Mucha razón asiste a Gonzalo Ituarte, ex secretario técnico de la hoy disuelta Conai, al considerar que la nueva iniciativa del gobierno era previsible, porque representa ``un pasito que se esperaba desde hace tiempo''. Es cierto, el secretario Diódoro Carrasco fue promotor de una avanzada legislación sobre indígenas oaxaqueños, en la época en que se desempeñó como gobernador de un estado habitado hasta el presente por etnias tan significativas como la zacapoaxtla y la mixteca, dueñas una y otra de culturas que enriquecen al país; imaginar Mitla o las tumbas que Alfonso Caso excavó y estudió en Monte Albán, es enorgullecerse del pasado prehispánico; y asistir hoy a las célebres enramadas de Tehuantepec y Juchitán significa gozar en las profundidades de nuestra conciencia mestiza valores que alimentan la dignidad del ser mexicano. Yo pienso que Diódoro Carrasco apercibiose de estas honduras y se echó a la tarea de encontrar armas legales para mejorar la existencia de olvidadas comunidades autóctonas que sobreviven en la cuna juarista. Recuerdo que la Nobel Roberta Menchú, quien no ha comprendido cabalmente el problema chiapaneco, expresó regocijo por los mandamientos indigenistas que promoviera el entonces gobernador. Válido es suponer por tanto que la sensibilidad de este personaje impulsara el replanteamiento de los delicados y graves problemas del EZLN y de las comunidades zapatistas que representa y lo animan, aunque no deja de ser curioso que apenas seis días después del informe presidencial, que ignoró el tema, el secretario de Gobernación hiciera pública la carta al EZLN y los seis puntos que contiene; también interesa precisar que en la reunión organizada para el efecto, por Diódoro Carrasco, estuvieran presentes con gesto de sorpresa Albores y otros miembros del aparato gubernamental chiapaneco.

A pesar de las no muchas propuestas animadoras de la Carta abierta, su connotación margina lo que ha ocurrido en los últimos años, desde la firma de los acuerdos de San Andrés (febrero de 1996) y el proyecto de ley elaborado por la Cocopa y aceptado por los rebeldes. ¿Cuáles son en verdad los grandes problemas que se han atizado en los últimos casi cuatro años, luego de que las autoridades desconocieron lo que originalmente habían consentido? No es audaz enumerarlos en esta forma. Ignorando la Ley de Concordia y Pacificación, los funcionarios federales y locales no sólo burlaron el solemne entendimiento de San Andrés, sino que declararon sin más una guerra de baja intensidad contra el EZLN y sus representados, marco militar en el que se han cometido imperdonables crímenes. La masacre de Acteal y las ominosas violencias de El Bosque y Nueva Esperanza, son puntos resaltantes en las hondas heridas, terribles sufrimientos y cotidianos atracos, estupros, abusos, acorralamientos y amenazas que practican soldados y no soldados contra los habitantes de las regiones invadidas. Además, al lado de estas reprobables acciones castrenses, fundadas en los fusiles y de ninguna manera en la ley, se acumulan muchas de las que ejecutan paramilitares y policías, que con frecuencia aterrorizan a las familias zapatistas; en estas acciones bandoleras operan priístas a cambio de las migajas que les ofrecen alcaldes y otros administradores. En los casi cuatro años transcurridos, el estado de derecho ha sido abiertamente aniquilado en Chiapas. La inmunidad e impunidad que protege a delincuentes de víctimas inocentes, subleva a la conciencia honesta de mexicanos y no mexicanos. En nuestros días Chiapas es asunto que se halla en el seno de los sentimientos de la justicia internacional. Así lo acreditan las abundantes comisiones que han venido de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos; sus declaraciones y testimonios están registrados en los archivos de la memoria internacional contemporánea. Y estos grandes problemas, repetimos, no están ni siquiera insinuados en la Carta de Gobernación. ¿Sería posible reanudar los diálogos sin reposicionar al ejército en sus cuarteles y sin suspender la paramilitarización y el aclientelamiento priísta, que oficialmente se fomenta para acosar a los zapatistas, purgarlos de sus hogares y reducirlos a condiciones semejantes a las que privan entre los animales de la selva?

En esa situación, ¿responderá el EZLN a la Carta abierta? Y en el supuesto de que lo haga, seguramente definirá los requisitos sustantivos que deben satisfacerse para hacer posible la reanudación del diálogo.