En 1990, el Congreso Universitario otorgó mandato al Consejo Universitario de la UNAM para que solicitara a la Cámara de Diputados la elaboración de un indicador económico para que el presupuesto de la institución no quedara supeditado a decisiones políticas. Las autoridades de la casa de estudios ignoraron la orden y nunca presentaron la solicitud.

Explica un ex líder estudiantil: ``Los alumnos tienen motivos para desconfiar. ¿Cómo van a creer en las autoridades si éstas rompieron todos los acuerdos del Congreso Universitario?''.

El 7 de febrero de 1987, cuando el Consejo Universitario decidió suspender y enviar al congreso para su discusión las reformas impulsadas por Jorge Carpizo, los consejeros se comprometieron a asumir todos los acuerdos que se tomaran en esta instancia, siempre y cuando lograran dos terceras partes de los votos a favor.

Pero no los cumplieron.

De los dos grandes triunfos de los estudiantes en el Congreso -la desaparición del Tribunal Universitario y la permanencia del pase reglamentado- no queda nada.

En el primer caso ni siquiera hubo el intento de disolver el tribunal, a pesar de que el punto logró más de 96% de votos a favor.

El pase reglamentado -que establecía como único requisito cubrir los créditos- sobrevivió hasta las reformas impulsadas por el rector Francisco Barnés en 1997.

Tampoco se integró el fondo para poner en marcha el canal universitario, otro de los acuerdos incumplidos.

Según las versiones de distintos actores involucrados, el único acuerdo sustancial que no fue ignorado -aunque se cumplió dos años después- fue la creación de consejos académicos de área, que buscarían ser un vínculo entre los consejos técnicos y el consejo universitario.

Sólo que no se respetó el espíritu original de la propuesta. ``Los consejos académicos de área se convirtieron en instancias burocráticas para bajar las decisiones del CU'', afirma el representante de la Facultad de Ingeniería, José Luis Cruz, quien presenció el congreso cuando era estudiante de bachillerato.

En el polémico asunto de las cuotas, ninguna propuesta logró obtener las dos terceras partes de los votos, por lo que se mantuvo la determinación de suspender el reglamento. Tampoco hubo acuerdos en relación con las instancias de gobierno de la universidad ni a las modificaciones en la legislación interna.

Las visiones

El congreso de 1990 ``no fue el contexto más sensato para ponerse a discutir en una universidad seria. Hubo propuestas muy importantes de cambios académicos, cuestiones ralativas a la evaluación y selección de los maestros, y con el ingreso y la estancia de los alumnos, que fueron bloqueadas por un extremo. El congreso comenzó y terminó polarizado'', dijo el ex rector José Sarukán la semana pasada a Proceso.

Carlos Imaz, uno de los principales líderes de ese movimiento, revira: ``Para las autoridades todo lo que no se ajustaba a sus propuestas estaba polarizado''.

En realidad, señala el actual presidente del PRD en el DF, la única mesa en la que no se avanzó fue la que se refería a las formas de gobierno.

``Desde entonces advertimos que se balcanizaría la universidad'', afirma. Suelta una pista: ``Las autoridades lo sabían. El propio Jorge Madrazo dijo que ni consejo cardenalicio ni asamblea popular, que teníamos que buscar los mecanismos para encontrar acuerdos. Pero luego se fue y finalmente las votaciones quedaron empatadas''.

En otras mesas hubo acuerdos. En la mayoría prevaleció el espíritu de gratuidad de la educación y de democracia universitaria, según se advierte en los registros del Diario del Congreso.

Por ejemplo, en la propuesta general aprobada con 40 votos a favor, uno en contra y 14 abstenciones -en la mesa Universidad y sociedad: la universidad del futuro- en la que se planteó el carácter integral de la educación que imparte la UNAM, lo que significa la no disociación de sus niveles (bachillerato, licenciatura, posgrado) y la interrelación entre los mismos, así como de las diferentes áreas.

O la ``propuesta declarativa'', que señala: ``Este congreso debe reconocer y proponer la necesidad de un proyecto alternativo de desarrollo nacionalÉ La marcha de la economía deberá estar determinada también por la formación y capacitación de la población nacional, no sólo para el incremento de la productividad del trabajo, sino también para la realización de su potencial creativo en la ciencia, la tecnología y la culturaÉ La educación debe ser considerada prioritaria y estratégica. El Estado debe dotarla con un presupuesto acorde con tal carácter... Debe incrementarse en consecuencia la matrícula en todo el sistema nacional y en particular en el sistema de educación superiorÉ Se debe garantizar la gratuidad de los trámites administrativos de toda índole, así como la inscripción de bachillerato, licenciatura, posgrado y los cursos impartidos en la UNAMÉ El Congreso Universitario se debe manifestar por la práctica de la democracia en el desarrollo de las tareas sustantivas de la universidad''.

La visión es muy distante de la expresada por el rector Francisco Barnés en su Plan de Desarrollo 1997-2000, que en el apartado Los principios que orientan el cambio señala:

``La UNAM, en tanto institución nacional y pública, debe tener conciencia de lo que puede y no puede hacer para contribuir a la resolución del aparente dilema entre la pobreza y la posibilidad de acceso al conocimiento, ya que no es privilegiando la desventaja socioeconómica como la institución puede colaborar. Poco es lo que la UNAM puede lograr con medidas como éstas, dado que el problema tiene hondas raíces y gran extensión, y si es mucho lo que puede perder en términos de calidad académica y de capacidad de competencia, lo cual afectaría a la institución sin hacer mayor mella en las condiciones de injusticia.

``Los alumnos, por su parte, deben cobrar conciencia de su condición privilegiada de universitarios: que conlleva el compromiso de aprovechar la oportunidad que les brinda la sociedad de prepararse mejor para la vida y no desperdiciarla de manera irresponsable''.

