eguridad en Santa Rita el Invernadero; por cuanto al trayecto Santa Martha-Ramón F. Balboa-Betania, de 27.7 kilómetros de longitud, y a cargo de Gecsa, se encuentra en la fase de estudios de geotecnia y de impacto ambiental.
n Tomó protesta a la nueva directiva chiapaneca
Vía militar, si no se cumplen los acuerdos de San Andrés: García
n Este primero de septiembre Zedillo "debe definir su política en torno al conflicto en Chiapas", afirma la dirigente perredista
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 29 de agosto n Ernesto Zedillo, comandante supremo de las fuerzas armadas, debe definir este primero de septiembre su política sobre el conflicto de Chiapas: el cumplimiento a los acuerdos de San Andrés o la vía militar, demandó la dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Amalia García.
Durante la toma de protesta a la nueva dirigencia estatal del PRD en esta entidad, la senadora emplazó al Ejecutivo federal a que, durante su quinto Informe de Gobierno, "si quiere que realmente haya paz, si quiere solucionar el conflicto en esta entidad, dé cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larráinzar".
Resaltó que la iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura Indígena elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), con base en los acuerdos de San Andrés, es la única en la que participaron representantes de cada fuerza política y el EZLN, y por tanto fue una primera demostración de la fuerza de las alianzas.
"Reclamamos hoy al Presidente que el día primero de septiembre declare que (el cumplimiento a los acuerdos) puede ser la base de la reconciliación, o que defina si existe en el gobierno un doble lenguaje o incapacidad para tomar decisiones", subrayó la dirigente. Lo contrario, añadió, es seguir con la política de militarización, "porque creemos que, por ejemplo, la construcción de la carretera en Amador Hernández no tiene fines de desarrollo económico, sino la presencia masiva de soldados e instalaciones militares".
A nombre del PRD exhortó al Ejército a tener relación y trato respetuosos con la sociedad y que regrese a sus cuarteles: "no basta con la suspensión de la carretera, sino con el retiro del Ejército. No queremos las medidas autoritarias, no queremos el uso de la fuerza y la violencia".
"Lo que hoy México reclama es la continuación del diálogo, la instauración de medidas políticas para solucionar el conflicto en Chiapas. Exigimos una definición por parte del Presidente en este sentido", dijo.
Impulsar la alianza
En otro orden y al hablar sobre la alianza de partidos de oposición para las elecciones del 2000, reiteró que la decisión de su partido es impulsarla independientemente del método que se elija para la elección del candidato a la Presidencia.
"Nosotros no hemos definido si es por elecciones primarias o por encuesta, eso es un punto mínimo, lo que ahora analizamos los partidos es más sobre la plataforma de gobierno", añadió la senadora.
Urgió a los demás órganos políticos a dirimir las diferencias antes del 10 de septiembre, porque de acuerdo con los estatutos perredistas, la aceptación de una alianza debe darse tres meses antes del registro de la misma ante el Instituto Federal Electoral y esta fecha se cumple el 10 de diciembre.
"Pero también quiero manifestar que lo que se determine a nivel nacional será independiente de los distintos acuerdos a que se llegue en cada una de las entidades y estos van avanzando positivamente", concluyó.
n Presentan documento en el cuartel general de la novena Zona Militar
Sacar al Ejército de Chiapas, piden comités del FZLN a Zedillo
Alfredo Valadez y Raúl López, corresponsales n El presidente Ernesto Zedillo, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, debe ordenar que el Ejército Mexicano se retire de Chiapas, indicó la Coordinadora Ciudadana de Comités Civiles por la Paz y Contra el Neoliberalismo, que aglutina a unos diez comités civiles del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN).
En el documento, que fue presentado ante el cuartel general de la novena Zona Militar, con sede en la capital de Zacatecas, se exigió además la destitución del gobernador internino chiapaneco, Roberto Albores Guillén.
Frente al acceso principal de las instalaciones militares, universitarios, trabajadores y amas de casa que estuvieron encabezados por Marco Flores, Enrique Vira- montes y Efraín Arteaga, se entrevistaron con el teniente Ernesto Roquel, quien recibió el escrito, en el que además se pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional que entregue al FZLN "una respuesta expedita y razonable".
Posteriormente, los miembros del FZLN se dirigieron al Congreso local, donde entregaron copia del mencionado documento a los legisladores de seis estados que se reunieron con motivo del Foro regional sobre temas legislativos. Recibió el escrito el diputado federal perredista Bernardo Bátiz, quien se comprometió a llevar la petición al Congreso de la Unión, así como a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Entretanto, el dirigente de Nación Indígena Zapatista y miembro del Congreso Nacional Indígena, Abelardo Torres, afirmó en Morelia, Michoacán, que las acciones del Ejército Mexicano en contra de comunidades y bases de apoyo zapatista en Chiapas "son una actitud más de hostigamiento y represión a los pueblos indígenas", y añadió que una muestra de buena voluntad sería la destitución de Albores Guillén.
Torres aseguró que el régimen se endurecerá contra las etnias de cara a los comicios federales del año 2 000, y afirmó que "el asunto de Chiapas se va a ver involucrado en el proceso electoral, por lo que debemos tener cuidado", pues las dificultades de los indígenas de aquella entidad "pueden extenderse a otros estados".
n "Beneficiaría" a 18 comunidades: Gobernación
La carretera en Ocosingo, "obra
de una dependencia municipal"
n No participan particulares, según texto entregado a la Cocopa
Triunfo Elizalde y Juan Antonio Zúñiga n La construcción del "camino" San Quintín-Amador Hernández-Las Tacitas, de 82 kilómetros, es obra que lleva a cabo la Dirección General de Obras del Municipio de Ocosingo por instrucciones del gobierno de Roberto Albores Guillén, y en la que no interviene empresa particular alguna, según el documento entregado por la Secretaría de Gobernación a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
El trayecto de esta carretera "beneficiaría" a 18 comunidades pobladas por 3 mil 628 personas, cifra que contrasta con los 16 mil 450 elementos del Ejército Mexicano destacados en el municipio de Ocosingo.
