Un memorioso aporta el dato: el maestro Jesús Silva-Herzog decía públicamente que Manuel Aguilera era mejor economista que su hijo Jesús, actual precandidato del PRI al gobierno del DF.
En ese dato está el origen de la mala relación entre el presidente del PRI capitalino y el Diamante negro Silva-Herzog. La paradoja es que Aguilera es uno de los convencidos de que sólo con el ex embajador de México en Estados Unidos su partido estaría en condiciones de disputar seriamente la capital del país.
Jesús tiene un valor extra para los dirigentes priístas capitalinos: al carecer de equipo, depende de los amarres que haga con ellos.
Por esa razón, antes de que se registraran las precandidaturas, Silva Herzog se reunió con Roberto Campa y le ofreció la mitad del DF, a cambio de que se sumara a su campaña. Campa no sólo rechazó el ofrecimiento, sino que hizo la misma oferta al mismísimo Manuel Aguilera.
Francisco Labastida cuenta con un coordinador y tres subcoordinadores por cada uno de los 300 distritos electorales. En algunos de éstos, el sinaloense cuenta hasta con 50 promotores del voto, con salarios de mil 500 pesos mensuales (durante tres meses). Saque el lector las cuentas con un dato adicional: algunos cuadros populares del priísmo capitalino se dieron el lujo de rechazar el ofrecimiento, porque -dijeron- el equipo de Roberto Madrazo les ofrecía 2 mil pesos mensuales.
En los últimos 18 meses han muerto 80 personas en el cruce fronterizo de Eagle Pass.
La estadística tiene alarmadas a las autoridades migratorias de México y Estados Unidos.
La relación que elaboró el Consulado en Eagle Pass se refiere a las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la franja limítrofe entre Coahuila y Texas. Del lado mexicano, la ciudad más importante es Piedras Negras. Del otro lado, están los accesos de Bracketville, Carrizo Spring, Eagle Pass y Uvalde.
Los datos son contundentes: en 1997 fueron detenidas 49 mil 222 personas que intentaron internarse ilegalmente al territorio estadunidense. Para el año siguiente, la cifra creció a 81 mil 58. Y en los primeros siete meses de este año los deportados ya eran 81 mil 624.
En los dos primeros años, las autoridades estadunidenses sólo habían consignado a personas por delitos migratorios o por tráfico ilegal. Pero en el último periodo ya se aprehendieron a narcotraficantes.
Otro dato: en 1998, los menores deportados fueron 7 mil 281. En el transcurso del año han sido 6 mil 522. Un matiz relevante: cuatro de cada diez no son mexicanos.
Acosados por sus críticos, los responsables del combate a la pobreza del presente y el anterior sexenios han dicho más de una vez que el número de pobres en extremo es un asunto secundario, pues lo importante son las políticas que se apliquen para -como se dice ahora- romper el círculo vicioso.
En los primeros años de este sexenio, los solidaritas del gobierno calculaban 28 millones de pobres en extremo, mientras las computadoras de los itamitas (funcionarios encabezados por Santiago Levy) dejaban la cifra sólo en 14 millones.
Como secretario de Desarrollo Social, Esteban Moctezuma dio un número: 26 millones de mexicanos.
Pero la cifra del ahora coordinador de la campaña de Francisco Labastida se ha topado con la técnica.
El nuevo titular de la Sedeso, Carlos Jarque (``no soy político, soy actuario''), considera -a partir de los datos del Inegi, que encabezaba hasta hace poco- que el cálculo de su antecesor estaba mal hecho: hay 10 millones menos de los que creía Moctezuma.
Aquí y allá, Carlos Jarque dice ignorar cómo se puede hacer la distinción entre un pobre a secas y un pobre en extremo, y plantea revisar los criterios de clasificación. De hacerlo, es muy posible que se tuvieran que modificar algunos de los programas de combate a la pobreza, que son el orgullo presidencial, y que fundan la clave de su éxito oficial precisamente en haber focalizado la atención los pobres, es decir, en dirigir los subsidios exactamente a las familias que más los requieren.
Jarque presume de haber recorrido cada entidad del país al menos quince veces, gracias a su trabajo en el INEGI, aunque no fue ese dato lo que permitió su incorporación al gabinete, sino su amistad ``muy estrecha'' con el presidente Ernesto Zedillo.
Por lo demás, hasta el momento el nuevo secretario no ha realizado en la Sedeso más que cambios menores, aunque es muy probable que se vea obligado a hacerlos, sobre todo porque algunos funcionarios -como el ex gobernador Manuel Cavazos Lerma- ni siquiera esperaron entregar sus despachos y se fueron a la campaña de Francisco Labastida.
Auge económico con más pobreza
La economía estadunidense está en auge, pero según la investigación de una asociación civil el ingreso de las familias más pobres se redujo entre 1995 y 1997. El informe del Centro sobre el Presupuesto y Prioridades Políticas investigó hogares encabezados por mujeres y encontró que 20% de los más pobre de ese sector sufrió una reducción de unos 580 dólares en sus ingresos. Los ingresos de 10% de los más pobre se desplomaron aún más. Esta caída en ingreso fue causada, según estos analistas, principalmente por recortes en los pagos de bienestar social por el gobierno federal instrumentados por el gobierno de Bill Clinton durante este periodo.
Diferencias salariales
Los salarios de los encargados de las principales empresas del país se incrementaron en 481% entre 1990 y 1998, mientras que los salarios para sus empleados sólo lo hicieron en 28%, según un informe de la organización United for a Fair Economy. El informe señala que algunos empresarios reciben paquetes de paga con un valor superior de los 40 millones de dólares en un solo año y que el salario promedio para los líderes empresariales es ahora de un millón de dólares. En México, según el mismo informe, el salario de un dirigente empresarial es, en promedio, de 456 mil 902 dólares.
Defensa de inmigrantes, ausente
El Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California, agencia estatal encargada de referir quejas sobre discriminación contra inmigrantes al Departamento de Justicia de Estados Unidos para su investigación, ha fracasado en realizar esa misión durante varios años, informó Los Angeles Times. Funcionarios del Departamento de Justicia se quejaron de que en el estado con el porcentaje más alto de inmigrantes en el país optó por no participar en un programa federal diseñado para proteger los derechos de los inmigrantes. Esta decisión estatal es el factor principal de la reducción en 50% de los casos de discriminación contra inmigrantes considerados por el gobierno federal durante los últimos seis años.