Promesas incumplidas

Según los paristas, los últimos 12 años en la UNAM han estado marcados por los acuerdos incumplidos.

En 1986, Carpizo promovió reformas a tres reglamentos: Reglamento General de Pagos, Reglamento de Inscripciones (para eliminar el pase reglamentado) y Reglamento de Exámenes Departamentales (que pretendía que los exámenes no fueran aplicados por los profesores de la materia, sino por unidades de área).

El resultado fue la huelga estudiantil de enero y febrero de 1987 y la consecuente rectificación del Consejo Universitario que suspendió las reformas y las envió al Congreso Universitario.

Pero tuvieron que pasar tres años para concretarlo.

``Carpizo hizo todo lo posible para alargarlo. No quería enfrentar al congreso'', evalúa un dirigente de entonces.

La elección de la Comisión Organizadora del Congreso Universitario (Cocu) se preparó un año. En esa elección, el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), que encabezaba el movimiento estudiantil, ganó casi 75% de las posiciones estudiantiles, mientras que los maestros identificados con el rector -encabezados por Máximo Carvajal- obtuvieron más de la mitad de las posiciones académicas. El representante de la rectoría en la Cocu era Jorge Madrazo Cuéllar, hoy procurador general de la República.

La crisis postelectoral de 1988, la huelga del Stunam y el proceso de sucesión de Carpizo pusieron piedras en el camino del congreso.

Al tomar posesión, José Sarukán se comprometió a realizar el congreso, que finalmente se programó para mayo de 1990. El acto se dividió en 10 mesas temáticas, entre ellas las referentes al futuro de la universidad, financiamiento, órganos de gobierno, estructura académica, investigación, docencia y difusión cultural.

Entre los delegados -registrados en la Gaceta UNAM del 24 de mayo de 1990- que representaban a las autoridades estaban: Francisco Barnés, José Yacamán, Juan Ramón de la Fuente, Jorge Madrazo, José Narro Robles.

Entre los académicos e investigadores participantes estuvieron Máximo Carvajal, Felipe Zermeño, Ignacio Burgoa Origuela, Luis Javier Garrido, Luis Alvarez Icaza, Rolando Cordera, Julia Carabias, Salvador Martínez della Rocca y José Woldenberg.

Los resultados serían asumidos por el Consejo Universitario, lo cual no ocurrió.

En cambio, en 1992 Sarukán impulsó el segundo intento de elevar las cuotas, que de nuevo fue rechazado por los estudiantes.

La historia no acabó ahí.

Las autoridades universitarias volvieron a la ofensiva en 1995, al reducir la matrícula de la UNAM, lo que derivó en ``el movimiento de rechazados'' y la toma de rectoría.

Para unos, este fue el último triunfo del movimiento estudiantil, que logró una rectificación de las autoridades sobre la matrícula; para otros, fue un empate, pues a cambio de la rectificación, muchos activistas fueron sancionados.

En 1996, el movimiento en contra de las reformas al CCH fracasó completamente y un año después Barnés se anotó sus primeros triunfos y logró la eliminación del pase automático.

Los acuerdos incumplidos son parte del debate de la UNAM, aunque ya casi nadie los traiga a la mesa del conflicto actual.

``Quizá los están utilizando (a los paristas), a lo mejor a nosostros también, ese puede ser un riesgo, pero cada quien ha corrido sus riesgos. Lo único que queremos es estudiar'', acepta Carlos Elizondo, estudiante de octavo semestre de derecho y vicepresidente de la Asociación de Alumnos Universitarios que dirige Luis Javier Guerrero, a quien los paristas señalan como cabeza de grupos porriles del PRI.

Es el inicio de una ``semana clave'' -según el profesor emérito Alejandro Rossi- para el movimiento estudiantil. Una semana de heridos por petardos en un zafarrancho entre paristas y no paristas -los testigos aseguran que la agresión fue provocada-; de declaraciones polémicas del presidente Ernesto Zedillo; de declaraciones de distinguidos académicos en torno al desconocimiento del Consejo General de Huelga y el ``amurallamiento'' de las instalaciones.

Elizondo asegura que lo único que pretenden con la convocatoria a las movilizaciones es recuperar las instalaciones. ``Queremos debate de palabras, que nos den la oportunidad de decirles lo que pensamos, porque tal pareciera que tienen el monopolio de la universidad. Después de cuatro meses nos dimos cuenta de que tal vez no les tuvimos suficiente atención a los que no querían las cuotas. Tal vez tienen algo de razón. Por eso les decimos: Vamos a dialogar, pero ellos no dan ninguna luz''.

Según Elizondo, quien no niega su simpatía por el PRI, aunque asegura que nunca ha militado políticamente, el origen del conflicto tiene siglas: PRD. ``Como organización política no te puedes meter al principio y salirte después, o eres muy ingenuo políticamente o tienes una enorme incapacidad''.

Sin embargo, reconoce otros culpables en la polarización del conflicto: el gobierno federal, ``por su infedinición'', y el rector Barnés y las autoridades universitarias, ``por su incapacidad''.

``Hoy todo mundo se ha lavado las manos. Estamos en una encrucijada. Envueltos en un conflicto que no tiene pies ni cabeza y que parece que a nadie le importa. También nosotros nos preguntamos ahora por qué en este momento se buscó elevar las cuotas. Desgraciadamente no nos llegan las respuestas. Lo único que hay son rumores, tantos, que uno como estudiante ya no sabe qué hacer. Cada vez es hay más gente que dice que se cierra la universidad, ¿y qué hacemos? Ni modo de sentarnos a llorar''.