El debate del método
Propuestas rumbo al archivo muerto
Alberto Aguirre M.
El diferendo entre encuesta y elección primaria abierta que ha frenado la construcción de la Alianza por México arrojó una medida desesperada del PT para terminar con el empantamiento: una encuesta. La propuesta no prosperó. Sí -en cambio- se aceptó la mediación de un consejo de notables. Y se ganaron algunos días.
Un mecanismo transparente y legal "que evite prácticas desaseadas, la intromisión de intereses contrarios a la democratización del país y que -al mismo tiempo- resulte lo más representativo posible".
En la mesa de negociaciones, los representantes de PAN y PRD -a mediados de julio- caracterizaron así el método para seleccionar al candidato presidencial de la Alianza por México.
En un documento que circuló por estos días quedó constancia de que "las opciones más comunes" -la elección abierta a la ciudadanía o el método indirecto de las encuestas- implicaban "elementos extremos, encontrados".
Sin embargo, hubo coincidencia en la necesidad de establecer un mecanismo que asegure alta representatividad y una vigilancia libre de sospechas, que evite tanto ser desvirtuado como la injerencia de fuerzas ajenas, y con esas líneas se abrió el espacio para una "armonización" para superar las resistencias de ambas partes.
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Los primeros esbozos sobre el procedimiento los hizo Dante Delgado en marzo. Entonces, el dirigente de Convergencia por la Democracia imaginó la aplicación de un macrosondeo de opinión en todo el país, a cargo de tres empresas especializadas.
En el proyecto original se habló de la visita a 40 mil hogares del país, seleccionados de manera aleatoria entre los registros oficiales. De ese proyecto, el PAN se ciñó para plantear su propuesta de consulta nacional representativa, aunque originalmente estuvo de acuerdo en el último planteamiento del ex gobernador veracruzano: aplicar una encuesta que involucrara a 120 mil ciudadanos.
Las primarias: la primera
Según el grupo organizador, el esfuerzo de los partidos debía ser conjunto. Además, eso ayudaría a "reducir gastos y dar certeza" a la elección.
La clave para que esa propuesta fuera exitosa radicaba en la participación de ciudadanos sin partido como funcionarios de casilla.
La meta era lograr un mínimo de 5 millones de votos. Los electores podrían sufragar luego de presentar su credencial del IFE en las casillas que se instalaran en secciones electorales.
Una condición ineludible es que su celebración sea el 7 de noviembre... el mismo día de la interna del PRI.
Y otra deseable -luego se demostró que era prácticamente imposible- era que cada partido político sólo contendiera con un candidato.
Lo mejor -se estableció en documentos que circularon entre los negociadores- era "que sólo haya dos candidatos".
En ese modelo se previó la instalación de un consejo nacional de la alianza, que estaría integrado por los presidentes del CEN de cada partido y controlado por un secretario ejecutivo, y una red de 32 consejos estatales y casi 2000 consejos municipales.
Se instalarían 10 mil casillas que estarían concentradas en un número indeterminado de centros de votación (ubicados en plazas públicas, centros comerciales y mercados). No se utilizaría el padrón del IFE.
La segunda
Conforme avanzaron las negociaciones se depuró la propuesta original de elección primaria, hasta quedar así:
Seis mil centros de votación, con 30 mesas de recepción en cada uno, hasta completar 25 mil mesas, que podrían tener una afluencia de hasta 30 millones de personas.
Aunque se introdujo una variante: el control del proceso debía estar en una autoridad electoral de la sociedad civil, que expandiría una estructura territorial para estados y municipios.
Desde entonces, las dificultades de un modelo de estas características estaban a la vista. Las más significativas:
v La ubicación de los centros de votación podría llevar entre dos y tres meses.
v Se necesitaban más de 75 mil ciudadanos para instalar los centros de votación.
v Difundir la ubicación de los centros permitiría el desarrollo de todo tipo de operaciones para alterar el proceso de votación.
