Durante un buen tiempo se anunció, presentándola como un blindaje contra el antes llamado síndrome de fin de sexenio, una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para proteger el panorama económico del año próximo.

Ese posible crédito, de aproximadamente 3 mil millones de dólares, no ayuda mucho en porcentaje a unas reservas internacionales muy superiores a ese monto. Y menos aún si consideramos los términos que se conceden al FMI a cambio. La famosa Carta de Intención con su Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, de fecha 15 de junio, es prueba de ello.

Se dice en el citado memorándum que ``cualquier ingreso que exceda el uno por ciento de la cifra considerada en la Ley de Ingresos, será utilizado para reducir la deuda pública''. Esto significa que el ingreso petrolero adicional, derivado de la pésima ``previsión'' oficial de precios plasmada en esa misma ley, se irá a pagar deuda. Primero se escala desproporcionadamente la deuda pública al asumir, vía Fobaproa e IPAB, el desfalco de bancos relativamente pequeños, varios de ellos propiedad de personas que tienen en su contra juicios penales pendientes, y ahora se quiere usar el dinero sustraído con el pretexto de un desplome del precio del petróleo, del presupuesto nacional, del gasto público social y productivo, e incluso de los ingresos de Pemex, para pagar deuda por adelantado. Endeudarse con el FMI para pagar deuda. El ingreso petrolero adicional ha sido estimado, sin contar lo que pueda subir el precio todavía, en mil 800 millones de dólares, más de la mitad de lo que prestaría el FMI.

Una posibilidad es que el posible crédito del FMI sea sólo una maniobra de imagen, para engañar, como en 1993 y 1994, a los inversionistas del exterior, y hacerles creer que en este país ya no habrá devaluaciones. No importa si luego, como en 1995, ya no les creen ni cuando dicen la verdad. Pero esta posible explicación proviene, en parte, del hecho de que el beneficio económico directo de la operación con el FMI es mínimo. Y, claro, como es usual ``durante el periodo de vigencia del Acuerdo, México consultará con ese organismo sobre posibles ajustes a la política económica que, en su momento, se consideren apropiados. En dicho periodo habrá revisiones del programa con el Fondo, las cuales se llevarán a cabo antes de finales de diciembre de 1999, de finales de marzo del 2000 y de finales de junio del 2000''.

El hecho es que los precios nacionales aumentan más despacio que antes, pero bastante más rápido que los de Estados Unidos. El hecho es que el dólar, que durante más de medio año, desde agosto de 1998, costó de diez pesos para arriba, ahora está un poco abajo de los 9.50 pesos por dólar. Sólo en comparación con ese periodo, el peso habría acumulado una sobrevaluación de alrededor del 13 por ciento. Estas condiciones se mantendrán casi un año, hasta las elecciones nacionales del 2000, y se acumulará una sobrevaluación adicional. Las presiones devaluatorias se harán cada vez mayores. Si se hace lo que se había hecho históricamente, se devaluará el peso, diciendo que no fueron ellos, sino el dios del mercado, después de la elección. Si se hace lo de 1994, se dejará la bomba de tiempo al siguiente gobierno.