DESARROLLO VS DEPENDENCIA FINANCIERA

En la Reunión Regional de Alto Nivel sobre el sistema financiero internacional y el desarrollo social, inaugurada ayer en la Secretaría de Relaciones Exteriores, los representantes de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad) y de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) señalaron la necesidad de que los países en desarrollo -como el nuestro- preserven su autonomía financiera y tomen sus propias precauciones para ser menos vulnerables en futuras -e inevitables- crisis económicas mundiales.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Antonio Ocampo, advirtió que las naciones en desarrollo deben mantener su autonomía en el manejo de las regulaciones de flujo de capitales y el régimen cambiario, así como pugnar porque los organismos financieros internacionales -especialmente el Fondo Monetario Internacional- reduzcan o suspendan la condicionalidad con la que otorgan, actualmente, créditos para el desarrollo: las llamadas "recetas" recesivas que acompañan la ayuda del FMI a cualquier país en crisis.

Las recomendaciones referidas contrastan con la política económica de los recientes gobiernos mexicanos, los cuales han apostado la viabilidad del desarrollo nacional a la captación desregulada de recursos financieros externos, han acatado al pie de la letra las "recomendaciones" del FMI -lo cual, a lo largo de los últimos tres lustros, ha significado una transformación radical, y socialmente devastadora, de las estructuras económicas- y han colocado al país en una situación de evidente dependencia de los flujos mundiales de la especulación monetaria y crediticia. En el ámbito interno, tal circunstancia se ha traducido en una precariedad de las actividades productivas, las cuales son, hoy, más vulnerables que nunca a las turbulencias bursátiles y cambiarias.

El blindaje financiero anunciado recientemente por las autoridades nacionales no apunta a romper esa estrecha dependencia; por el contrario, la fortalece, en la medida en que incrementa el monto de las obligaciones hacia el extranjero y amplía los márgenes para la emisión de "recomendaciones" de estrategia económica que son, por principio, incompatibles con la soberanía, generan mayor desigualdad y agravan los costos sociales de una recuperación siempre postergada.