FUERZAS ARMADAS Y COMBATE A LAS DROGAS
Según un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejército destinó en lo que va del año 25 por ciento de su presupuesto (alrededor de 4 mil 173 millones de pesos) a tareas de combate al narcotráfico, cifra que revela no sólo el elevado costo que representa para el erario público la colaboración de militares en esas actividades sino, también, la creciente participación de las fuerzas armadas en una labor de la que, oficialmente, son únicamente coadyuvantes.
Además de estas considerables cantidades ųequivalentes al presupuesto asignado en 1999 a los programas de desarrollo social y productivo en regiones de pobreza (ramo 26)ų, la Sedena dedica muchos otros recursos en las operaciones de lucha contra las drogas. Tan sólo en lo relativo a su personal, esa dependencia moviliza diariamente a 26 mil efectivos en misiones de combate al narcotráfico, además de brindar apoyo a diversas instituciones, como la Procuraduría General de la República, y la recientemente creada Policía Federal Preventiva, en la cual prestan sus servicios 4 mil 899 elementos de la Policía Militar.
Ciertamente, el control del tráfico de enervantes, el desmantelamiento de las organizaciones delictivas que lo practican y el castigo conforme a la ley a los narcotraficantes son acciones cruciales para la salud de la nación y la vigencia del estado de derecho, y en ellas no deben escatimarse esfuerzos ni recursos, siempre que éstos sean ejercidos de manera transparente y cuidadosa. En este sentido, es indudable que las fuerzas armadas ųpese a los casos de colusión de militares con los cárteles de las drogas que se han presentadoų han participado en la lucha contra el narcotráfico de manera honrosa y comprometida y, con ello, han realizado invaluables servicios al país.
Sin embargo, la creciente intervención de militares en estos asuntos suscita varias preguntas que convendría analizar. ƑPor qué no se canalizan las considerables sumas dedicadas por la Sedena a esta importante labor a las instituciones judiciales que, por mandato legal, tienen a su cargo la persecución de los delitos contra la salud? ƑPor qué mantener un gasto en recursos humanos, materiales y económicos tan considerable para permitir que el Ejército realice una misión que, en términos jurídicos, es únicamente de coadyuvancia con el Ministerio Público Federal? ƑNo convendría ejercer parte de ese presupuesto en la profesionalización, la moralización y el equipamiento de corporaciones civiles?
A fin de cuentas, tanto para el país como para el Ejército mismo resultaría muy conveniente comenzar a transferir a las instituciones judiciales, la PGR en específico, las responsabilidades y funciones que las fuerzas armadas ejercen en el ámbito de la lucha contra las drogas. Si esto se realiza de manera progresiva, con una planeación adecuada y con todos los apoyos y procesos pertinentes para la conformación de corporaciones policiales honestas, eficaces y provistas de los recursos materiales y logísticos necesarios, el combate contra las drogas podría ser emprendido por instancias puramente civiles. La experiencia y el conocimiento acumulados por las fuerzas armadas resultarían, cabe señalar, sumamente valiosos en esta transformación.