenciones del EZLN, el gobierno necesita dar pasos más tangibles que permitan realmente allanar el camino a una negociación que al menos desemboque en el compromiso de las partes de no empeorar más la situación.