La cívica
Rogelio Gómez-Hermosillo, coordinador nacional de Alianza Cívica, entregó a los negociadores un "estudio técnico-organizativo de factibilidad" que demostraba la viabilidad de una primaria.
De acuerdo con sus cálculos, era posible habilitar 25 mil mesas de recepción en todo el país, que estarían concentradas en 6 mil centros de votación y se distribuirían hasta 20 millones de boletas, en la eventualidad de una participación masiva.
Para conducir el proceso se establecería una estructura organizativa que tendría un consejo directivo constituido por siete ciudadanos "de reconocida honorabilidad" y sin militancia partidista, y una estructura ejecutiva -directamente responsable de la realización del proceso- en la que estarían representantes de organizaciones civiles no partidistas.
Para organizar la elección, se habilitaría una estructura ejecutiva con seis directivos -un director general y otros cinco funcionarios, encargados de organización, capacitación, cómputo, difusión y administración- y una red de 36 coordinadores (uno por estado y tres para Veracruz y estado de México).
El día de la jornada electoral, por medio de un centro de cómputo y un sistema de resultados preliminares, habría información inmediata de las tendencias de la votación.
El regalo
El 8 de noviembre, en 270 mil hogares del país, muchos agraciados hubieran recibido un regalo de cumpleaños de los partidos de oposición.
A las puertas de esas casas habría llegado un encuestador y preguntado por la persona cuyo cumpleaños fuera más próximo. Así se hubieran escogido a los participantes de la consulta nacional representativa.
De acuerdo con el modelo diseñado por los panistas, ésta se habría aplicado durante dos días en 9 mil secciones electorales como puntos en muestra, en las que se entrevistaría a 30 ciudadanos en forma aleatoria.
Su ejecución habría recaído en 10 agencias encuestadoras (que aportarían 150 entrevistadores y 100 supervisores) y vigilada por lo que se denominó "Órgano Coordinador", de integración ciudadana.
Una encuesta disfrazada de elección. Porque a los "ciudadanos representantes" se les pediría que llenaran una boleta y la depositaran en una urna. (Después, las urnas serían recopiladas por supervisores en distintos periodos del día, trasladadas a 600 mesas receptoras y finalmente reportadas a un centro único de acopio de información).
Esta propuesta fue impugnada por que no tomaba en cuenta el elemento de "voluntad" y -en función de eso- no medía un "sentido" de la votación. Y rechazada porque al no ser una elección como tal no podían protestarse sus resultados.
El modelo de la consulta nacional representativa se aplicó con éxito en Coahuila, en mayo. Por eso podía funcionar en el ámbito nacional, según el PAN.
Allá se aplicaron mil 500 cuestionarios -diseñados por Gauss y la Fundación Rosenbleuth- en 20 municipios de la entidad que fueron recorridos por encuestadores que la hicieron también de urnas itinerantes.
La "tercera vía"
Como las cúpulas de PAN y PRD no cedían, los negociadores comenzaron a explorar nuevos mecanismos.
Una tercera vía que se alimentó principalmente de una propuesta de Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Rosenbleuth: la aplicación paralela de dos proyectos: el método de encuesta y una variable del método de consulta directa con un número más reducido de centros de votación.
En esta propuesta lo importante no eran los votantes potenciales, sino la ubicación geográfica de los centros de votación.
De las 70 mil secciones electorales en las que está dividido el país, se seleccionaba una muestra de 5 mil 100 en las que se habilitaban mesas de votación.
Como para animar a las partes, se habló de que los procedimientos de selección de muestra y procesamiento de los resultados son replicables y auditables.
Técnicamente, ese modelo era el más complicado. Entre otras cosas, porque implicaba una campaña de publicidad focalizada a las secciones electorales que salieran de la muestra que debía sumarse al costo de la publicidad masiva y requería de una reglamentación detallada para "calificar" los resultados de cada centro de votación.
-ƑCuántos votantes habría? -preguntaron los negociadores de PAN y PRD.
-Se imprimirían 3 millones 800 mil boletas -fue la respuesta de los técnicos.
