El miércoles, el presidente Zedillo rendirá su penúltiumo Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión. Como es costumbre, seguramente los temas relativos al ambiente ocuparán breve espacio en su mensaje oral. Y en el escrito, recalcará los logros alcanzados en la materia, mientras la realidad muestra que el actual modelo económico atenta contra el desarrollo sustentable prometido en los programas de gobierno.

Precisamente el día del Informe, varias organizaciones ciudadanas harán llegar a la maestra Julia Carabias una carta donde le señalan las consecuencias de aprobar un megaproyecto turístico en Puerto Morelos, tranquilo poblado de pescadores situado a 30 kilómetros de Cancún. El proyecto, conocido como El Cid, es impulsado por uno de los hombres más ricos e influyentes de Sinaloa, Julio Berdegué, y consta de cerca de 3 mil 500 cuartos de lujo, marina y demás servicios requeridos en estos casos.

No se necesita ser experto para adivinar los problemas que esas obras ocasionarán en la población local, por la falta de infraestructura básica para atender a los trabajadores eventuales y permanentes que llegarán una vez que el hotel y las demás actividades estén funcionando. Como ahora sucede lamentablemente en el llamado Corredor Cancún-Tulum por ausencia de mínima planeación: traerá mayor pobreza y marginación, desigualdad social y contaminación, violencia y drogadicción, etcétera; todo, menos la sustentabilidad que prometieron los funcionarios.

Desde que se planteó su construcción en 1997, El Cid tuvo el sello del anterior mandatario estatal, hoy prófugo de la justicia: inició obras sin contar con los permisos necesarios y destruyó manglares, ecosistema valioso protegido por la ley. Por su parte, el cabildo local, controlado por el exgobernador, ignoró las disposiciones federales sobre el Ordenamiento Ecológico de la zona, que data de 1994, modificando de diez cuartos a 50 por hectárea la densidad permitida. Y para disimular ese acto de magia y otras irregularidades, decidieron crear un ``parque ecológico municipal'' que, en realidad, estaría al servicio del megaproyecto.

Muchas voces han cuestionado esa obra que viola claras normas ambientales. Ha sido una batalla desigual contra caciques como Villanueva, gremios que gozaron de su apoyo (taxistas, por ejemplo), funcionarios corruptos, y el dinero e influencia de empresarios como Berdegué.

Los grupos ciudadanos de Puerto Morelos y otros lugares han sido tratados de alborotadores, de ``gente sin oficio que tiene la ecología como terapia ocupacional'', de extranjeros que no quieren el progreso. Cuando lo único que exigen es que el ordenamiento vigente para el Corredor Cancún-Tulum, no sea otra vez violado por intereses poderosos, ya que, como le dicen a la maestra Carabias, ``sólo la ley puede darnos certidumbre sobre el estado de derecho que se supone es fundamento de las interrelaciones de los mexicanos''. Pero además, porque el crecimiento hotelero de Cancún y Playa del Carmen, destacadamente ha traído marginación, daño a los recursos naturales y otros efectos indeseables.

Antes que el Instituto Nacional de Ecología (INE) autorice las obras de El Cid, sus impulsores -entre ellos, el ex subsecretario de Turismo, Paz Paredes, condenado por la justicia debido a irregularidades en el desempeño de sus funciones- divulgan que ya tienen el respaldo oficial. De ser cierto, el INE cometería un gravísimo error, uno más en la zona, pues sentaría un precedente legal. Eso es lo que esperan otros ``desarrolladores'', que se aprestan a pedir a autoridades complacientes y corruptas, cambiar las densidades en áreas críticas, burlando así una norma federal, como hizo el cabildo de Puerto Morelos para facilitar los negocios del exgobernador y del inversionista de El Cid.

Los grupos ciudadanos le dicen a la secretaria Carabias: ``una decisión así crea incertidumbre jurídica, promueve la corrupción y la especulación en la tenencia de la tierra, de por sí graves en Quintana Roo, una de las entidades donde mayores crímenes ambientales se cometen. Además, enterraría un Ordenamiento Territorial que fue ejemplar y ahora todo el mundo viola, como el grupo español Oasis, en Akumal (gracias al apoyo del actual gobernador); o el del Hotel Porto Real (mejor conocido como Narco real) y del que forman parte personas vinculadas al lavado de dinero. En fin, los grupos ciudadanos no se oponen per se a El Cid, sólo exigen que se ajuste a la normatividad ecológica federal. Porque, como señalan a la maestra Carabias: ``la ley se aplica, no se negocia''.