Los legisladores en la definición de políticas
Alejandro Canales
A fines del mes pasado, el coordinador panista en la
Cámara de Diputados declaró que, junto con las
fracciones parlamentarias del PRD y el PT, trabajan en la
elaboración de una agenda común para el actual periodo
ordinario de sesiones. El hecho es relevante porque, aparte de los
variados asuntos que se pueden incluir en el trabajo legislativo,
está la posibilidad de un "entendimiento entre las oposiciones
para discutir el Presupuesto de Egresos del 2000" y, por lo tanto, de
los recursos que se podrían destinar el año
próximo a salud, educación, ciencia, etcétera. El
compromiso de incrementar los recursos para la UNAM, expresado por los
integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología a
investigadores universitarios, y formulado un día
después de las declaraciones del diputado panista, muestra que
tal vez los legisladores desempeñarán un activo papel en
la distribución del dinero para el año siguiente.
Es posible que la intencionalidad de los diputados, como
lo ilustra cierto estereotipo del líder político, sean
sólo declaraciones que se formulan en el libre juego de fuerzas
políticas pero que no se convierten en acciones o, en todo
caso, culminan más bien en sentido inverso a como se
enunciaron. Con independencia de la manera como se resuelva la
aprobación del presupuesto, cada vez es más notoria la
intervención de un mayor número de actores en la
definición de las políticas y una disminución de
la capacidad gubernamental para decidir sobre rubros tan importantes
como el gasto público.
Los diputados se han convertido en esta 57 Legislatura en
actores importantes para la vida pública del país. La
correlación de fuerzas de los diferentes partidos representados
en la Cámara, en cierta medida ha impedido las aprobaciones
automáticas y ha complejizado el proceso de
negociación. Anteriormente, la aprobación de las
iniciativas del gobierno federal ųcomo el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federaciónų, aunque fueran muy
polémicas, estaba más o menos garantizada por el
número de votos emitidos por los diputados del PRI. Ya no es
así, y no lo será al menos durante esta
Legislatura.
Un ejemplo de lo que podría ocurrir con los
recursos para el 2000 es la manera como se aprobó el
presupuesto del presente año. Las negociaciones fueron tensas y
se prolongaron hasta el último día de diciembre de 1998,
con cierta amenaza de crisis constitucional y la presión de los
partidos opositores al PRI. Finalmente fue aprobado con la
participación de las fracciones parlamentarias priísta y
panista.
Sin embargo, desde que se conoció el proyecto de
presupuesto enviado al Congreso, se suscitó un amplio rechazo
porque incluía una disminución en términos reales
en el rubro educativo, particularmente en el nivel superior. La
presión de diferentes actores (autoridades educativas,
organización de rectores, grupos de académicos,
legisladores) seguramente fue un factor que llevó al gobierno a
aumentar en 2 mil millones de pesos el presupuesto para
educación superior.
La versión estenográfica de la
sesión en la que se aprobó el proyecto muestra que la
capacidad de los legisladores para modificar iniciativas es
todavía incipiente y está sujeta a un proceso de
negociación más general. Por ejemplo, el diputado Miguel
Alonso Raya, en su argumentación en contra del dictamen,
destacó: "Ni siquiera toma en cuenta, ni por asomo, el trabajo
que se hizo en las comisiones, firmado por unanimidad en el caso de la
Comisión de Educación, en la que se proponía un
conjunto de modificaciones presupuestales que alcanzaban el monto de
10 mil millones". Un incremento que quintuplicaba lo que se
concedió.
Esa situación parece deberse a un doble movimiento
del proceso legislativo. Por un lado, la actividad y los acuerdos en
comisiones pueden seguir una dinámica muy distinta cuando pasan
al pleno; se revierten o alteran de manera significativa. Por otro, en
una negociación política lo frecuente es que se
dé un intercambio de posiciones buscando la máxima
rentabilidad para la agrupación que tiene la posibilidad de
frenar o impulsar una iniciativa; se cede en ciertos temas, pero se
aseguran otros. Los ejemplos al respecto abundan.
El hecho de que los integrantes de la Comisión de
Ciencia y Tecnología "se comprometieron a no recortar, sino a
incrementar el presupuesto federal a la máxima casa de estudios
para el ejercicio fiscal del 2000" (Boletín No. 1546), no
garantiza que efectivamente se lleve a cabo. Empero, es un signo
alentador que la definición de las políticas no sea
exclusiva del nivel gubernamental y que ya se prevea el asunto
presupuestal.
Las consecuencias de disminuir los recursos de manera
indiscriminada puede ocasionar mayores problemas al sistema educativo,
como lo mostró el prolongado conflicto en la UNAM. Por otra
parte, legislar con celeridad no ha sido precisamente lo que ha
distinguido a los diputados, según lo atestiguan diversas
iniciativas que permanecen archivadas. En ese sentido, los
legisladores, a la vez que adquieren mayor importancia en la
formulación de las políticas estatales, también
ingresarán en el esquema de rendición de cuentas a la
ciudadanía, y probablemente estemos en posibilidad de una
discusión más racional de dichas
políticas.
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