Y se desechó la propuesta, pues con ese segmento de electores había una alta probabilidad de que la participación no superara al millón de electores.
El "híbrido"
A mediados de julio, cuando la discusión estaba entrampada, emergió una propuesta alternativa: que el candidato de la alianza saliera -al mismo tiempo- de la aplicación de una encuesta y de una consulta directa.
La encuesta se aplicaría en hogares de 9 mil secciones con 270 mil entrevistas y para la consulta se instalarían 2 mil centros de votación que se instalarían en los 300 distritos.
Ambos procesos se realizarían el mismo día y cada uno aportaría 50% del resultado total.
Para que ninguno de los dos métodos se privilegiara, se sugirió que en la consulta la anulación los resultados de todos aquellos distritos cuyas votaciones resultaran "atípicas", con objeto de inhibir operaciones que ensuciaran el proceso.
Nunca hubo un estudio que comprobara la viabilidad financiera de esta propuesta ni se explicó con suficiencia de la logística a emplear. Lo que sí se reconoció es que era altamente riesgosa.
ƑPor qué?
Porque era prácticamente un hecho que si los resultados porcentuales entre los métodos serían divergentes en la mayoría de los distritos.
"En el caso de que los resultados se contrapongan y la competencia resulte muy cerrada se podría llegar a una situación muy conflictiva", admitían los impulsores de esta propuesta. b
Distritos, votos y acuerdos camarales
ƑAlianza
con futuro?
La esperanza de una victoria de la alianza sobre el PRI se sustenta en la aritmética.
Y los resultados de las cuentas depende de lo que se cuente, distritos, votos o acuerdos camarales.
Si se cuentan distritos, el PRD estima que la alianza ganaría 224 de los 300 en disputa, frente a 76 que obtendría el PRI. En tanto, el PAN considera que obtendría 119 más 72 del PRD, para un total de 191, contra 40 del PRI y 68 distritos por definirse. Si el PRI llegara a ganarlos, sumaría 108.
En ambos casos el PRI pierde. En el primer caso 224 contra 76 y en el segundo 191 contra 108.
Mientras, si se cuentan votos, habría dos escenarios, según cifras del Instituto Federal Electoral.
El primero, a partir de los votos de las elecciones presidenciales de 1994.
En este caso, los votos del PRI alcanzaría el 48.77% contra el 48.36 de los opositores como si hubieran integrado una alianza y con base en los votos obtenidos por institutos políticos participantes entonces -PRI, PAN, FDN, PPS, PFCRN, PARM, PDM, PT y PVEM-.
En el segundo escenario resulta a partir de los votos de las elecciones federales de 1997.
En este caso, la alianza alcanzaría el 60.85% de los votos -cifra que resulta de la suma de los porcentajes obtenidos por el PAN, PRD, PFCRN, PT, PVEM, PPS y PDM, en las votaciones para diputados- contra el 39.11% del PRI.
La variación sería mínima de tomarse en cuenta los resultados de las votaciones para senadores: alianza 61.44 y PRI 38.50.
Es decir, el PRI sólo ganaría con base en los porcentajes de votación de 1994.
En los otros casos, ya sea a partir de las votaciones de 1997 y del reparto de distritos según las preferencias electorales, la alianza ganaría.
La alianza, en tanto, es mucho menos clara desde el punto de vista de los acuerdos camarales.
La LVII Legislatura es para ello un indicador elocuente.
Hasta finales de agosto de este año se habían aprobado 71 dictámenes de distinta índole, desde reformas constitucionales hasta permisos para el presidente lleve a cabo viajes al extranjero.
De ese total el PRI y el PAN han votado conjuntamente en 10 ocasiones, en agendas económicas y fiscal.
Mientras, el PAN y el PRD han votado juntos 6 veces, principalmente en el tema electoral.
De las 55 votaciones restantes, la mayoría de ellos poco importantes para argumentar simpatías, PRI, PAN, PRD, PT y PVEM han votado por lo mismo en 40 ocasiones.
