El silencio presidencial respecto al costo del rescate bancario resultó estruendoso, dadas las estimaciones que se dieron a conocer en los días previos al informe. Standard & Poor's, la calificadora internacional, estimó en 105 mil 138 millones de dólares el rescate; este monto supera el saldo de la deuda pública externa que asciende a 91 mil 55 millones de dólares. Dos días después del informe presidencial, el secretario ejecutivo del IPAB informó oficialmente que, al cierre del primer semestre de 1999, el costo para los contribuyentes alcanzaba los 873 mil 100 millones de pesos, lo que traducido a dólares significa 92 mil 883 millones.

Lo relevante de estas cifras es, por supuesto, su impresionante crecimiento: 48 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, en la cifra del IPAB. Esta información contrasta con lo que se festinó al momento de ``resolver'' el asunto del Fobaproa: el Ejecutivo, el PAN y el PRI señalaron que el monto total del pasivo se había reducido; Acción Nacional, en particular, realizó una campaña para convencer a la opinión pública de que gracias a su intervención el tamaño del Fobaproa se había reducido.

A ocho meses de distancia, con los resultados de la auditoría de Mackey de por medio, ha quedado absolutamente evidenciado que no solamente no se logró reducir el costo del rescate, sino que éste sigue creciendo, sin considerar los procesos pendientes de ``saneamiento'' de Promex, Atlántico, Bancrecer, y lo que falta de Serfin, que implican 156 mil 500 millones de pesos los tres primeros y cerca de 20 mil millones el cuarto banco. El supuesto logro del PAN se esfuma y permanecen los datos duros: el rescate sigue creciendo a tasas desmesuradas, faltan nuevas aportaciones; de modo que, de nueva cuenta, resulta fundamental establecer criterios que impidan seguir comprometiendo recursos fiscales, es decir, recursos de los mexicanos para continuar el ``saneamiento'' de las instituciones.

Se sabe que la situación de Bital implicará la intervención del IPAB y que el Nova Scotia demandará que el gobierno haga efectivas sus aportaciones de capital en Inverlat; esto será cargado a los hombros de los contribuyentes, si no se toman medidas inmediatas. Hasta ahora el funcionamiento del IPAB ha sido lento: su tarea central e inmediata, según sus propios creadores, la sustitución de los pagarés Fobaproa por otros instrumentos de deuda, reportables en el mercado secundario de dinero, no se ha llevado a cabo; tampoco se ha avanzado en la venta de los activos del IPAB que eran propiedad del Fobaproa, elemento fundamental para conocer el costo neto de todo este proceso.

El eventual acuerdo entre las fuerzas políticas opositoras no puede soslayar el tema ni desde el punto de vista de su costo económico ni tampoco desde el que considera la decisión de sancionar a los involucrados en el financiamiento de las campañas de Madrazo y Zedillo. Los partidos coaligados, como se preguntó el domingo pasado, ¿están dispuestos a revertir las decisiones que convirtieron en deuda pública un pasivo que era privado? La opinión de Acción Nacional a este respecto, luego del reclamo de Medina Plascencia, debe ser clara; no puede admitirse que ni Zedillo ni Medina mencionen el costo del Fobaproa, como si el asunto pudiera olvidarse.

Resulta normal que, en cambio, en el debate de los precandidatos priístas solamente Roque lo mencionara; ni a Labastida ni a Madrazo, el tema del Fobaproa les pareció lo suficientemente importante para abordarlo y, sobre todo, para pronunciarse sobre su impacto. Mucho menos se ocuparon de la crisis del sistema bancario ni de cómo resolverla.

La alianza opositora se encuentra en un momento crucial de definición: los temas que posiblemente impidan su concreción tienen que establecerse con absoluta precisión. La industria eléctrica, la educación pública gratuita en todos los niveles, los acuerdos de San Andrés, entre los más significativos, junto con Fobaproa, requieren pronunciamientos de acuerdos y mecanismos para resolver los desacuerdos.

Por lo pronto, los vocales del IPAB propuestos por Acción Nacional debieran detener la conversión de los pagarés en deuda pública para facilitar su reversión en el caso en que la coalición pudiera concretarse, ya que ello implicaría revisar cuidadosamente la cartera del Fobaproa. A ello debiera comprometerse el PAN, con miras a destrabar el proceso; tienen la palabra.