Este viernes se informó de la licitación de la central eléctrica Monterrey III, con una capacidad de 450 Megavatios (MW), adjudicada a un consorcio encabezado por la prestigiada compañía eléctrica española Ibedrola, segunda en importancia de las tres de ese país -después de Endesa-, segida de Unión Fenosa, esta última, triunfadora en la planta de Hermosillo de 225 MW, también adjudicada recientemente.
Se trata del séptimo proyecto de generación que, bajo la modalidad de Productor Independiente de Electricidad, se adjudica a compañías privadas; le precedieron la mencionada de Hermosillo y las de Mérida III (499 MW, con el consorcio estadunidense AES); Río Bravo II y Saltillo (450 y 225 MW con la también prestigiada compañía francesa EDF); El Sauz (450 MW, adjudicada a la estadunidense Intergen), y Tuxpan II (450 MW, con Mitsubishi).
Un técnico especialista en el análisis de los costos de inversión y combustibles formula una interesante observación, al señalar que poco hemos reflexionado en torno del éxito que ha tenido la CFE en lograr la atracción de nueva capacidad con este esquema; e insiste en afirmar que, contra lo que algunas versiones oficiales han difundido, los recursos privados -internos y externos- siguen fluyendo a esta robusta y, sin duda, prestigiada industria nacional, y que se han obtenido bajos precios en los contratos de largo plazo para el suministro de energía eléctrica, que, en su opinión, han resultado ser clave en este exitoso proceso.
Con esto, el comprador único autorizado en estos momentos, la CFE, robustece su capacidad para mantener un precio del fluido eléctrico muy competitivo respecto del de nuestros vecinos del norte -tanto Canadá como Estados Unidos-, como lo reconocen los mismos industriales mexicanos e, incluso, los funcionarios privatizadores, quienes en seis meses de discusión sobre la reforma eléctrica no se han atrevido a señalar -falsa e injustamente lo harían- la existencia de precios altos en México en las tarifas que operan en equilibrio; es decir, a su costo.
Así, con los precios obtenidos en esas licitaciones se fortalece esta situación y, sin duda, también se debilita el razonamiento que asegura que la privatización es el medio más eficaz de la reforma eléctrica en estos momentos en nuestro país. Hay que decir que, en el caso de este último concurso, el precio triunfador fue de sólo 2.38 centavos de dólares por kilovatio-hora, inferior al de otras cinco centrales adjudicadas antes, aunque ligeramente mayor al ofrecido por Mitsubishi en la central de Tuxpan II, bajo, entre otras razones, por las grandes ventajas que proporciona la cercanía al mar y al abasto del combustible, en éste y todos los casos, el gas natural que utilizan las plantas a Ciclo Combinado.
Para reconocimiento de CFE, también hay que decir que acumula ya 3 mil MW de productos independientes equivalentes a cerca de mil 500 millones de dólares de inversión, con un precio medio del kilovatio-hora cercano a 2.50 centavos de dólar; y que pronto se sumarán las centrales de Altamira, Campeche, Naco-Nogales y Rosarito, con otros mil 350 MW y, seguramente, con precios menores o similares al promedio en los casos de Altamira y Campeche, y un poco mayores en los otros dos, por sus condiciones respecto del combustible: importado.
¿Por qué no reflexionamos a fondo sobre esta exitosa experiencia; sus condiciones de continuidad y viabilidad futuras, y sobre la enorme capacidad y solvencia que muestra la CFE en ellos? Es muy importante hacerlo antes, mucho antes, de presentar una visión catastrofista y parcial sobre la disponibilidad tanto de recursos financieros como de capacidad de generación de energía en nuestro país. ¿No está actuando injustamente y con dolo el gobierno, al no ofrecer a la sociedad un amplio panorama de esta situación, y continuar con su misma tesis de ausencia de recursos? A propósito de esto, en México ya hay algo distinto en el sector eléctrico. Vale la pena reconocerlo y perfeccionarlo. ¿Por qué no?