Miguel Concha
Declaración sobre México

Como anuncié en mi colaboración del 21 de agosto, el pasado miércoles la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU expresó formalmente, a través de una Declaración, su preocupación por la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en México, e hizo particular énfasis en los de las comunidades y pueblos indios. He aquí el texto oficial, tomando en cuenta las informaciones directas de los organismos no gubernamentales mexicanos de derechos humanos presentes en Ginebra, y no tanto el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

``La Subcomisión desea sin embargo expresar su constante preocupación sobre la situación de los derechos humanos en México, y subraya las persistentes denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, así como las violaciones perpetradas contra las comunidades indígenas de ese país. La subcomisión toma nota igualmente de las observaciones conclusivas formuladas por el Comité de Derechos Humanos desde el 27 de julio de 1999, en las que expresa su preocupación acerca del incremento de actividades desarrolladas por las fuerzas armadas en la sociedad, particularmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.''

Como se ha informado, la subcomisión pide en consecuencia al Gobierno de México que ``tome urgentemente medidas adicionales para implementar el Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos, así como para investigar todas las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por las fuerzas regulares como irregulares del Estado, y dar pasos efectivos y concretos para someter a todos los violadores a la acción de la justicia, en conformidad con las reglas internacionales de derechos humanos''.

Durante la discusión sobre la adopción de esta Declaración, varios expertos expresaron su preocupación respecto a la situación mexicana. La señora Erica Irena Daes, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, recomendó, por ejemplo, que los conflictos entre el gobierno mexicano y los pueblos indios puedan resolverse mediante el diálogo, y encareció al primero su respeto por los acuerdos de San Andrés. El señor Joinet, experto francés, hizo énfasis en la impunidad que prevalece en México; y el señor Bengoa, experto de Chile, se manifestó por que la subcomisión dé cabal seguimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano con motivo de esta Declaración.

Si es verdad que, de acuerdo con las normas de la ONU, una Declaración del Presidente no tiene la misma fuerza que una resolución de la subcomisión, también es cierto que esta Declaración no deja sin valor, sino todo lo contrario, la resolución 1998/4 que adoptó hace un año la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías, en la que, entre otras cosas, pide a las autoridades de México que garanticen el pleno respeto de los instrumentos internacionales de los cuales el país es parte, y den, en consecuencia, alta prioridad a la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones graves a los derechos humanos, especialmente aquéllas que causan numerosas víctimas entre los miembros de las poblaciones indígenas, así como a la promoción de la acción de los defensores de derechos humanos y a las garantías de su seguridad. Es más, la Declaración significa igualmente que el caso de México sigue bajo la vigilancia de la subcomisión.

Durante la sesión, el gobierno de México anunció que Mary Robinson, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitará el país entre el 23 y el 27 de noviembre de este año, y expresó que en fechas próximas el gobierno mexicano invitará al relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, así como a la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer. Confiamos en que, a diferencia de lo sucedido en anteriores ocasiones, esta vez nuestro gobierno agilice las gestiones para la visita de estos dos últimos relatores.

Sobre todo confiamos en el cumplimiento pleno de sus resoluciones y recomendaciones, y en que no esté utilizando el expediente de firmar instrumentos internacionales y promover visitas de los encargados de observar su cumplimiento para eludir sus responsabilidades ante la comunidad nacional e internacional.