En ocasión de su visita al nuevo campus de la Universidad Autónoma de Hidalgo, el Presidente de la República ha hecho uno de esos discursos que hay que analizar con lupa para tratar de descubrir, sobre lo que dijo, lo que quiso decir. Me temo que no es una tarea fácil porque a nuestros políticos les gusta hablar en clave. Y, lo siento mucho, pero no nací para desentrañar jeroglíficos.

Lo visible: una declaración que es casi un suspiro: ``Yo quisiera ser la persona que tuviera en sus manos, de manera exclusiva, la solución de este problema''. Y enseguida: ``Son los universitarios a quienes corresponde, antes que nadie, defender su casa de estudios y cuando hablo de defender no estoy sugiriendo una connotación de enfrentamiento''. Más adelante una referencia a que el gobierno de la República, que está al lado de la universidad, ha actuado llamando al diálogo, tratando de coadyuvar, de acercar a las partes. Y el gran remate: ``El gobierno de la República no es un gobierno represor (¡Ay Chiapas de mi alma!) porque el pueblo no quiere un gobierno represor y establece condiciones claras para poder intervenir de manera más directa en la solución del conflicto''.

Y al final, después de señalar que no han sido la mayoría de los estudiantes, de los maestros ni de los académicos (¿los maestros no son académicos?) ``los que han dado el paso adelante para defender a su institución con las armas de la inteligencia, con las armas de la racionalidad, con las armas de la democracia'' exige, para la intervención del gobierno de la República, ``que se manifieste la voluntad democrática de los universitarios para defender, para recuperar su universidad'' (La Jornada, nota de Roberto Garduño, 24 de agosto).

Excelente que el gobierno no sea represor. Ahora sólo falta que sea cierto. Pero sí es el responsable, al menos el principal responsable, de garantizar el estado de derecho. El cumplimiento de la Constitución es objeto de la primera protesta que hace el Presidente al tomar posesión: ``Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande'' exige el artículo 87. Pero, por lo visto, esa responsabilidad debe condicionarse, según las circunstancias. Y a esos efectos el señor Presidente exige que se pongan en marcha las armas de la democracia.

¿A qué se refiere el señor Presidente?

En una interpretación que anticipo puede considerarse atrevida, daría la impresión de que el gobierno condiciona su intervención a que se lleve a cabo un plebiscito en el que la mayoría de los universitarios decida el ejercicio de la fuerza pública para poner fin al conflicto. Y aquí surgen algunas interrogantes: ¿la representación del interés de la UNAM sólo descansa en la mayoría de sus integrantes (de los que olvidó, por cierto, a los señores trabajadores?) ¿No es la UNAM un organismo público descentralizado, con órganos de gobierno que la representan?

Ha habido un hecho notorio: la denuncia de los maestros Burgoa y Carrancá quedó sin trámite porque no representaban a la UNAM. La Procuraduría, con base en ese argumento, no inició la averiguación previa. Pero, por lo visto, tampoco habría sido suficiente que la UNAM, por conducto de apoderado, ratificara la misma denuncia o presentara la propia. Además tendría que haber hecho un recuento previo, como se estila ahora en los acuerdos de pleno de algunas juntas de Conciliación y Arbitraje, cuando se demanda la titularidad de un visto, hace ya, en los hechos, una nueva LFT para la felicidad de los sindicatos corporativos y sus contratos de protección.

Los expertos en derecho penal tendrán que encontrar un camino nuevo para presentar las denuncias que exijan querella de parte. Y me temo que las procuradurías, con estos criterios democráticos, habrán de exigir declaraciones de la mayoría de los habitantes del país para perseguir a los delincuentes que afecten, por ejemplo, a la seguridad de los sufridos mexicanos.

De nada valen, a la vista de la propuesta, el orden público y las buenas costumbres. Y se suprime la legítima defensa que por propia naturaleza no puede dejar de ser contundente, sin incurrir en excesos por supuesto.

No dudo entonces que la Secretaría de Gobernación tenga que abrir una subsecretaría o de perdida una dirección general de plebiscitos. No está mal.