El incidente de la apertura de sesiones del Congreso fue la respuesta a la transgresión de una ley no escrita en un código virtual, que consiste en que frente al Presidente de la República, en un acto oficial, no se le puede criticar ni con el pétalo de una rosa.

El presidente del Congreso, Carlos Medina Plascencia, no intervino en nombre de los legisladores, ya que ningún diputado o senador está autorizado para hablar por los demás. Cada miembro del Congreso expresa sus propias opiniones y emite su propio voto. Así que el argumento de que Medina estaba hablando en nombre de todos es absolutamente falso.

Además, los legisladores son inviolables por las opiniones que manifiesten y jamás podrán ser reconvenidos por ellas, según el artículo 61 de la Constitución.

La Ley Orgánica, por su parte, solamente señala que la respuesta al mensaje del Presidente de la República debe ser en términos concisos y generales, pero esta prescripción tiene que ser interpretada por el propio presidente del Congreso.

La bancada priísta no pudo contenerse. Tenía que defender un principio del viejo régimen: el carácter intocable del Presidente de la República en los actos del Estado que se celebran con su presencia.

Durante muchos años, el PRI se ha negado a que el titular del Ejecutivo esté presente cuando los legisladores hacen uso de la palabra en la instalación del Congreso. Por ello, la ley señala que los discursos de los portavoces parlamentarios se deben realizar antes del arribo del Presidente de la República: éste debe ser oído por los legisladores; éstos no pueden ser oídos por el titular del Ejecutivo.

La malsana relación entre poderes adopta en el protocolo una forma que atenta contra el carácter republicano del Estado. Pero, como la República fue fundada mucho antes que el PRI, la Constitución señala que el presidente del Congreso debe dar respuesta al informe que rinda el titular del Poder Ejecutivo cuando se inicien las sesiones ordinarias del mes de septiembre.

Esa respuesta --la del presidente del Congreso-- tiene que ser oída por el informante. El problema surge cuando el presidente del Poder Legislativo no es del partido oficial. Cuando Muñoz Ledo iba a responder el tercer Informe, el PRI hizo todo lo posible por evitarlo: el discurso no le gustó a la bancada oficialista pero ésta no quiso hacer ninguna manifestación fuerte, impactada probablemente por los acontecimientos previos que habían tornado la situación demasiado tirante.

Ahora, el PRI ha llegado a hablar de juicio político, sin importarle que éste no se puede realizar por la expresión de ideas, según indica claramente la Constitución.

Después de que el Presidente de la República había hablado durante varios minutos de la tolerancia como componente de la democracia, la bancada oficialista dio al país una muestra de intolerancia, al grado que se quería callar al diputado Medina.

El espectáculo político rebasó los viejos intentos de interpelación al Presidente de la República durante la lectura de su mensaje al Congreso, que se han hecho desde 1980. Aquellas tentativas buscaban provocar un diálogo, aunque éste nunca se produjo, pero sin duda nadie intentó impedir la lectura del informe presidencial.

El viejo presidencialismo todavía camina. Es mentira que la situación política haya cambiado por completo. La impronta del partido de Estado, con su jefe intocable, es todavía profunda en la vida política nacional.

El incidente de la apertura de sesiones del Congreso solamente refuerza la idea de una alianza de las oposiciones, por más que ellas son y seguirán siendo adversarias entre sí. El viejo régimen no ha muerto; nadie tiene todavía el derecho de gritar viva el nuevo.