Dos temas han devenido este año símbolos de la identidad nacional puertorriqueña. Uno es la lucha por la salida de la Armada de Estados Unidos de la isla de Vieques. El otro, la solicitud al presidente Clinton para que deje en libertad a 16 presos políticos independentistas recluidos desde hace más de tres lustros en cárceles estadunidenses.
Es significativo que ambas demandas hayan pasado de ser sólo banderas del movimiento independentista para constituirse en sentidos y generalizados reclamos de amplios sectores nacionales, que involucran gradualmente a importantes franjas de las otras dos corrientes políticas de la isla: la autonomista y la anexionista. Igualmente, a las principales Iglesias, organizaciones cívicas e importantes sindicatos con apoyo de prestigiosas instancias internacionales: Amnesty International y los reverendos Jesse Jackson y Desmond Tutu, entre otras.
Situada al este de Puerto Rico, Vieques --23 kilómetros de largo y 6 de ancho, 9 mil 400 habitantes-- ha sido polígono de tiro de las fuerzas navales estadunidenses desde 1940, cuando Washington confiscó la tercera parte de la ínsula y fueron desplazados 3 mil de sus habitantes. Desde entonces ha habido numerosas protestas de los pobladores --en su mayoría pescadores y sus familias-- por el peligro a que los someten los juegos de guerra y el daño ecológico que originan. Las protestas se incrementaron en abril de este año, a raíz de la muerte de un civil y heridas a otros cuatro, ocasionada por la metralla que descargó un avión de la Armada, debido a un ``error'', según explicó ésta.
El hecho dio lugar a una airada reacción de los viequenses y sus hermanos de la isla grande que se agruparon en la variopinta coalición Todo Puerto Rico por Vieques. El 4 de julio, una manifestación de unas 50 mil personas exigió frente a las puertas del Comando Atlántico de la Armada, en San Juan, la salida de ese cuerpo armado de la pequeña isla. El gobernador anexionista Pedro Roselló se sumó a la petición.
Aunque el derecho internacional consagra la prerrogativa de rebelarse contra una potencia colonial por ``todos'' los medios --parte de la lista de conceptos que el llamado pensamiento único quisiera sepultar-- y el Comité de Descolonización de la ONU ha venido exigiendo su libertad, la cuestión de los independentistas presos tiene lados políticamente muy espinosos en Estados Unidos y en Puerto Rico.
Si bien la Casa Blanca ha reconocido que no están vinculados a hechos de sangre, se trata de integrantes de organizaciones clandestinas que en las décadas de los setenta y ochenta atacaron instalaciones estadunidenses con bombas.
Los líderes anexionistas isleños los han considerado hasta ahora ``terroristas'' que no merecen una amnistía, por no hablar de los legisladores conservadores a orillas del Potomac. Sin embargo, en la prensa boricua no independentista se ha venido alegando que, en todo caso, el castigo impuesto no guarda proporción con los hechos que se les imputaron. Algunos permanecerían en cárceles federales hasta entrado el siglo próximo. Además, está el antecedente de la amnistía otorgada por James Carter a los independentistas que dispararon en 1954 contra la Cámara de Representantes, en Washington.
Por lo pronto, la decisión del presidente Clinton de indultar condicionalmente a once de los presos ha sido recibida con grandes reservas, cuando no con indignación, por los puertoriqueños; en la isla y en Estados Unidos. Entre las condiciones, pedir la clemencia ejecutiva, reconocerse como criminales y comprometerse a no hablar entre ellos una vez libres. La multitudinaria manifestación llevada a cabo en San Juan el 29 de agosto --18 días después que se anunciara el perdón presidencial-- no deja lugar a dudas. Más de 10 mil personas marcharon desde el Barrio Obrero hasta el edificio del gobierno federal con la consigna: ``Los queremos de regreso a todos''.
Es a Clinton en persona a quien corresponde adoptar una determinación en cuanto a estos sensibles problemas. Si las recomendaciones en cuanto a Vieques, que debe dar a conocer en estos días un panel designado por aquél, son desfavorables a la pronta salida de la Armada del lugar, seguramente las protestas escalarán en Puerto Rico y se agudizará la tensión con Washington.
Y no es fortuito. Un siglo de estatuto colonial no ha podido borrar la identidad y el sentimiento nacional en la patria de Hostos y Albizu Campos.
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