EN VISPERAS DEL INFORME

Mañana, miércoles primero de septiembre, el presidente Ernesto Zedillo presentará al Congreso de la Unión su quinto Informe de Gobierno. Desde 1997, cuando el partido gubernamental perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, los informes anuales del Ejecutivo federal han ganado en espíritu republicano y en sobriedad, y ha declinado su antiguo carácter de ritual por excelencia del presidencialismo. Sin embargo, la ocasión sigue siendo un momento fundamental para evaluar el desempeño gubernamental de los 12 meses anteriores.

El Informe de mañana será el penúltimo del gobierno zedillista, pero será el último en el cual la atención estará concentrada en los logros y los fracasos de la administración actual. Previsiblemente, la sexta comparecencia del mandatario estará opacada por los resultados de las elecciones presidenciales del 2000 -sean cuales sean- y por los temas de la sucesión.

En esta perspectiva, mucho de lo que diga este miércoles el Presidente tendrá el sentido de una evaluación no anual, sino sexenal. Al mismo tiempo, se abrirán oportunidades políticas finales para avanzar, en el último año de su mandato, en diversos asuntos que permanecen pendientes o irresueltos desde el primero de diciembre de 1994.

El primero de ellos es, sin duda, el estancamiento de la reforma política prometida por el propio Zedillo como candidato y como presidente electo. Siguen vigentes los principales términos legales bajo los que, hace cinco años, se desarrolló una elección "limpia, pero inequitativa", como calificó el mandatario la jornada del 21 de agosto de 1994 en la que resultó triunfador.

Los hechos recientes -el segundo y definitivo rechazo de la mayoría senatorial priísta a la iniciativa de modificaciones legales en materia electoral elaborada por las diputaciones opositoras- hacen temer que la "reforma electoral definitiva" (es decir, satisfactoria para todos los partidos registrados) sea una de las promesas incumplidas del sexenio y que la desigualdad a favor del partido oficial siga erosionando la credibilidad y la legitimidad de los procesos comiciales. Sería deseable, por ello, que el mandatario refrendara, en su quinto Informe, el propósito inicial de su gobierno en el sentido de avanzar hacia normas electorales realmente justas.

Otro de los conflictos irresueltos en el presente sexenio es el de Chiapas. Al Poder Ejecutivo corresponde una responsabilidad insoslayable en el empantanamiento del proceso pacificador en esa entidad y en el estancamiento del diálogo con los rebeldes zapatistas. Más aun, cabe imputar al gobierno federal el diseño de una estrategia orientada a eludir el cumplimiento de las justas demandas de los indígenas descontentos mediante el cerco y el hostigamiento militar permanentes contra sus comunidades y una campaña propagandística de descalificación y distorsión de su lucha.

Con estos antecedentes, sería por demás preocupante un silencio presidencial sobre Chiapas o una reiteración de las descalificaciones y tergiversaciones oficiales en el mensaje de mañana. Cualquiera de estas actitudes sería indicativa de una renuncia final a buscar la solución pacífica de la insurrección zapatista.

Finalmente, en el terreno económico, cabe esperar que el Presidente ofrezca -así sea en el tramo final de su gobierno- muestras de sensibilidad, reconozca en alguna medida el desastre social causado por el manejo económico oficial a lo largo de los últimos cinco años y proponga, si no medidas de redistribución de la riqueza, por lo menos algún mecanismo efectivo para aliviar en algo los saldos de miseria, marginación y desigualdad generados por una política económica que se estrenó con "el error de diciembre" y que, con el "blindaje financiero", ha endosado la crisis a la próxima generación de mexicanos.