LETRA S

Septiembre 2 de 1999

Por primera vez en México, discriminar a gays y lesbianas, mujeres embarazadas y discapacitados, entre otros grupos de la población vulnerable, en los centros laborales, en las diversas instituciones gubernamentales y privadas que prestan servicios, o promover el odio y la violencia en su contra será delito penalizado con años de cárcel y multas monetarias.

En el paquete de reformas al Código Penal del Distrito Federal, enviado por la fracción perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su discusión y aprobación en este periodo extraordinario de sesiones, se incluye, dentro de las cien modificaciones propuestas, la de castigar todo tipo de discriminación --por motivos de "edad, sexo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico o estado de salud"--, que "provoque o incite al odio o a la violencia"; que niegue servicios o prestaciones; que "denigre, denoste, ridiculice o veje a alguna persona o grupo de personas"; y que "niegue o restrinja derechos laborales" (artículo 281 bis). Este "delito contra la dignidad de las personas" alcanzará penas de uno a tres años de prisión, de cincuenta a doscientos días multa y de veinticinco a cien días de trabajo a favor de la comunidad.

Esta reforma se incluyó a la propuesta de las organizaciones civiles agrupadas en la Campaña "Acceso a la Justicia para las Mujeres" --integrada entre otras organizaciones por Salud Integral para la Mujer (SIPAM); diVERSA, agrupación política feminista; Grupo de Intervención en Reproducción Elegida (GIRE); Católicas por el Derecho a Deci-dir; Grupo de Educación Popular para Mujeres (GEM); Centro de Información para Mujeres, A.C. (CIMAC); y Letra S, salud, sexualidad, sida--, que han venido presionando y negociando con legisladores y legisladoras de todos los partidos, en especial con el partido del sol azteca, para introducir cambios a favor de la protección y la reparación del daño a las víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, y para ampliar las causales no punibles de aborto y reglamentar las existentes, entre otras propuestas.

En la exposición de motivos para introducir ese nuevo delito, la iniciativa perredista señala: "Se trata, con esta adición, de proteger los derechos humanos de quienes padecen discriminación, penalizando conductas como la incitación al odio racial o por motivo de la orientación sexual." Con el de la discriminación, suman seis los nuevos delitos propuestos por el PRD: conspiración, pornografía infantil, intimidación de las víctimas y testigos, tortura y simulación de secuestro, que hasta el cierre de esta edición, aún no se discutían.

De aprobarse el artículo 281 bis, la Ciudad de México sería la primera entidad del país en castigar este tipo de "delitos de odio", con lo que se sentaría un precedente importante en la protección de derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por otro lado, el artículo 201 sobre la "corrupción de menores" también sufrirá modificaciones para quitar la palabra 'homosexualismo' como agravante del delito. En la justificación de motivos, se dice que la intención es suprimir "el contenido discriminatorio y homofóbico del texto vigente". Además, sigue el texto, "se aclara de forma expresa que los programas educativos en materia sexual no constituyen corrupción de menores". Esto último ha sido motivo de polémica con las organizaciones dedicadas a la educación y la salud sexual, ya que manifiestan su temor a que la ambigüedad de la frase "siempre que estén aprobados por la autoridad competente" se convierta en censura y obstáculo a su labor. En reuniones con los diputados perredistas, han manifestado su extrañeza de que la labor educativa en materia de sexualidad tenga cabida en el Código Penal. (Lorenzo Zempoala)