Menos acuerdos importantes, más acuerdos irrelevantes, entre PAN y PRD.
Y más acuerdos en la política económica entre PAN y PRI y algunos en materia electoral entre PRD y PAN. (Gerardo Ochoa Sandy).
En pesos y centavos
De acuerdo con los estudios elaborados, los partidos de la alianza debían haber gastado así:
v Elección primaria
Según los partidos: $ 50 millones, de los cuales 80% se gastarían en propaganda.
Según Alianza Cívica: $ 67.5 millones
v Encuesta
Según los partidos: $ 12.5 millones
Según los encuestadores: $14.5 millones, de los cuales 75% se gastaría en el operativo de campo
v 5 mil 100 casillas: $67 millones
Participantes
según cada propuesta
Con la primaria: 4.2 millones de votantes (si se instalaban 6 mil centros de votación).
Con la encuesta: 270 mil encuestados.
Con 5 mil 100 casillas: 2.2 millones de votantes.
Con un proceso híbrido: 270 mil encuestados y un millón de votantes.
Desconfianza
y organizadores
Cuando se iniciaron los contactos formales apareció la desconfianza mutua. Y surgió el dilema sobre quién organizaría la elección.
Convergencia por la Democracia tenía una propuesta: la conformación de una comisión plural con cinco personalidades de la vida política del país para que éstas seleccionen entre cinco empresas de mercadotecnia (tres nacionales y dos extranjeras) a la que se encargaría de organizar la primaria.
Cuando a la discusión entró la propuesta de los 5 mil 100 centros de votación apareció la figura de un consejo ciudadano nacional electoral que sirviera para la organización del proceso.
Se trataba de un órgano integrado por nueve ciudadanos "de reconocido prestigio moral, profesional y social", a quienes -entre otras condiciones- se tendría que garantizarles un sueldo de 70 mil pesos a cada uno.
Aun antes de estos escenarios, la representación del PT había planteado que el IFE organizara el proceso de selección del candidato de la alianza
La intervención del IFE era aceptada por todos... pero el PRD la boicoteó.
A mediados de julio, Porfirio Muñoz Ledo envió a la mesa de negociaciones una propuesta de iniciativa legal para reformar al artículo 37 del Cofipe.
La modificación -apenas un renglón y medio- era para dar derecho a los partidos para solicitar al IFE que organizara sus procesos internos.
El PAN estuvo de acuerdo, los otros partidos de la alianza también. Los consejeros electorales no objetaron y hasta el PRI dio el sí.
ƑQuién se opuso?
Pablo Gómez. Según Muñoz Ledo, el entonces líder perredista adujo que era una reforma anticonstitucional.
Si el IFE le hubiera entrado -resumió- "nos hubiéramos ido por las 60 mil casillas sin ningún problema".
El juicio de los especialistas
En los primeros días de agosto, Enrique Calderón Alzati remitió a los negociadores un juicio sobre las propuestas en litigio.
De la encuesta que proponía el PAN opinó: "Es técnicamente viable y relativamente sencilla de instrumentar... Las diferencias o dificultades que pudiesen presentarse en los aspectos de coordinación entre el Consejo Ciudadano y las empresas encuestadoras podría solucionarse estableciendo reglas claras desde el principio...".
En lo político, apuntó una "desventaja importante" de ese modelo: "En la medida en que la población desee participar y no le toque en suerte dar su opinión, podría sentir que no se está respetando su derecho a expresar sus preferencias personales por algún precandidato. Ello podría reducir expectativas en la elección constitucional".
Sobre la consulta directa planteada por el PRD señaló:
"El método es totalmente realizable, aunque precisa la revisión de algunos procedimientos. El problema más serio es el correspondiente a la selección de puntos en donde habrán de establecerse las casillas, ya que ubicaciones distintas ofrecerían necesariamente resultados distintos. Para solucionarlo, se requiere encontrar la forma de contar con mecanismos muy genéricos cuya instrumentación no quede sujeta a forcejeos y que políticamente sean aceptables para los partidos".