El documento oficial incluye un mapa del trayecto de la carretera y la ubicación de las comunidades indígenas en esta zona de la Selva, y muestra el carácter estratégico-militar del "camino", trazado entre las cañadas Patihuitz y Agua Azul, en la parte central de la de Avellanal, para facilitar el paso de vehículos, armamento pesado y tropas de infantería, de Ocosingo, por el extremo oriental, o de San Quintín, por el lado opuesto.
En ambos extremos del proyecto se encuentran las bases militares más numerosas y mejor pertrechadas de la Selva.
En Ocosingo hay más de tres mil militares, pista de aterrizaje y está el cuartel mejor edificado para facilitar la puesta en marcha de operaciones mixtas en la zona.
En San Quintín existe otro cuartel en el cual se desarrollan las actividades de dos mil elementos del Ejército, y el cual también cuenta con pista de aterrizaje, helipuertos, vehículos blindados y material pesado de artillería.
Entre las poblaciones consideradas como "beneficiarias" en el documento entregado por la Secretaría de Gobernación a la Cocopa figuran las comunidades indígenas tzeltales de Amador Hernández, con 650 habitantes; El Guanal, con 550; Pichucalco Nuevo, 120; Chapultepec, 235; Plan de Guadalupe, 300; Salvador Allende, 25; Candelaria, 250; San Gregorio, 150; Corozal, 75; Nueva Galilea, 160; San Pedro, 18; Nuevo Altamirano, 80; Pichucalco Viejo, 65; Ibarra, 250; Santa Lucía, 300; Nueva Tacitas, 140; Santa Elena, 180, y Nueva Ibarra, ésta última con 80 habitantes.
El 19 de agosto de este año, seis días después del desembarco de tropas aerotransportadas a la comunidad de Amador Hernández, se tenía prevista la realización de "una reunión interinstitucional con funcionarios de primer nivel" en el ejido de San Quintín, la cual se menciona en el documento aludido.
Las instituciones que tendrían que reunirse "con representantes de las comunidades que saldrán beneficiadas con la obra" eran: la Procuraduría de Justicia, Desarrollo Intergral para la Familia (DIF), las secretarías de Reforma Agraria, Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, todas ellas del gobierno estatal.
Por la parte federal participarían las secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Salud, Educación, Desarrollo Social y el Coplade.
El fin explícito de esa reunión fue claramente asentado: "se pretende que ese día (19 de agosto) se concentren los campesinos de la región para manifestarse a favor de la construcción del "camino" que les permitirá accesar (sic) a los servicios educativos, de salud, procuración de justicia y a la comercialización de sus productos".
Posteriormente, el documento presenta un cuadro sintético sobre los "caminos que presentan problemáticas relacionadas con el EZLN", y en el que se describe la longitud del trayecto, la constructora encargada de los trabajos y una cronología de los problemas que se han presentado, así como la presunta resistencia de los indígenas a que se efectúen.
En el camino Edén-Santa Ana Ojo de Agua-Francisco Villa, de 14 kilómetros de longitud, cuyos trabajos están suspendidos y "la maquinaria se encuentra fuera de servicio", la empresa contratada es Enduro; por otra parte, la construcción del camino entre Guadalupe Tepeyac --población que fue abandonada por sus habitantes originales debido a la incursión militar de febrero de 1995-- y La Esperanza-La Sombra, de 14 kilómetros de longitud, está a cargo de la Comisión Estatal de Caminos, y no se especifica si los trabajos continúan o se encuentran paralizados.
Igualmente, con respecto al camino Veracruz-Santo Tomás, de 19 kilómetros, y encomendado a la empresa Tzusna, las actividades están suspendidas "hasta que se establezca personal que les proporcione s
eguridad en Santa Rita el Invernadero; por cuanto al trayecto Santa Martha-Ramón F. Balboa-Betania, de 27.7 kilómetros de longitud, y a cargo de Gecsa, se encuentra en la fase de estudios de geotecnia y de impacto ambiental.
En el caso del camino San Quintín-Nuevo Chapultepec-Amador Hernández, de 19 kilómetros de longitud, el documento especifica que la constructora a cargo de los trabajos es la "Dirección General de Obras del Municipio de Ocosingo", y que los trabajos que se efectúan corresponden a levantamientos topográficos.
A continuación, el documento presenta una breve relación de los "problemas" presentados en este tramo "carretero".
El 11 de agosto, asienta, 60 personas --hombres, mujeres y niños-- se "establecieron frente al campamento del personal que proporciona seguridad, lanzando consignas contra las autoridades y exhortándolas a que se retiraran".
El día 12 del mismo mes, "frente al mismo campamento, se reunieron 200 personas con palos y piedras gritando las mismas consignas", y al día siguiente --agrega la relatoría de hechos del documento-- "se volvieron a reunir 200 personas con las mismas intenciones".
En su parte final, el documento asienta que "el 14 de agosto, aproximadamente 20 estudiantes salieron de La Realidad-Trinidad con destino a Amador Hernández", y el día 15, afirma, "se reunieron 250 personas incitadas por algunos estudiantes".