En Chiapas, a pesar de la vigencia de la Ley de Concordia y Pacificación, y a pesar de la firma de los Acuerdos de San Andrés, el gobierno local, sin duda respondiendo a línea del gobierno central, lleva a cabo, reiteradamente, acciones cada vez más extremas, que no tienden a buscar el diálogo ni el acuerdo, sino a imponer a toda costa decisiones unilaterales, provocativas e impolíticas. Todo ello indica a los observadores que no se trata de acciones aisladas o caprichosas, de ocurrencias de un gobernador folclórico, sino de toda una estrategia que busca el exterminio de las organizaciones indígenas afiliadas o cercanas al EZLN.

El discurso que en San Quintín pronunció el gobernador estatal, no fue sino la manifestación pública, quizás provocada por una inconsciencia transitoria, de un programa de acción planeado y ejecutado minuciosamente, evidenciado en los hechos, pero que se encontraba velado por palabras ambiguas y declaraciones propositivamente confusas.

Los hechos anteriores a las palabras, sin embargo, no dejan duda. Se armó a los paramilitares afines al gobierno, se les toleró todo, incluidas acciones violentas, algunas tan graves como las de Acteal; y no sólo eso, sino que se les tuvo o se les tiene a sueldo.

Se simuló una entrega de armas de supuestos zapatistas que se rindieron al gobierno, y sin que el gobernador tenga facultades para ello, y pasando por encima de la ley, recibió personalmente ese armamento de figurados rendidos o amnistiados. La farsa fue claro indicio de que se gobierna y actúa en este asunto no con la verdad, sino por el contrario, con simulaciones y desplantes publicitarios.

De la invitación a la violencia en el discurso de San Quintín, se desprendió como un efecto primero, la intolerante actitud del presidente municipal de San Cristóbal que pretendió, como si viviéramos hace un siglo, expulsar a los que él considera extraños y ajenos a la comunidad, y que no son sino quienes se convencieron de la justicia de la causa zapatista y se atreven a dar testimonio directo y valiente de su convicción, acción con la cual han atemperado la violencia de la persecución.

Pero como al gobernador todos los actos de provocación y reto abierto a las comunidades indias, no le han dado los resultados esperados, se recurrió al empleo indebido del Ejército Mexicano, al que se ha obligado a penetrar en los territorios de zapatistas para buscar el enfrentamiento, rompiendo acuerdos y violando disposiciones legales.

Ya hubo uno; cada parte da su versión, pero ya corrió sangre de mexicanos. Ya se probó con un descenso en paracaídas en una zona muy cercana a los campamentos y pueblos del EZLN y se penetró con el ejército a la montaña y a la selva, so pretexto de construir una carretera. Los chiapanecos han contestado que sí quieren el camino, pero no a los soldados.

Cuando este artículo se publique, el Presidente de México estará listo para dar su Informe al Congreso y a la nación; no podrá eludir el problema más delicado y grave de nuestro tiempo: Chiapas, y a través de éste, el de la justicia y el trato igualitario a todos los mexicanos.