¿Si recibiéramos la noticia de que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación fueron sancionados administrativamente por el modo como votaron algún asunto, habría un escándalo, pues en materia de interpretación constitucional ellos son la instancia máxima. Si nos dijeran que quien los reprendió fue el contralor interno de la Corte, eso sería completamente disparatado, pues significaría que el criterio de un solo subordinado es suficiente para superar e invalidar el razonamiento de sus superiores juntos. Pero que un ministro fuese destituido por ese funcionario de segundo nivel ya no sería un absurdo, sino la evidencia de un burdo complot.

En medio de tantos problemas nacionales, la ofensiva lanzada contra el Instituto Federal Electoral por conducto del oscuro burócrata priísta que amonestó a dos consejeros electorales y pretendió destituir a un tercero, no ha sido percibida con toda la gravedad que tiene. En realidad, es un signo de que el PRI no se hace a la idea de vivir en democracia y con condiciones de legalidad electoral, y que durante el 2000 intentará cualquier maniobra para impedir que aquéllas se consoliden.

¿Qué consecuencias jurídicas tiene la escenita montada por el ex contralor del IFE?

Sabemos que el IFE es un órgano constitucional autónomo y, precisamente por su autonomía, sus decisiones no son revisadas por instancias judiciales comunes, sino por un tribunal ad hoc, el Tribunal Electoral, adscrito al Poder Judicial Federal. Sin embargo, el representante del PRI ante el IFE, Enrique Ibarra, ha anunciado en Reforma la posibilidad de acudir ante el Tribunal Fiscal de la Federación (TFF) para defender la legalidad del golpe asestado por el ex contralor contra el consejero Jesús Cantú y atacar la destitución del primero. El TFF, dependiente del Ejecutivo Federal, podría, de facto, romper el esquema de autonomía del instituto.

Ahora bien, el kamikase priísta -como se le ha calificado- apercibió a los consejeros Emilio Zebadúa y Jaime Cárdenas por sus opiniones y votos emitidos. Ambos consejeros han sido críticos de las limitaciones del sistema electoral vigente (la imposibilidad de voto en el extranjero, los obstáculos a las coaliciones, la falta de equidad en los recursos y de imparcialidad en los medios, entre otros), han participado en la depuración de los miembros del servicio profesional electoral y no se han dejado intimidar por los desplantes y presiones de los priístas adscritos al IFE.

Pero, ¿por qué se quiso destituir al consejero electoral Jesús Cantú si, en todo caso, su lugar habría sido ocupado por un suplente igualmente bienintencionado y capaz, como todos los consejeros? ¿Qué gana el PRI con desplazar a Cantú? El perfil de Jesús Cantú es otro. Conoce profundamente, desde un ángulo operativo, la instrumentación de los procesos electorales. Como periodista, desde 1976 cubrió a detalle cada una de las elecciones importantes en el país. En noviembre de 1976, por primera ocasión en nuestro país, denunció con datos duros y tras una investigación minuciosa el fraude electoral cometido en las elecciones de la alcaldía de Monterrey. Jesús Cantú, por lo tanto, sabe que la transparencia electoral no depende sólo de la ampliación de libertades políticas en la ley, sino de vigilar las prácticas electorales reales, de desmantelar las redes de complicidad, de profesionalizar el trabajo de capacitación y organización electoral.

El consejero Cantú preside dos comisiones clave en el instituto: la de Organización Electoral y la de Informática. De este modo, tiene la responsabilidad de supervisar la preparación material del proceso electoral y su integración electrónica. El conocimiento acumulado por Cantú y su trabajo en ambas comisiones es sumamente peligroso para los intereses de quienes se suelen beneficiar de la extrema complejidad de instalar miles de urnas, de la lejanía de las casillas, de la accesibilidad al sistema informático. No es extraño que en la Cámara de Diputados, durante las recientes negociaciones hacia la reforma electoral, mientras el resto de los partidos pugnaba por transformaciones de fondo en la ley, el PRI se preocupara por proponer algo tan aparentemente simple como la rotación de las presidencias de las comisiones en el IFE.

El PRI no quiere a Jesús Cantú como presidente de dos comisiones tan importantes. La Comisión de Informática, además de tener a su cargo la supervisión del Prep (buscando que esta vez no falle), pretende, por medio de una red nacional, procesar y difundir la información que se genere en cada uno de los distritos electorales. Ello será así durante todas las etapas de preparación del proceso en las áreas de capacitación, organización y registro. Todos los partidos políticos tendrán acceso a la información, pero la red será estratégica para el trabajo que desarrollarán los consejeros locales y distritales (es decir, los ciudadanos que harán contrapeso a la burocracia electoral de carrera). Por medio de ella tendrán acceso a la información diaria, actualizada y generada por cada una de las áreas ejecutivas. De este modo, la participación ciudadana será algo más que retórica, pues podrá vigilarse enteramente el proceso y tomar decisiones con base en conocimiento efectivo.

La otra comisión presidida por Cantú, la de Organización, está nada menos que encargada del procedimiento para integrar las propuestas de ciudadanos para ocupar los cargos de consejeros locales, vigilar que se instrumenten los mecanismos para que los paquetes electorales lleguen a tiempo al cierre de la jornada a cada uno de los distritos y establecer los medios de comunicación para informar del desarrollo de la jornada electoral.

Cuando se ha logrado construir un edificio democrático con consejeros de ciudadanos en distintos niveles, con costosos sistemas informáticos y campañas de propaganda cívica, no necesariamente se ha conseguido garantizar elecciones limpias, éstas dependen también de aspectos prácticos como lo son el transporte matemático de las cifras. La clave de un proceso electoral está en los detalles y Cantú es el vigilante de éstos. Por eso, no es un exceso decir que el golpe contra el consejero Jesús Cantú es en realidad un ataque contra las elecciones del 2000.